El rescate camuflado del Estado a las arcas navarras en el caso del IVA de Volkswagen, hace diez meses, fue la primera señal de hasta dónde está dispuesto a implicarse Madrid para que el estatus de Nafarroa no encalle definitivamente. Cuando ni siquiera se ha agotado la mitad de la legislatura, la escalada de la deuda, la cascada de recortes muy impopulares y el escándalo de la CAN han sumido al régimen encarnado por UPN en la crisis más aguda de toda esta era histórica posfranquista. Y en este contexto, Madrid ya ha activado varias piezas en el terreno político, económico y judicial con un fin: impedir a toda costa que se produzca un cambio político a través de un vuelco electoral.

La prioridad absoluta, por lo tanto, estriba en evitar una convocatoria electoral anticipada. PP y PSOE han dejado claro a Yolanda Barcina, en público pero también en privado, que puede contar con ellos para estirar la legislatura como sea, en la confianza de que algunos indicadores puedan ir mejorando.

El soporte estatal a la polémica presidenta navarra se encarna en dos caras: Dolores de Cospedal –número dos del PP– y Alfredo Pérez Rubalcaba –líder del PSOE–. Contra lo que cabría esperar de dos rivales políticos que serían los beneficiarios naturales de la pérdida de voto de UPN, ni uno ni otro quieren acudir a las urnas.

De Cospedal mantiene con Barcina una gran amistad. Resultó decisiva para recuperar la sintonía UPN-PP después de que su antecesor, Miguel Sanz, rompiera el acuerdo de fusión. La secretaria general del PP ha fijado una línea que verbalizó el 10 de enero al declarar que en Nafarroa «hay que agotar la legislatura por el bien de la Comunidad» y dado que «la alternativa es muy mala». De Cospedal aseguró que este herrialde merece un trato diferente por parte del PP debido a que su situación es «especial».

El presidente del PP en Nafarroa, Enrique Martín de Marcos, está cumpliendo a rajatabla esta directriz de apuntalar a Barcina. El lunes, un día después de ser reelegida por la mínima en el Congreso de UPN, Martín se ofreció para un acuerdo a tres bandas UPN-PP-PSN que «sirva para mantener la estabilidad, porque estamos en una situación política e institucional muy complicada». De paso, confesó también que entre UPN y PP existe «un pacto a nivel nacional», por lo que la dirección navarra poco tiene que decir.

En cuanto al PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba se encargó de transmitir personalmente a Barcina su rechazo a unas elecciones anticipadas en la visita realizada a Iruñea el pasado 5 de marzo. Barcina agradeció inmediatamente sus palabras, que calificó de «muy responsables» y «muy positivas».



Rubalcaba habló con Barcina

Según han indicado a GARA diversas fuentes, este encuentro informal en el desayuno organizado por la Cadena Ser se prolongó luego con un contacto a puerta cerrada en el que participaron tres personas por cada formación: Rubalcaba, el diputado Juan Moscoso y el líder del PSN, Roberto Jiménez, por un lado; y Yolanda Barcina, Alberto Catalán y Miguel Sanz, por UPN. En esas fechas la pugna interna entre Catalán y Barcina estaba abierta, y la presencia de Sanz se explica por sus buenas relaciones con la cúpula de Ferraz desde que negociara en Madrid el apoyo del PSOE a su continuidad, en agosto de 2007.

Más aún, Yolanda Barcina revelaba anteayer que ha conversado con Roberto Jiménez, al que echó de su gobierno, esta misma semana, también sin luz ni taquígrafos. Tras ello, se ha mostrado tranquila por la decisión del PSN ante la moción de censura de EH Bildu.

En las conversaciones que han mantenido con otros grupos de la oposición en los últimos meses, los actuales dirigentes del PSN han dejado claro que asumen que son un partido estatal y que la decisión sobre Nafarroa se tomará de nuevo en Ferraz. La visita de Rubalcaba y la nitidez de su mensaje obraron a modo de recordatorio. Por otro lado, en Madrid se destaca que Roberto Jiménez quedó «quemado» ante el secretario general federal al alinearse con Carme Chacón en la pugna interna de hace un año, por lo que a Rubalcaba no le temblaría el pulso en el muy improbable caso de que Jiménez se rebelara.

En el rechazo tajante al adelanto electoral no solo pesa el interés del PSOE federal de que el estatus de Nafarroa siga inalterado, sino también sus propios temores como partido. Encuestas privadas que circulan por el herrialde otorgan al PSN ahora una proyección de voto no mayor de siete escaños, la peor de su historia en una secuencia de caída constante desde la era de Gabriel Urralburu: los diecinueve escaños de 1991 han quedado reducidos ahora a solo nueve.



Fiscalía y Velasco, al ataque

La evolución de la situación política en los próximos tiempos irá ineludiblemente ligada a la deriva judicial del caso de Caja Navarra. Así que Madrid también se ha puesto manos a la obra para tratar de achicar agua en este ámbito, a través de dos figuras concretas, ambas muy ligadas al PP: la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Este último pasa por ser el magistrado instructor del tribunal especial español más cercano al PP, dado que fue director general de Justicia en los gobiernos valencianos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps durante ocho largos años.

Por lo que respecta a su actuación en Euskal Herria, Velasco ha sido protagonista de dos de los sumarios más estrambóticos de los últimos tiempos: el relativo a supuestas conexiones ETA-FARC, por un lado, y el llevado adelante contra Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Alvarez por el acto del Velódromo de Anoeta de 2004, donde se presentó una nueva metodología para la resolución del conflicto. Este último caso languidecía ya cuando Velasco decidió relanzarlo y llevarlo hasta el juicio. Luego se vio que no había motivo para ello; fueron absueltos.

En una maniobra inesperada, Velasco ha reclamado ahora su competencia para investigar los aspectos más peliagudos del escándalo de la CAN, como las dietas, que quedarían subsumidos en una investigación más amplia junto a cuestiones como la salida a Bolsa de Banca Cívica. Por el momento, la juez de Iruñea Mari Paz Benito defiende su competencia, pero si Velasco insiste el asunto llegará al Supremo, que posiblemente dé la razón a la Audiencia Nacional. La asociación Kontuz teme que sirva para echar tierra al caso.

Barcina puede contar también con la Fiscalía, una institución de férrea dependencia jerárquica respecto a Madrid. La primera intervención fiscal en los procedimientos abiertos por la CAN ha sido archivar los elementos trasladados por Kontuz sobre la participación de Barcina en una sociedad que adquirió bienes a la caja al mismo tiempo en que ella presidía su Comisión de Control, por lo que estaba en los dos lados de la operación. Para la Fiscalía, no hay nada raro.



Poder mediático y económico

La campaña estatal para apuntalar el estatus navarro se complementa en otros ámbitos. En el mediático, todo el amplio abanico de diarios de la derecha española se ha posicionado en los últimos días en contra de un adelanto electoral.

La Confederación de Empresarios de Navarra, correa de transmisión de la CEOE, muestra idéntica alarma. Para su líder, José Antonio Sarría, «unas elecciones no convienen en absoluto» y «lo que yo quiero y desean mayoriariamente los empresarios es que gobiernen los constitucionalistas, lógicamente».