Bruselas habría planteado a la naval devolver las ayudas del «tax lease» desde 2007 a 2011, y no a partir de 2005, como planteaba en un principio. Fuentes de Lakua citadas por Europa Press aseguran que esta misma tarde les ha llegado desde Bruselas esta información, si bien será este próximo miércoles, día 17, cuando el colegio de Comisarios deberá adoptar la decisión definitiva sobre el sistema de bonificaciones fiscales diseñado para el sector naval y que estuvo vigente entre 2005 y 2011, con ayudas que superaron los 2.000 millones de euros

Al parecer, los jefes de gabinete del consejo habrían decidido que la devolución de las ayudas sería desde 2007 a 2011, lo que supondría una variación respecto al último planteamiento dado a conocer por el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, quien, en una reciente visita a Donostia, aseguró que la devolución de las ayudas sería desde 2005.

Las mismas fuentes han precisado que ni los astilleros, ni los armadores deberían devolver ninguna cuantía y que serían una parte de los inversores (transformadores) los que deberían afrontar la devolución de las ayudas.

Carta de Urkullu a Almunia

Por otra parte, dentro de las labores desarrolladas por el Gobierno de Lakua para tratar de evitar un decisión negativa para los astilleros vascos, esta misma mañana el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha remitido una carta al comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para hacer un «último esfuerzo» antes de la reunión del próximo 17 de julio.

En la misiva, de la que informa Europa Press, Urkullu recuerda a Almunia que el pasado 11 de julio, junto con el ministro español de Industria, Energía y Turismo y los presidentes de Asturias y Galicia, tuvo la oportunidad de trasladarle los «criterios y argumentos jurídicos» en base a los que el Gobierno de Lakua defiende la adopción de una decisión «que no implique devoluciones en relación con el sistema de ‘tax lease’».

Urkullu señala que en ese encuentro le trasladó las «irreparables» consecuencias que acarrearía para la industria de la construcción naval, en particular, y para el conjunto de la economía y el empleo una decisión en los términos que recogen los borradores.

Urkullu asegura en su carta que, incluso en la tesis de que la devolución solo afecte a los inversores, las consecuencias serían «dramáticas». «Se calcula que entre ellos hay del entorno de 50 pequeños y medianos inversores a los que una decisión de devolución abocaría a una declaración de insolvencia», apunta.

Urkullu reitera a Almunia que existen «argumentos legales de peso suficientes» para extender «los principios de confianza legítima y seguridad jurídica» hasta el año 2011. Además, cree que no puede dejar de darse «validez jurídica» a la carta de la excomisaria de Competencia Neelie Kroes, «como acto propio y formal de la Comisión que es».