El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad hasta el 15 de mayo de 2028.

El visto bueno se ha producido tras un debate en el que se ha planteado la posibilidad de hacer permanente una medida que lleva encadenando prórrogas durante más de una década.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha justificado la necesidad de mantener esta protección «para evitar situaciones de exclusión social de esas personas que pueden perder su vivienda si no pueden pagar la letra de la hipoteca», en una coyuntura de tipos de interés en la que «el futuro sigue siendo incierto», ha dicho.

El Real-Decreto ley, convalidado por 347 votos a favor y la abstención de un diputado de Vox, se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que supone que podrán introducirse enmiendas al texto.

La suspensión de los desahucios hipotecarios tiene su origen en la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada por el Gobierno del PP en 2013 para paliar los efectos de la crisis económica de 2008.

Esa ley paralizaba durante dos años los desahucios hipotecarios de familias en situación de especial riesgo de exclusión social, entre ellas, familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo, familias con menores o con dependientes o discapacitados a cargo, víctimas de violencia de género, parados y mayores de 60 años.

Desde entonces la moratoria se ha prorrogado en varias ocasiones. Una fue a iniciativa de Podemos, en mayo de 2020, recién irrumpida la pandemia de covid, con un decreto que no solo la extendía durante cuatro años, sino que también amplió las posibilidades para acogerse a un mayor número de familias. Y otra posterior, merced a un acuerdo entre el Gobierno español y EH Bildu, en diciembre del pasado año.

EH Bildu avisa: solo el 13%

El PP ha apoyado la medida tras reivindicar que fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien la aprobó por primera vez y acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber «convertido la vivienda en los últimos seis años en un problema de Estado, por sus políticas erráticas».

Durante el debate, el representante de Sumar, Alberto Ibáñez, ha arremetido contra los bancos y los «fondos buitre» y ha reclamado a los socialistas, con quienes gobiernan en coalición, la subida en 2024 del 3 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha recalcado que esta medida es una «tirita» para las personas vulnerables y ha planteado propuestas para atajar el «problema muy serio de especulación con fondos buitres», entre ellas expropiar el uso de la mitad de las viviendas de los grandes propietario.

En cuanto a las formaciones vascas, Oskar Matute (EH Bildu) ha estimado que esta medida «paliativa» tan solo favorece al 13 % de las personas que son desahuciadas, mientras que Idoia Sagastizabal (PNV) ha apuntado que «quizás sea el momento de abordarl esto de manera distinta para que las familias afectadas no vivan entre prórrogas».