El comité de empresa de Petronor ha denunciado la «injusta y abusiva política de sanciones de la empresa», que produce «desconfianza e inseguridad en el puesto de trabajo», y ha afirmado que estudia celebrar una asamblea para discutir con la plantilla las actuaciones ante esta situación.

En un comunicado, el órgano de representación de los trabajadores en la filial vizcaina de Repsol ha afirmado que la dirección «viene sancionando a la plantilla de forma arbitraria y desproporcionada con el fin de generar un clima de miedo que dificulta una relación laboral sana».

Según ha criticado, es «injusto» que ahora «nuevamente se sancione a otro trabajador con una suspensión de empleo y sueldo durante siete días por cumplir una orden errónea de su superior» y ha advertido de que «la mayor parte de estas sanciones se ganan en los juzgados cuando son denunciadas por las personas afectadas».

En este sentido, ha recordado el «claro ejemplo» de la «reciente sentencia del TSJPV declarando improcedente, por desproporcionado, el despido de un trabajador» y ordenando su readmisión. Además, ha recordado que «otras suspensiones de empleo y sueldo se ganan en los juzgados con la reposición de las cantidades devengadas a las personas afectadas».

El comité, «conocedor de que prácticamente todos los casos judicializados se resuelven favorablemente para las y los trabajadores», ha afirmado que ello se debe a que «generalmente no se busca la razón profunda de los actos castigados, ni se procura una solución que no implique castigo».

«En muchos casos, si se llevara a cabo una investigación, no se penalizaría a las personas, sino que se modificarían las prácticas de trabajo o se elevarían las responsabilidades a lo largo de la línea de mando», ha añadido.

«Trabajadores señalados»

Según el comité de empresa, la línea de mando «nunca se ve involucrada en los hechos», aunque, «como se demostró recientemente en la Terminal Marítima, el responsable del departamento ordenó al personal eventual realizar trabajos peligrosos sin los medios necesarios».

Por otra parte, ha apuntado que «aunque las sanciones sean revocadas en los juzgados, hay un aspecto que no se puede reponer de ninguna manera», ya que «las personas castigadas sufren al ser señaladas ante el colectivo, poniendo en duda su buen hacer profesional».

«Generalmente, se abren expedientes sin realizar un análisis exhaustivo de las causas, cuando la mayor parte de los casos ocurren realizando labores cotidianas, cumpliendo órdenes y sin una relación directa entre la acción sancionada o algún tipo de beneficio personal», ha explicado.

En su opinión, la «política sancionadora» produce «desconfianza e inseguridad en el puesto de trabajo allí donde la seguridad en la operación es un pilar fundamental». «No podemos permitirnos que los y las trabajadoras tengan miedo en su puesto de trabajo. Sin comprender bien en qué casos se puede ser sancionado, no se puede trabajar con normalidad», ha advertido.

Por otra parte, ha apuntado que «cada vez se exige más al colectivo, incluso de forma contradictoria, estar pendientes de la planta mientras realizan trabajos administrativos durante gran parte de la jornada diaria».

Por ello, ha anunciado que estudia celebrar una asamblea de fábrica «para discutir entre la plantilla las acciones para frenar esta política del miedo». «Política del miedo que, además, va a acompañada de incumplimientos de convenio», ha concluido.