EH Bildu saluda que Imanol Padrales mostrara voluntad de escucha en torno a la regeneración de la cala de Basorda, pero espera que la reunión que tienen pendiente con el Ejecutivo respecto al proyecto de piscifactoría en Lemoiz le sirva para aclarar los «muchos interrogantes» que la operación les plantea. Desde el Ayuntamiento, su alcalde, Jesús Mari Arizmendi, aguarda al diálogo que se debe entablar con Lakua para ver cómo encaja ‘Aquacría Basordas’ en el planeamiento urbanístico de la localidad.

En una comparecencia ofrecida en Bilbo, Iker Casanova, portavoz de la izquierda soberanista en Bizkaia, ha mostrado cautela. «Todavía persisten muchos interrogantes que pueden llevarnos a tener una opinión más o menos crítica. No tanto porque sea una piscifactoría, sino porque nos faltan conocer elementos sustanciales para hacer una valoración definitiva», ha explicado.

«Veremos cuáles son los planes de retorno económico, veremos cuáles son las relaciones público privadas que se establecen en cuanto al reparto de costes y beneficios. Evidentemente, hay que leer esa letra pequeña o esos números pequeños para poder decir si el proyecto nos convence más o menos», ha añadido.

Uno de esos aspectos tiene que ver con la inversión pública. Hasta el momento ha trascendido que de los 170 millones de euros que se piensan destinar al proyecto que lidera la firma valenciana Sea Eight en colaboración con el Gobierno autonómico, 60 los pondrá Lakua, dedicados a la obra civil, como es acondicionar los vetustos edificios de la fallida central nuclear. Lakua, propietaria de la parcela y las ruinas que allí se alzan, correrá con esos gastos.

Respecto a los promotores de ‘Aquacría Basordas’. Detrás se encuentra el grupo empresarial Atitlan, que controla Roberto Centeno –yerno del dueño de Mercadona, Juan Roig– y Aritza Rodero. El proyecto de Lemoiz, que se presenta como la planta de producción de lenguado más grande de Europa, se integra en Sea Eight, el negocio de acuicultura del hólding, con negocios en Xixón y Cambados, así como en Torreira y Povoa de Varzim, en Portugal.

Atitlan, a través de su filial Gaviota, también participa con el grupo frances Vitro Service France (VSF) para hacerse con los activos de Guardian y Glavista, en Laudio.

Queda por aclarar, por ejemplo, si en esa partida se incluyen los 2,5 millones de euros de los trabajos de reparación del dique exterior, un elemento clave para garantizar las condiciones operativas del futuro complejo.

Casanova ha precisado que no afrontan este plan del Gobierno «desde una visión apriorísticamente crítica o negativa», incidiendo en que «puede incluso llegar a ser positiva en cuanto a la generación de empleo y a la reactivación de la zona».

EH Bildu celebra que, después de 40 años de abandono y 10 de que se anunciasen planes por parte de Lakua, comiencen a concretarse planes. «Entendemos que puede ser el elemento tractor para la reactivación general de ese espacio», ha apuntado en referencia a ‘Aquacría Basordas’.

Valoran positivamente que el Ejecutivo empiece a entender el futuro de la cala de Basorda «de manera integral» y ha reiterado que «el proceso de escucha es imprescindible». Por ello, ha saludado las palabras del lehendakari referidas a «escucha», «colaboración» y «acuerdo».

En tal sentido, se ha referido a la iniciativa de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta respecto a la necesidad de un proceso participativo. «Se puede abrir un acuerdo de país que posibilite que esa zona olvidada pase de ser una ruina a ser un elemento tractor del bienestar de las personas y del medio ambiente de ese entorno», ha asegurado.

En este diálogo, consideran importante definir de manera conjunta no solo a qué se van a destinar las 40 hectáreas calificadas como suelo industrial, que corresponde con las ruinas de la central, sino de las aproximadamente 140 hectáreas de línea de costa, laderas y montes colindantes, lo que en su día fue el «perímetro de seguridad».

Casanova ha defendido que no se puede desarrollar un proyecto de este tipo «sin tener en cuenta la voluntad de otras instituciones altamente competentes», como es el caso del Ayuntamiento de Lemoiz, en que recaen las referidas al planeamiento urbanístico, pero también de la ciudadanía.

«El anuncio de ayer debería servir para poner sobre la mesa el debate sobre la regeneración integral de los terrenos de la central y su entorno, que aborde las cuestiones económicas, la recuperación medioambiental, el patrimonio cultural y la cuestión de la memoria», ha remarcado.

«Creemos que existe una deuda histórica con Lemoiz, que ha sido una zona que ha realizado un gran sacrificio, a la que le ha amputado una parte valiosa de su territorio, y es el momento de saldar esa deuda y hacerlo convirtiendo lo que en un momento dado fue un perjuicio en un elemento tractor», ha manifestado.

«Cambio de actitud»

También han detectado un «cambio de actitud» desde el Consistorio de Lemoiz después de que prácticamente todos los datos que conocían eran a través de los medios de comunicación. Su alcalde ha mostrado la «total disposición» del Ayuntamiento a la colaboración interinstitucional para ver cómo encaja el proyecto ‘Aquacría Basordas’ en el Plan General de Ordenación Urbana que llevan definiendo desde hace un par de años.

Arizmendi ha insistido en que no solo hay que abordar la cuestión de las edificaciones, también la «carga emocional, histórica y simbólica» que tiene la central. «Creemos que es indispensable la participación ciudadana para llevar a algún término todo este proceso», ha reiterado.

Valoración crítica de Eguzki

Una valoración más crítica realizan desde Eguzki que, a través de un comunicado, ha señalado que el anuncio de la piscifactoría «contraviene la máxima de que quien contamina paga, pues exonera a Iberdrola de sus responsabilidades». «Es un acuerdo unilateral que no tiene en cuenta la opinión de los vecinos y la sociedad; y no contempla la recuperación ambiental de la zona en su totalidad», han indicado.

El colectivo ecologista ha denunciado que van a ser los contribuyentes los que paguen vía impuestos la regeneración «de una zona que jamás debió de alterarse». «De momento ya hemos pagado 2.5 millones de euros en arreglar el dique», han apuntado.

También ha criticado el modo en que el Gobierno ha dado a conocer sus planes, «sin consultar a los municipios afectados». «A pesar de que dichos municipios ya solicitaron en febrero que se pusiese en marcha un proyecto participativo y de escucha para definir el futuro de ese espacio tan simbólico, el lehendakari y su partido han decidido por todos cuál va a ser el futuro de esos terrenos y quién se va a beneficiar de su explotación», han censurado.

«Nuevamente, se decide el futuro de un espacio como Basordas, no olvidemos que está pagado por todos, en unas negociaciones sin luz ni taquígrafos», lamentan los ecologistas, que añaden que «la única salida para el Gobierno de Pradales es explotar comercialmente Lemoiz, un espacio ganado al mar de manera dictatorial y fraudulenta».

«Paradojas de la política, un monstruo como la central nuclear de Lemoiz, fruto de la colaboración público-privada (Estado franquista- Iberduero) va a ser ‘salvado’ por otra colaboración público-privada , en este caso, (Gobierno Vasco- Sea Eight). Se repite el esquema, evitar la escucha de la opinión ciudadana», manifiestan.

Además, Eguzki destaca que los terrenos que ocupan las ruinas de la central, en los que se prevé la piscifactoría, «apenas ocupan 10 hectáreas de las más de 160 que fueron alteradas y destruidas, y para las cuales, que sepamos, todavía no hay plan de recuperación y regeneración».

Han recordado que diversos agentes locales –la asociación Etzandarri entre otros- llevan años solicitando su restauración y apertura al público, «pero como no son susceptibles de ‘explotación comercial’ al Gobierno Vasco y al lehendakari no parece importarles».

Greenpeace exige su retirada

Greenpeave ha exigido la retirada del proyecto de piscifactoria, al estimar que «agravaría la presión sobre la costa cantábrica». La organización demanda que se restaure esa franja de la costa vizcaina «a su estado inicial».

Al igual que Eguzki, Greenpeace sostiene que la instalación de ‘Aquacría Basordas’ en las instalaciones de la fallida central nuclear «sería un paso más para que Iberdrola esquive su responsabilidad de restaurar la zona, ahora propiedad del Gobierno Vasco». Calcula que la energética se ahorraría en torno a 17 millones de euros.

«Como si sobrara dinero público, parece que el Gobierno Vasco está empeñado en hacer ahorrar a empresas privadas mucho dinero, evitando su responsabilidad de restaurar zonas naturales y públicas una vez cesada su actividad. Ahora hablamos de Lemoiz, pero puede pasar lo mismo con los Astilleros de Murueta en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai», ha declarado Lorea Flores, portavoz de Greenpeace.

«El Gobierno Vasco debería abandonar los planes de impulsar este proyecto que amenaza los valores naturales de la costa vasca y supone un freno para las políticas de restauración», ha añadido Flores, quien ha recordado que la zona de la cala de Basordas –ahora desaparecida por las obras de la central– es un entorno de un gran valor natural, caracterizado por sus formaciones rocosas conocidas como ‘flysh negro’, o elementos paisajísticos como una cascada de 30 metros.

Además, Greenpeace insiste en los impactos negativos de la acuicultura para los ecosistemas marinos: la contaminación del agua con sustancias tóxicas, la transmisión de enfermedades a especies silvestres y la sobreexplotación de los océanos

En su lugar, aboga porque se prioricen inversiones pesqueras para fomentar el relevo generacional de la pesca artesanal y costera y para la protección de las aguas, para que los stocks pesqueros de la zona se recuperen.