El Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia ha acordado nuevas imputaciones y la práctica de diversas pruebas en relación con el vertido tóxico que tuvo lugar en la regata de Arkaitzerreka y que tuvo su origen en un derrame de amoniaco generado en la incineradora de Zubieta.

Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando una denuncia ciudadana alertó de la presencia de peces muertos en este riachuelo. Ertzaintza y Guardia Civil abrieron sendos expedientes y en julio de 2020 la Fiscalía decidió llevar el caso a los tribunales.

El informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), que consta de 2.410 folios, apuntaba que el vertido «consistió en un derrame de amoniaco en el cubeto de seguridad durante el proceso de carga del depósito de amonio de la incineradora». Además de «la desaparición de las cuatro especies» de peces presentes en Arkaitzerreka, el vertido afectó también «a animales de gran tamaño», puesto que al menos «quince ovejas murieron tras abrevar en la regata».

Con fecha del reciente 31 de mayo, la magistrada ha dictado un auto en el que acuerda nuevas diligencias. Concretamente ordena al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que «determine el origen o fuente de emisión del alto nivel de los cloroalcanos (0,885 mg/kg) y metales aparecidos en el tejido de una anguila muerta recogida en el lugar de los hechos y que fue objeto de necropsia».

En un informe interior ya se remarcaba que los cloroalcanos son «unos compuestos extremadamente tóxicos» que pueden «generar cáncer en el ser humano y otros graves daños en la salud y el medio ambiente», por lo que están prohibidos en la UE desde 2004.

Por ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia manda determinar «qué concretas obras, sistemas de seguridad, pruebas de funcionamiento y seguridad, instalaciones y demás medidas correctoras o de seguridad y control que garantizan la no dispersión de contaminantes por parte de la planta o la no producción de vertidos o la propia seguridad de los trabajadores y el medio ambiente se encontraban sin realizar, instalar o sin probar su correcto funcionamiento en el momento de los hechos y la fecha exacta en las que se han implementado finalmente».

La segunda de las investigaciones ordenadas, añade GuraSOS, trata de «aclarar el estado de seguridad en que operaba la planta en mayo de 2020, dado que la misma se hallaba funcionando desde febrero de ese año al 70-80% de su capacidad, sin haber terminado las obras, sin haber realizado las pruebas necesarias y sin contar con la autorización para su puesta en marcha efectiva».

César Gimeno, director de GHK

La ampliación de la investigación genera tres nuevas imputaciones individuales –ya suman catorce–, entre las cuales destaca la de César Gimeno, que ya compareció el pasado enero en representación del Consorcio de Residuos (GHK), del que es director y que está imputado como entidad jurídica.

Desde hace años Gimeno,  ingeniero de caminos, viene formando parte de los diferentes equipos de Iñaki Arriola, actual consejero de Vivienda y Transportes del Gobierno de Lakua, y José Ignacio Asensio, diputado foral de Medio Ambiente, presidente de GHK y del PSE de Gipuzkoa. Antes de ocupar diferentes cargos públicos, primero en Euskal Trenbide Sarea y luego en GHK, fue entre 1998 y 2007 director general del grupo constructor Campezo.

En cuanto a personas jurídicas, hay otras cuatro empresas investigadas. Una de ellas es la concesionaria de la incineradora, Ekondakin. De ella forman parte la inversora Meridiam, la multinacional de tratamiento de residuos Urbaser –de origen español pero actualmente de propiedad china–, y las constructoras vascas Altuna y Uría, Moyua y Murias, así como la consultora LKS. La jueza también imputa a Ekobal, la marca creada por Ekondakin para que opere la planta durante los próximos 30 años.

Se añaden a la lista la empresa alemana SBE (Steinmuller Bakoc Enrionment), que aportó al proyecto la tecnología de sus hornos, así como a la multinacional italiana Boldrochi, que participó en la instalación del cubeto objeto de investigación. Un responsable de SBE, que estaba citado para declarar el pasado enero, no se presentó ante el tribunal. Tampoco asistió la Fiscalía.

Declaraciones el 16 de setiembre

La magistrada ha señalado como día de audiencia para la toma de declaraciones de los nuevos investigados el día 16 de setiembre a partir de las 9.30. También ha acordado la declaración de cuatro nuevos testigos, entre los que se encuentra el inspector de URA y el guarda forestal que actuaron una vez efectuada la denuncia del vertido, así como la directora de proyectos de GHK. La fecha de declaración de los testigos no ha sido señalada aún.

En su nota, GuraSOS ha valorado «positivamente» las iniciativas adoptadas por la jueza, si bien ha anunciado que presentará un recurso para que se admitan algunas pruebas que había solicitado y que han sido rechazadas.

Ezker Anitza-IU exige la paralización de la actividad

Tras conocerse esta decisión judicial, la coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa, Arantza González, ha exigido la paralización de la actividad de la incineradora de Zubieta porque «supone un peligro para salud de las personas y del medioambiente».

En un comunicado, González ha responsabilizado de los hechos investigados tanto al director de GHK como al diputado foral de Medio Ambiente. De Asensio ha dicho que «en el momento del vertido trató de ocultar su origen, negando que su procedencia estuviera en las instalaciones de la propia incineradora», recordando que «sin embargo, días más tarde, reconoció que se había producido un derrame de amoniaco durante la descarga de una cisterna».