Lo que cientos de personas torturadas en Nafarroa han reclamado durante décadas, o más bien solamente soñado, ha terminado haciéndose realidad este lunes. Un informe oficial reconoce su drama personal invisibilizado y con ello revela además la parte ocultada de la tragedia colectiva de dos siglos seguidos de violencia política.

Hasta aquí el hecho, objetivo e incontestable. Ahora reparemos por un momento en las reacciones.

¿Es un hecho político relevante? No, a tenor de su presentación ni de su impacto este lunes. El Gobierno navarro lo ha difundido en una nota de prensa escueta y con una sola imagen del acto (foto, no vídeo), sin aviso previo a los medios ni comparecencia pública posterior. En su resumen del día la recepción del informe del IVAC aparece en el apartado «otras noticias», debajo de algunas cuestiones principales como un nuevo carril-bici o el anuncio de unas jornadas educativas.

Por su parte UPN y PP, partidos que han gobernado durante la mitad del periodo 1979-2015 la Nafarroa y el Estado en que todo esto ha ocurrido, no han visto nada que valorar: bastante tenían este día con cuestiones electorales mayores como cambiar a Maya por Ibarrola y abrir la puerta a Sayas y Adanero.

¿Es un escándalo policial? Tampoco. Ni Guardia Civil ni Policía española han salido a poner el grito en el cielo por tal imputación de violencia masiva y continuada. De hecho, el mismo silencio espeso recibió en 2017 al informe de la CAV, y cinco años ya daban tiempo de sobra para romperlo (en honor a la verdad sí que han cometido algo más feo, que fue intentar torpedear el proceso de reconocimiento y reparación a las víctimas con 500 solicitudes fraudulentas).

No solo es cuestión de policías: ni exministros, ni exdelegados del Gobierno, ni comandantes, ni subdelegados... dijeron algo entonces, aunque fuera en defensa de su honor. Ni lo dirán ahora.

¿Es un error judicial? Que 1.068 casos se les hayan pasado por alto a los tribunales suena a fallo muy gordo; no son los «cuatro de Guilford». Sin embargo ni la Audiencia de Nafarroa ni la Nacional han salido a la palestra. Tampoco el Consejo General del Poder Judicial, acostumbrado a saltar como un resorte ante el mínimo cuestionamiento del funcionamiento de juzgados de instrucción y tribunales.

Si se hace memoria, tampoco replicaron a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que han ido denunciando la falta de investigación de la tortura. Por cierto, la mitad de ellas (cinco de diez), en Nafarroa.

¿Es una noticia de impacto? Va a ser que tampoco. Ciertamente hay algunas excepciones, pero, como detalle ilustrativo, que en su provincia se haya torturado a 825 personas durante el «periodo democrático» supone una minucia para el diario más vendido en Nafarroa. El informe no entró en la portada de la edición digital de este lunes y este martes se despacha en papel con tres cuartos de una columna, por debajo de esto que adquiere más relevancia: «UPN y PP critican un acto en Tafalla del etarra Sarrionandia».

La conclusión de todo ello es tan obvia como predecible. Lo oficial es ahora el reconocimiento, pero antes lo fue la tortura. Si su confirmación pública no es un hecho político relevante, si no es un escándalo policial, si no es un error judicial, si ni siquiera es una noticia de impacto, es porque todos lo sabían (por lo menos) o lo perpetraban (por lo más). Es porque, tuneando la reflexión habitual de Paco Etxeberria, no es que no se le pudieran creer, ni siquiera que no se lo quisieran creer, sino que algunos decidieron perpetrarlo y otros optaron por ocultarlo.

Y esto ahora no es lo más importante, pero tampoco cabe olvidarlo.