El Ayuntamiento de Gasteiz ha iniciado los trámites para determinar si se implementan sanciones administrativas a la discoteca Mítika y a la empresa responsable de su seguridad por la muerte de un joven, Kerman Villate, en la entrada del citado local el pasado mes de febrero.

Lo ha comunicado el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, en la comisión correspondiente del Consistorio en respuesta a la intervención de la familia del joven fallecido, que ha llevado sus demandas a este foro utilizando el turno popular.

El suceso se produjo la madrugada del domingo 23 de febrero cuando la víctima, de 31 años, murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, según señala la autopsia. La Ertzaintza detuvo a uno de los porteros del local, acusado de propinar el mortal golpe, que se encuentra en prisión provisional tras declarar ante el juez, acusado de un delito de «asesinato con alevosía u homicidio doloso».

Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre del fallecido, han trasladado al Ayuntamiento las peticiones que ya han llegado a otras instituciones, como el Parlamento de Gasteiz.

En concreto, han pedido que Ayuntamiento y Gobierno de Lakua colaboren en la apertura de un expediente administrativo sancionador a la empresa de seguridad y a la discoteca por su «inacción ante el comportamiento violento de sus empleados», según han dicho, de manera «reiterada» desde 2022 y con sentencias condenatorias.

Han reclamado, de esta manera, que se actúe conforme a la Ley de espectáculos porque «las empresas conocían estos comportamientos y no adoptaron medidas correctoras».

Además, han pedido una investigación interna dentro del Ayuntamiento para determinar «qué falló» porque han asegurado que la institución «conocía estos comportamientos delictivos y no ha hecho nada».

Cultura de la violencia

El padre de Kerman ha señalado además que desde la muerte de su hijo han descubierto que existe una «cultura de la violencia asentada en determinados sectores del ocio nocturno» protagonizada por «algunos porteros de discoteca y amparada en el silencio y en la inacción institucional».

«Si cualquiera de las personas con responsabilidad (empresas o instituciones) hubieran actuado con la diligencia debida, esta tragedia no se habría producido. Años de impunidad alentaron a estos individuos a escalar en la gravedad de sus actos», ha lamentado.

Por su parte, Arantza Beitia ha criticado la forma de proceder del Ayuntamiento hasta el momento porque ha dicho que la alcaldesa, Maider Etxebarria, no se ha puesto con contacto con la familia y porque «desde el principio se trató de minimizar la gravedad del crimen y poner trabas a la investigación», por lo que han pedido que reconozcan públicamente «lo que han hecho mal».

La base para el expediente

Fernández de Landa ha lamentado el dolor de la familia, ha mostrado la disposición a colaborar en lo que sea necesario y ha pedido disculpas por su no se ha visto «suficientemente apoyada» por la institución.

Ha avanzado que esta semana se han iniciado las labores que podrían desembocar en penalizaciones a las empresas implicadas, en función del resultado de los trámites.

Para ello, ha hecho llegar a la Alcaldía un informe con las intervenciones de la Policía Local en los últimos años en la discoteca Mítika, que a su vez será trasladado a la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno de Lakua por si pudiese servir de «base para iniciar el expediente sancionador».

Ha explicado que se ha puesto en contacto con los responsables del Departamento de Seguridad de Lakua, que han mostrado su «total colaboración y disposición para actuar».

Además, ha recordado que ya en marzo se abrió un expediente disciplinario, en el seno del Consistorio, en fase fe información previa. En función de sus resultados se depurarán las responsabilidades que sean necesarias.

La familia mantiene las reservas

La familia ha valorado el «cambio de actitud» del Gobierno municipal y su disposición a actuar para «identificar errores y responsabilidades» dentro del Ayuntamiento, y que se hayan activado los trámites para investigar posibles infracciones cometidas por las empresas e imponer las sanciones correspondientes.

No obstante, ha señalado que, «dada la historia de desencuentros» entre Consistorio y familia, toman estas iniciativas con «reservas».

«Sería un paso que el Ayuntamiento reconociese públicamente los errores y asumiese la responsabilidad institucional por las omisiones detectadas y se comprometiese a identificar y corregir las malas prácticas», ha concluido el padre del joven fallecido.