El Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo ha dictado auto de apertura de juicio oral contra otro exalcalde de Alonsotegi, un arquitecto asesor y  cuatro contratistas acusados de urdir un plan para cobrar 2,2 millones de euros de subvenciones del Gobierno español y Diputación por obras para reparar daños de unas inundaciones en junio de 2008 que no se ejecutaron. La resolución se comunicó a las partes un día antes de que la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia diese a conocer la sentencia absolutoria contra cuatro acusados de participar en un fraude de similares características, pendiente de que sea apelado por la Fiscalía y las acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

En esta causa, que será juzgada por la Audiencia de Bizkaia y está pendiente de los escritos de las defensas para fijar la fecha de celebración de la vista oral, están implicados, de nuevo, el arquitecto asesor Alberto Zulueta, así como los directivos de Laneder Construcciones Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, a los que se suma Aitor Santisteban, alcalde jeltzale de Alonsotegi de 2007 a 2011; junto a Roberto Fernández y Saúl Fonseca, de Proyectos y Obras Pabisa, en la actualidad Campezo Obras y Servicios.

El Ministerio Público estima que hay suficientes pruebas de que esas seis personas y otra que falleció –el aparejador Juan Torrontegi– se pusieron de acuerdo, «con el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», para aparentar una serie de obras y obtener financiación de la Diputación y Gobierno español.

«Para crear dicha apariencia e incorporar a su patrimonio los fondos indicados –cerca de 2,2 millones de euros–, tramitaron expedientes a los que dieron contenido elaborando ofertas, informes, memorias, actas, certificaciones y facturas que no se ajustaban a la realidad», sustentadas por decretos de alcaldía rubricados por Aitor Santisteban. Modus operandi similar al que siguió su sucesor, el fallecido José Luis Erezuma, que reconoció los hechos.

Los proyectos que se beneficiaron de la subvención foral fueron las obras de mejora y arreglo de los daños ocasionados por las inundaciones de junio de 2008 en el camino de Artiba, así como en el acceso y contenciones al campo de Basteita. Las ayudas estatales fueron para la reforma de los «inexistentes» servicios sociales de esa instalación deportiva municipal y la eliminación de barreras arquitectónicas en Loibe.

La magistrada instructora señala a Santisteban como principal responsable de las irregularidades, siendo el resto de los imputados cooperadores necesarios en presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones. Además, señala como responsables civiles subsidiarios a las dos empresas constructoras implicadas, una de ellas en proceso de liquidación, y a Arkideiak Arquitectura y Urbanismo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide 7 años de prisión para cada una de las personas que se sentarán en el banquillo, petición similar a la propuesta por la Abogacía del Estado. La acusación popular que ejerce EH Bildu, que destapó las irregularidades en la gestión en 2016, solicita para el ex alcalde jeltzale 9 años de prisión, 8 para Zulueta, Fernández y Fonseca, y 7 para Bediaga e Ibarra.

Apelación ante el TSJPV

Por otro lado, en los próximos días se conocerán las apelaciones de la Fiscalía y las acusaciones ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia contra el primer caso de corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi juzgado.

En las valoraciones, EH Bildu consideró «decepcionante y contradictorio» la sentencia. Sorprendieron unas manifestaciones de la presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, en una entrevista en Onda Vasca, en las que dijo que «la absolución de los acusados en el llamado ‘caso Alonsotegi’ deja en evidencia dos formas de hacer política. El acoso que han sufrido estas personas no tiene justificación». A la burukide se le olvidó que la acusación particular la emprendieron el Consistorio y la Diputación, gobernados por su partido.