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La Defensora del Pueblo Europeo investiga el oscurantismo en la compra de vacunas

La Comisión Europea no ha sido lo suficientemente transparente sobre sus negociaciones con las compañías que fabrican vacunas. La Defensora del Pueblo Europeo ha abierto una investigación para ver el detalle de esos contratos y, en particular, el de AstaZeneca. 

Cajas con viales de la vacuna de AstraZeneca, refrigeradas en India. (Punit PARANJPE/FOKU)

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación sobre el «secretismo» de la Comisión Europea (CE) en torno a las negociaciones y los contratos de la vacuna con diferentes compañías farmacéuticas, tras haber recibido quejas.

A principios de enero el Observatorio Corporativo Europeo (CEO por sus siglas en inglés) presentó sendas quejas por la gestión de la CE tras serle rechazadas dos peticiones de información sobre el tema el pasado septiembre, según reveló hoy la Defensora del Pueblo.

La primera de estas quejas era una denuncia contra la Comisión por negar el acceso al contrato de la vacuna de AstraZeneca, el primero que se firmó el pasado año.

Bruselas facilitó solo el acuerdo de compra anticipada y justificó la negativa a dar más datos por «la necesidad de proteger los intereses comerciales de la empresa farmacéutica en cuestión», según la oficina de la Defensora.

La segunda reclamación se debe a la negativa de la CE a divulgar documentos relacionados con las negociaciones de las vacunas, incluidas actas de reuniones, correspondencia y los nombres de los miembros del equipo conjunto de negociación, que consta de siete expertos designados por los Estados miembros.

Desde la oficina de la Defensora del Pueblo Europeo anuncian que con respecto a esta segunda solicitud, la Comisión no ha hecho público ningún documento.

La Comisión ha dado recientemente los primeros pasos para mejorar la transparencia, al publicar en su web el contrato con CureVac, según la Defensora del Pueblo, que «dado el gran interés público en este asunto» opinó que la CE debería acceder a ambas solicitudes «lo antes posible y, a más tardar, el próximo 11 de febrero».

A continuación la Defensora considerará si es necesario inspeccionar los referidos documentos.