El caso por el que el TSJPV ha condenado ahora a la Diputación alavesa tiene su origen cuando en junio de 2022 la juntera del PP Ana Morales solicitó a la diputada foral de Hacienda, Itziar Gonzalo (PNV), información sobre la implantación del Ticket Bai, concretamente sobre el número de entidades, sociedades públicas u organismos que tenían la obligación de implantar el nuevo de sistema, así como cuántos lo habían implantado ya.

El ente foral se negó, argumentado que los datos reclamados tenían trascendencia tributaria y, por consiguiente, eran de carácter reservado. El PP acudió a los tribunales, que le han dado la razón, subrayando que «en ningún momento se exigía que se identificase cuáles eran esas entidades, ni ningún dato que permitiera llegar a conocer esa circunstancia», por lo que entiende que se vulneró el derecho contenido en el artículo 23 de la Constitución española, el de participación política.

La sentencia declara nula la resolución de la Diputación de Araba negando los datos y ha obligado a la institución foral a sufragar los costes del procedimiento. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Tras conocer la sentencia, el presidente del PP de Araba, Iñaki Oyarzabal, ha subrayado que este «no es un caso aislado. El PNV nos tiene acostumbrados a actitudes poco democráticas, y por ello decidimos llevarlo a los tribunales, que nos han dado la razón».

Oyarzabal ha denunciado la «constante denegación de información» y la ha encuadrado en una «intención manifiesta del PNV de obstaculizar la labor de la oposición para actuar sin control en la administración alavesa».