El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo español Leopoldo Puente, como instructor de la causa contra el exministro y diputado José Luis Ábalos, ha dictado este viernes un auto de 46 folios en el que autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar cuentas y productos bancarios en los que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán figura como titular,  autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos. También requiere información tributaria del investigado para conocer su situación financiera y la evolución de la misma.

El número de cuentas bancarias que se va a investigar ronda las 500, explica el Supremo. Entre ellas están las de cinco empresarios que también han sido citados a declarar como investigados, al igual que Cerdán. Se trata de Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola, como personas que, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio».

El hasta ahora número 3 del PSOE había solicitado un aplazamiento de la comparecencia para preparar su defensa, ante la evidencia de que lo que conoce está muy por debajo de lo que se está filtrando a los medios de la derecha aparentemente desde la UCO. Finalmente solo se ha aplazado unos pocos días, del miércoles 25 al lunes 30.

Entrada inmediata en Ferraz

Junto a ello, el juez requiere al PSOE para que facilite a los agentes de la UCO la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía en dicho partido político. La entrada se ha materializado apenas unos minutos después de difundirse el auto, de modo más que inmediato.

El juez se niega a facilitar a la defensa de Cerdán el supuesto documento de compra de acciones de Servinabar en 2016 por este que se habría hallado en un registro

La entrada se ha producido también con el mismo objetivo en otras sedes oficiales ligadas a las personas investigadas, como Adif, la Dirección General de Carreteras y el Ministerio de Transportes.

No se trata de registros sino de requerimiento de información, ya que el magistrado del Supremo ha rechazado la petición formulada por las acusaciones populares de registrar la sede del PSOE y el despacho de Cerdán al tratarse de una medida «limitativa de derechos» que no sería útil en este momento.

El auto recoge una batería de diligencias del juez acordadas tras recibir peticiones de la UCO, como fuerza policial encargada de la investigación, a raíz de su informe de 5 junio y una vez que Santos Cerdán renunció voluntariamente al acta de diputado y por tanto a su aforamiento.

El instructor deja claro en cualquier caso que su comparecencia será «preceptiva y en calidad de investigado (…), teniendo lugar tras la misma, comparecencia al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él».

Supuesto documento entre Alonso y Cerdán

En otro punto del auto, el instructor rechaza la petición de la defensa de Cerdán de requerir que se aporte el original del documento privado incautado supuestamente en el registro del empresario Joseba Antxon Alonso de compraventa de participaciones sociales de la empresa Servinabar.

El juez apunta que dicho hallazgo se refleja en el atestado de 12 de junio de 2025, donde se señala que dicha escritura privada está firmada entre Alonso Segurola (en condición de administrador único de Servinabar 2000) y Santos Cerdán, y que el primero transfiere al segundo 1350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad. Un documento que estaría fechado el día 1 de junio de 2016. Servinabar niega tajantemente que
Cerdán haya sido socio de la empresa.