Tras una propuesta de Stop Desahucios, las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado una declaración institucional sobre la flexibilización de los requisitos del Código de Buenas Prácticas Bancarias para deudores hipotecarios. Así, se comprometen a enviar esta resolución a las entidades financieras que operan en el territorio para que voluntariamente los flexibilicen.

Aunque el Código de Buenas Prácticas Bancarias está pensado para ayudar a aquellas familias que tienen dificultades para pagar una hipoteca, Stop Desahucios denuncia que muchos hipotecados guipuzcoanos no pueden cumplir algunos de los requisitos.

Los requisitos están fijados a nivel estatal y, según apuntan, el precio de la vivienda fijado en 300.000 euros no se cumple porque el metro cuadrado en Gipuzkoa y en la CAV es «de los más altos del Estado», así como la media de los salarios.

La plataforma señala que los requisitos son «muy restrictivos» para que se puedan beneficiar de una carencia de cinco años con una cuota fijada en el Euribor menos 0,10%, en los casos de rentas de hasta 25.200 euros, o de una congelación de la cuota de 12 meses para los que no sobrepasen los 29.400 euros.

La consecuencia de no poder acogerse al citado código es que estas familias dejen de pagar las cuotas, caigan en mora y por ello, puedan ser objeto de una demanda de ejecución hipotecaria para subastar y, después, desahuciarla de sus viviendas, o que el banco pueda vender su préstamo moroso a un fondo buitre.