«Para las víctimas del franquismo, el muro de impunidad continúa intacto»

Franco murió en la cama, no fue juzgado y nunca lo será. Pero parte de su legado, sobre todo el correspondiente a la última etapa de la dictadura, está presente en Adolfo Martín Villa y otras figuras pertenecientes a la magistratura y la cúpula policial. Sobre esa herencia trata el último libro de Sophie Baby, '¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria'(Akal). En un exhaustivo análisis del pasado, la hispanista francesa repasa cómo el Estado español ha sido paradójicamente un referente de iniciativas en defensa de la justicia universal y, a la vez, un ejemplo flagrante de impunidad. Con este ensayo, la profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Borgoña explora la genealogía de las responsabilidades del franquismo y las dificultades de sus víctimas para enjuiciarlo tras una Transición marcada por la violencia y el pacto de olvido.

El 20 de noviembre se conmemoraron 50 años de la muerte de Franco. ¿Qué lectura hace de las reacciones?

Era lógico que agudizara el debate en torno a su figura, y más coincidiendo con estudios donde una parte de jóvenes considera que la dictadura fue un buen régimen. Si algo destacaría, es la voluntad del Estado de situar el foco en la lucha ciudadana por la libertad. Si durante décadas se había alabado la Transición como una obra de las élites, ahora se empieza a revertir este relato para remarcar que fue el pueblo, con los movimientos sociales a la cabeza, quien impulsó el cambio. Poner el acento en ello es relevante, ya que, pese a la polarización que ha generado la eclosión de la extrema derecha, orienta los poderes a profundizar en las políticas de memoria.

¿No cree que entre la clase dirigente aún prevalece una opinión cándida respecto a lo acontecido en la Transición? 

Solo una parte de la izquierda cuestiona el modelo de reconciliación; mientras que el gobierno, en general, mantiene una visión positiva. Aun así, ya nadie sostiene que la Transición fue pacífica, lo que obliga a hablar de sus víctimas y a admitir que las estructuras represivas de la dictadura no murieron con Franco, sino que se perpetuaron hasta que, bien entrada la democracia, el orden público quedó al servicio de la ciudadanía.

A menudo se apela a que el miedo a una involución propició que se mantuvieran inalterables los estamentos judiciales y policiales del franquismo. ¿Este fue el verdadero motivo?

No hubo ninguna depuración, es evidente. Pero medio siglo después, las personas ya no son las mismas, lo que refleja la actualización permanente que experimentan todos los sistemas democráticos. De ahí que, en lugar de recrearse en la perpetuidad del anterior régimen y culpar a la Transición de la ausencia de depuración, considero más útil analizar los déficits actuales y, en lo posible, actuar para subsanarlos.

«En aras de terminar con ese marco de impunidad, sería necesario prohibir cualquier exaltación del franquismo»

También hay que referirse a las empresas que se enriquecieron con el régimen y que, desde entonces, protagonizan una economía de base extractivista al servicio de las grandes fortunas. ¿No cree?

De acuerdo, pero si continuaron enriqueciéndose fue porque no hubo una revolución, sino un proceso de adecuación al nuevo escenario político. Más allá de señalar esta realidad, optaría por recordar que se lucraron mediante la esclavitud y la incautación de los bienes de los vencidos. Igual que, en aras de terminar con ese marco de impunidad, sería necesario prohibir cualquier exaltación del franquismo. Todo ello está pendiente y se puede hacer hoy mismo.

En Italia y Alemania el fascismo fue derrotado, pero en el Estado español salió victorioso y el dictador «murió en la cama». ¿Eso dificulta perseguir a quien lo reivindica?

Estamos en otros parámetros, pues la exaltación del fascismo de los años 30 únicamente la hace una minoría nostálgica. Lo vimos este pasado 20-N con las manifestaciones ultras. El verdadero peligro es la ofensiva reaccionaria global, cuya estrategia es emplear las instituciones para cargarse desde dentro las bases del sistema democrático. Insisto: hay que analizar los fenómenos según el contexto en qué se producen, y entender que el actual difiere mucho del pasado.

¿Esto explicaría que haya quien valore positivamente la Ley de Amnistía de 1977?

No podemos olvidar que supuso el punto de partida para las políticas de reparación y que, lejos de lo que predican algunos, no fue pensada como una ley de impunidad o punto final; la prueba es que fue la derecha quien más se opuso a ella. Y eso complica derogarla, ciertamente, porque si bien exonera a los criminales franquistas, parte de la clase política la percibe como un hito simbólico y democrático.

¿Pese a las peticiones de la ONU y los memorialistas, por qué no hay coraje en el legislativo para asumir el reto?

Un factor puede ser el consenso que obtuvo cuando se aprobó y la presión que ejerce la derecha para mantenerla. Pero también por el inconveniente de que los crímenes que amnistió no son de lesa humanidad, calificativo que el Estado español acabó incorporando más tarde, concretamente en el Código Penal de 2003. Solo aceptando el principio de retroactividad de dicha ley se podrían abordar como hechos no prescritos. Pero de momento no hay voluntad para ello.

«La ley de Amnistía, si bien exonera a los criminales franquistas, parte de la clase política la percibe como un hito simbólico y democrático»

Esto ha provocado que víctimas recurran a la justicia argentina para que se ocupe de sus casos.

Así lo han hecho las hermanas Puig Antich o los familiares de los obreros asesinados el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Y a esta anomalía hay que añadir la Ley de secretos oficiales de 1968, que, a diferencia de otros países de la UE, pone numerosos impedimentos para desclasificar y acceder a los archivos, incluso a historiadores.

¿Así pues, cómo podría dirimirse y reparar los crímenes del franquismo?

Hubo una época en que se planteó una Comisión de la Verdad, que hoy los afectados proponen reanudar viendo que la única respuesta del Estado se limita a expedir certificados de reconocimiento del Estatuto de Víctimas, ya que tampoco contempla ningún tipo de compensación económica. Y eso no obvia que la Ley de Memoria Democrática de 2022 supone un salto cuantitativo y cualitativo respecto a la Ley de Memoria Histórica que el PSOE de Rodríguez Zapatero aprobó en 2007.

¿En qué implica una mejora?

No solo deja de inscribirse en el marco de la reconciliación y hace una condena explícita al franquismo; también consuma lo que vienen a llamarse «inversión de legitimidades». Es decir: afirma la superioridad de la legitimidad democrática por encima de la legitimidad de la dictadura, prohibiendo expresamente su apología. De ahí la reacción airada de la extrema derecha, que ve como se revierte la equivalencia de relato y, de forma solemne, coge preeminencia el derecho internacional humanitario. El avance, pues, es indiscutible, aunque el hecho de que no se pueda enjuiciar el franquismo por la vía penal supone para las víctimas que el muro de impunidad continua intacto.

¿Respecto al relato, en qué medida el Estado le ha costado asumir su papel en el contexto mundial?

No lo hizo hasta entrados los años 90. Hasta entonces no había abordado la ayuda que los sublevados fascistas tuvieron de los aviones de Hitler y las tropas de Mussolini durante la Guerra Civil, ni tampoco cómo luego, en la Segunda Guerra Mundial, no fue neutral. Solo cuando lo reconoció, empezó a rememorar el papel de los Brigadistas Internacionales y de los resistentes que participaron en la liberación de Europa. Dos episodios, básicos para fundamentar una memoria de calidad democrática, que incorporó en la Ley de 1995, la cual sanciona la apología y el negacionismo de los genocidios y que, junto a la firma de los convenios de derechos humanos, le han permitido homologarse como un buen alumno dentro de la UE.

¿Esa homologación ha facilitado que las entidades memorialistas pongan al descubierto las carencias que España arrastra en materia de justicia y reparación?

Les ha proporcionado una ventana más. Ya que, si antes se limitaban a colaborar con los colectivos de víctimas o de deportados que hay en varios países, ese deber de memoria les da mayor espacio para difundir sus reivindicaciones y que las instituciones comunitarias tomen nota de ellas.

¿Qué efectos ha tenido hasta ahora?

De entrada parecía que colapsarían la agenda europea de reclamaciones y eso llevaría a qué competieran con otras. Sucedió al contrario. Como demuestra el escritor estadounidense Michael Rothberg, autor de la teoría de la Memoria multidireccional, como más causas hay acumuladas en Europa, más resultados tienen cada una de ellas, pues ninguna contrarresta a las otras, al revés: se retroalimentan en una dinámica mimética.

La irrupción de la extrema derecha en el Estado ha evidenciado algo que ya se presumía, como es la existencia de dos relatos enfrentados: una derecha para la cual «no hay que abrir heridas» contra una izquierda que insiste en que «las heridas están abiertas». ¿Estamos en esa tesitura?

Se ha puesto de manifiesto de manera radical. No tanto sobre las fosas u otros asuntos, respecto a los cuales hay un aparente consenso entre las grandes fuerzas políticas, sino en la narrativa del pasado. Lo vemos con el intento del PP y de Vox de substituir la Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia que pretende reescribir la historia equiparando las víctimas de la dictadura con las que supuestamente habría cometido la República.

¿Esta batalla puede entorpecer la lucha para lograr un verdadero proceso de justicia transicional en España?

Lo complica muchísimo, aunque la justicia transicional, consistente en garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, debe implementarse trabajando yendo de la mano de las comunidades locales y teniendo en cuenta lo que expresen las víctimas, que en cada país puede ser distinto. Dicho esto: el momento actual es muy delicado por la actitud de la derecha, que no solo quiere evitar que se continúe avanzando en hacer justicia y reparar a las víctimas. Mediante la Ley de Concordia, alineada con el relato cultural que la extrema derecha propaga a nivel internacional, busca que deje de aplicarse lo que ya se ha logrado y que las víctimas queden aún más indefensas.