Aunque su intención es mantener los impuestos temporales a las energéticas y la banca, el Gobierno español ha admitido que llevarlo a cabo está en el aire y que todo depende de que consiga los apoyos parlamentarios necesarios, algo que, de momento, se antoja complicado ante el rechazo a esa posibilidad que viene expresando el PNV.

«Si el Gobierno no cuenta con una mayoría suficiente, no podrá cumplir con que esos impuestos permanezcan a lo largo del tiempo», ha reconocido la vicepresidenta primera española y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, protagonista de una negociación con los socios de la investidura que se está poniendo tan cuesta arriba como la de los Presupuestos de 2025.

Las reticencias del PNV han sido reiteradas este jueves por su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, por el temor a que el impuesto a las energéticas termine ahuyentando la inversión de las empresas afectadas.

El PNV podría aceptar su continuidad si se establece como impuesto dentro del Concierto, lo que permitiría al Gobierno de Lakua modificar los tipos de gravamen o bonificarlos, algo que, con la figura actual (prestación patrimonial pública no tributarias), no puede hacer.

La vicepresidenta Montero ha confiado en poder superar las discrepancias, también con Junts, con el que cree que se abre una oportunidad de diálogo una vez celebrado su congreso político este fin de semana.

Los empresarios mantienen la presión

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, se ha sumado a las voces del mundo empresarial que han advertido de que, si se mantienen estos impuestos, el nivel de confianza de las compañías disminuirá y «los grandes proyectos de inversión caerán».

Garamendi ha dicho que sobran los «impuestos a la carta» y ha considerado «incomprensible» el planteamiento del Gobierno español cuando «están en juego miles de millones de euros en inversiones industriales» necesarias para la transición energética.

Las grandes patronales de la banca española, AEB y CECA, han insistido este jueves en su «enérgico rechazo» a la posibilidad de que el Gobierno establezca como permanente el gravamen temporal al sector y han avisado de las negativas consecuencias que esto tendría para la concesión de créditos y para la Unión Bancaria europea.

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha asegurado, en la presentación de sus cuentas trimestrales, que no le sorprende que el Gobierno español tenga esta intención, al tiempo que ha advertido de que estudiarán la letra pequeña del impuesto y volverán a recurrirlo si ven razones para ello.

La negociación se queda sin tiempo

Los gravámenes temporales pierden vigencia a final de año y se agota el tiempo para que su diseño permanente pueda estar aprobado a tiempo.

Una posibilidad sería meterlos como enmiendas en la tramitación del proyecto de ley que traspone la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas.

La otra vía sería la de prorrogar un año más los impuestos, tal y como están, para dar más tiempo a la negociación de su diseño permanente, pero esto requiere de un decreto ley que también tendría que ser convalidado por el pleno del Congreso español.

En este contexto, la negociación no parece avanzar al ritmo necesario, entre otras cosas porque el socio de Gobierno, Sumar, asegura que las conversaciones en materia fiscal están encalladas por la falta de ambición del PSOE.

Sumar quiere que los Presupuestos de 2025 incluyan una reforma fiscal integral y que el nuevo diseño de los impuestos a las energéticas y a la banca no incluyan deducciones que en la práctica supongan que lo que se cobra por un lado se devuelve por otro.

Hace poco más de un año, la primera prórroga de estos gravámenes ya preveía que el tributo energético incorporara deducciones para las inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y de descarbonización, pero estas quedaron en el aire porque se iban a legislar en los presupuestos de 2024, que nunca se aprobaron.