Sanitarios de las ambulancias de soporte vital avanzado (SVA) de Osasunbidea han reclamado este martes en el Parlamento Foral que se ajuste su complemento de peligrosidad a los diferentes riesgos que sufren en su trabajo diario.

En una sesión de trabajo de la Comisión de Salud, han explicado que este colectivo está formado por 70 trabajadores que prestan sus servicios en ocho ambulancias medicalizadas y un helicóptero.

Este trabajo, han indicado, conlleva riesgos biológicos, ya que a menudo desconocen los antecedentes médicos de los pacientes, ya además hay riesgo de agresión, ya que suelen tratar con pacientes agitados o violentos que pueden tener antecedentes psiquiátricos. De hecho, han apuntado, la primera utilización por la policía de una pistola Taser en Iruñea fue por un intento de agresión a un sanitario.

También hay riesgo de accidente de tráfico, ya que la ambulancia circula por encima de la velocidad permitida y en cualquier situación meteorológica, y de accidente aéreo con el helicóptero, cuyos desplazamientos se han duplicado en el último año, a veces en condiciones adversas como niebla o nubes bajas.

Han resaltado que hay asimismo riesgo de accidentes dentro de los vehículos, porque no siempre pueden estar sujetos con los cinturones de seguridad y cuando hay un frenazo salen despedidos contra una pared de la ambulancia o contra un compañero o compañera.

Otros riesgos se producen cuando hay asistencia sanitaria en los rescates de montaña, a veces con luz escasa o niebla, en los que suelen utilizar equipo de escalada.

Ana María Urricelqui, portavoz de este colectivo, ha subrayado que su trabajo es «dificilmente comparable» al de otros sanitarios, ya que, a diferencia de lo que ocurre en hospitales, urgencias, quirófanos o centros de salud, su labor se desarrolla siempre en situaciones «poco controladas».

Sin embargo, ha agregado, su complemento de peligrosidad, del 1%, es «absolutamente insuficiente» y supone 18,80 euros para enfermeros y enfermeras y 21,60 para médicos y médicas.

Lo que reclaman, ha dicho, es que «se nos atribuya de forma justa y suficiente» y que se establezcan los complementos que correspondan a los riesgos que asumen diariamente.

También la jubilación

Por EH Bildu, Txomin González ha compartido la reivindicación de estos profesionales y ha señalado que también habría que revisar sus condiciones de jubilación, porque otras profesiones de riesgo ya tienen reconocido un coeficiente reductor.

En este sentido, Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha puesto de relieve que las de estos profesionales «son unas condiciones que no se pueden minusvalorar» y ha considerado que «el paso básico a todas luces» es evaluar los riesgos laborales de este y otros colectivos sanitarios para tomar la decisión.

También ha apoyado la elaboración de ese estudio de riesgos Irene Royo, del PP, quien ha afirmado que la reivindicación de este colectivo es «de justicia», ya que hay a su juicio agravios con el resto de trabajadores y trabajadoras del SNS-O y de otras unidades como los Bomberos de Navarra.

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha reconocido que «es el momento de abordar agunos aspectos» de los complementos de riesgo de este colectivo, que siguen «anclados» desde el Decreto Foral de 2011 que los reguló, lo que ha generado un «agravio comparativo».

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha asegurado comprender esta reivindicación y ha opinado que la forma en que se valoran en la actualidad los complementos de riesgo «es algo que debe ser repensado».

La parlamentaria del PSN Maite Esporrín, quien ha destacado «la gran labor» que hacen estos sanitarios, les ha agradecido además que hayan acudido al Parlamento para «hacer esta reivindicación legítima».

Por su parte, Maite Nosti, de Vox, ha mostrado el apoyo total de su grupo a estos profesionales sanitarios, que habitualmente trabajan junto a bomberos y policías, que comparten riesgos que sí están reconocidos en sus retribuciones.