Tras conocerse el informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología para el Gobierno navarro y que desvela 1.068 casos de tortura en el herrialde entre 1960 y 2015, Sortu ha señalado que considera «imprescindible» el reconocimiento de esta lacra por parte de quienes han ejercido la tortura y de quienes «de una manera u otra» la han hecho posible.
Mediante un comunicado, el miembro del Consejo Nacional de Sortu Haimar Altuna ha señalado que «debemos recordar que la tortura ha sido una realidad y una práctica utilizada por el Estado español en su conflicto político con Euskal Herria con un objetivo claro: silenciar y reprimir la disidencia política vasca».
Ha añadido que es «necesario ofrecer una reparación y garantías de no repetición» y que «ya es hora» de dar una salida «justa, duradera y democrática» al conflicto político entre Euskal Herria y el Estado español.
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