Zupiria defiende a la Ertzaintza ante la petición de transparencia de la Comisión de Control

La última memoria de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, órgano exterior oficial encargado de analizar las actuaciones policiales, denunciaba que desde la jefatura de la Ertzainza no se le proporcione de inicio toda la información que solicita. Y ponía el ejemplo de la carga junto a Anoeta en la que resultó gravemente herida en la cabeza, por una bala de foam, Amaya Zabarte. Además, hay otras dos denuncias por hechos similares. De momento la investigación judicial avanza muy lentamente.

La comisión recordaba que fue el propio consejero Bingen Zupiria quien les pidió que estudiaran esa actuación de la Ertzaintza y que para ello solicitaron a la Viceconsejería de Seguridad, «entre otros extremos, una copia del atestado policial relativo a la intervención descrita, con inclusión del informe editado en la aplicación Euskarri respecto del tramo horario y del lugar del incidente».

Pero alertaban de que la respuesta fue que «el atestado abierto por la Jefatura de Asuntos Internos (…) se halla en fase de tramitación, (…) de lo cual está siendo puntualmente informada la Autoridad Judicial, no siendo por ello posible remitir a la Comisión, sin la pertinente autorización judicial, una copia del atestado».

La comisión se puso en contacto con la juez-instructora que les indicó que el caso «no está bajo ningún secreto y en este sentido no se puede entender que en ámbitos administrativos haya limitación alguna para el intercambio de información». Sí que pedía que si se iba a transmitir datos sobre agentes implicados, primero se informara al juzgado. Solo después de esto accedió la Ertzaintza a ofrecer la documentación solicitada.

La CCTPPV escribía que, por ley, «los órganos policiales carecen de atribución para condicionar el acceso de la Comisión a los archivos policiales a la previa autorización de la autoridad judicial». Sin embargo, la Jefatura de Asuntos Internos sigue interpretando que cada petición de información debe contar con la autorización judicial, lo que ha provocado «un notable retraso en su tramitación» de dos expedientes del año pasado, el de Anoeta y una actuación de la Policía Municipal de Barakado que también investiga la Ertzaintza.

Zupiria apoya el criterio de la Ertzaintza

Ante esta queja de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía, el parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea quiso saber la opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre la misma y este ha respondido refrendado la actuación de la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza.

Incide Zupiria en que el procedimiento ante peticiones de la Comisión o del Ararteko es ese porque la Jefatura policial «entiende que a quien corresponde determinar, de manera explícita verbal o escrita, si existe una concreta interferencia o perjuicio en la investigación penal o una reserva de sus actuaciones (…) es exclusivamente a la Autoridad Judicial». Y añade que «un planteamiento de diferente tenor, además de discutible jurídicamente, acarrearía una inseguridad jurídica a los actores policiales implicados».

Y pone como ejemplo que el juzgado pidió que se le informara con anterioridad de la identificación de agentes implicados, por lo que de no haberse hecho la consulta esos límites «hubieran quedado laminados». Luego se sale del objeto del caso diciendo que desde el juzgado se denegó que un grupo parlamentario pudiera acceder al atestado policial «advirtiendo en su fundamento de derecho, y remarcado en letra de color negrita, la responsabilidad penal en la que el funcionario público pudiera incurrir».

En cuanto a la pregunta de «por qué existieron esos obstáculos» a la Comisión que hace el parlamentario de EH Bildu, la respuesta del consejero es que «la Jefatura de Asuntos Internos estima que, en ningún caso, el cumplimento riguroso del ordenamiento jurídico puede interpretarse como ‘obstáculo’ a las funciones de la CCTTPV».

Bingen Zupiria explica que «el Departamento de Seguridad comparte el criterio técnico de la Ertzaintza para estos supuestos». A lo que añade que en el caso de la carga de Anoeta «la Comisión ha dispuesto del conjunto de la información documental y videográfica durante varios meses. Ha estado presente, asimismo, en dependencias de la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza, solventando las dudas que pudieran disponer en este o cualesquiera otros supuestos».

En su memoria, la Comisión ya recoge que finalmente tuvo acceso a la información solicitada. Sostiene que «ha analizado la documentación escrita y audiovisual recibida, pero como las investigaciones siguen en curso y la instrucción judicial no había finalizado en el momento de la redacción, este expediente sigue en tramitación».