La paz definitiva se acerca a Colombia con un acuerdo sobre justicia transicional

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado un trascendental acuerdo sobre justicia transicional y víctimas, en base al cual se creará un tribunal especial para la paz. Ambas partes han acordado asimismo el plazo máximo de seis meses para finalizar la negociación y sellar un acuerdo definitivo.

NAIZ|LA HABANA|24/09/2015|15 comentarios
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Histórico apretón de manos entre Santos y ‘Timochenko’. (Luis ACOSTA/AFP)

El acuerdo conllevará la creación de una jurisdicción especial para la paz.

El Estado colombiano otorgará una amnistía «lo más amplia posible», salvo para delitos de lesa humanidad, de genocidio y otros delitos graves.

Con la presencia en la mesa de La Habana del propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y del líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko', se ha leído el comunicado en el que se acuerda la creación de un tribunal especial, en el que se juzgarán los delitos cometidos durante el conflicto conjugando la legislación penal aplicable y lo pactado sobre justicia transicional.

Para que las FARC puedan participar en este sistema de justicia deberán iniciar el abandono de las armas en un plazo máximo de 60 días tras la firma del acuerdo final que, según ha detallado Santos se firmará como tarde en marzo de 2016. En la declaración conjunta se apoya también la conversión de la guerrilla en un movimiento político legal, algo que se define como «un objetivo compartido» que «tendrá apoyo del Gobierno».

Justicia transicional

La sede jurisdiccional estará formada por dos salas: una para sentenciar, a la que llegarán los casos en los que el acusado haya admitido su culpabilidad; y otra para juzgar, a donde se remitirán las causas que requieran la comprobación de los hechos.

Será un modelo de «justicia restaurativa», lo que supone que el objetivo no es el castigo 'per se', sino la reparación del daño causado en la medida que sea posible. Así, las penas de cárcel serán sustituidas por trabajos a favor de la sociedad colombiana y especialmente de las comunidades más afectadas por el conflicto.

Entre estas penas alternativas se ha apuntado a la participación en el proceso de desminado iniciado en marzo o en obras de reconstrucción, mientras que en el ámbito económico la guerrilla entregaría dinero y tierras. Las víctimas recibirán además un perdón oficial de las FARC, como requisito indispensable para que la pretendida reparación se produzca.

El segundo eje del acuerdo de justicia transicional es la no extradición de los guerrilleros, lo cual significa que evitarán ser entregados a los tribunales estadounidenses, donde hay numerosos casos contra las FARC.

Otra novedad es que, por primera vez en la historia colombiana, la justicia transicional se aplicará a todos los actores del conflicto armado: tanto guerrilleros como agentes del Estado y otros, que hasta ahora habían quedado siempre al margen.

El texto ha sido leído por los representantes de los países garantes de los diálogos de paz: Dag Nylander, garante de Noruega, y Rodolfo Benítez, garante de Cuba. En el mismo, se detalla la intención de que los nuevos mecanismos sirvan para «acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos».

Los tribunales estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y una participación, minoritaria, de juristas extranjeros.

Santos ha asegurado que este esperado anuncio va a servir para «lograr el máximo de justicia posible para las víctimas». «El acuerdo garantiza que los crímenes más graves y representativos no quedarán en la impunidad», ha aseverado.

Amnistía

De acuerdo con el texto, el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Sin embargo, se advierte de que «no serán objeto amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual».

Los delitos de lesa humanidad tendrían penas de los 5 a los 8 años de prisión, que podrían ser sustituidas por trabajos a favor de la sociedad colombiana y especialmente de las comunidades más afectadas por el conflicto. El comunicado añade que las penas serían mayores para quienes no se presenten voluntariamente a reconocer los delitos y no reconozcan su responsabilidad.

En este sentido, el acuerdo insiste en que «todo tratamiento especial está condicionado a la verdad plena, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de los delitos cometidos».

Histórico apretón de manos

La comparecencia, en la que han estado presentes representantes de ambos bandos y de los países garantes y acompañantes, ha finalizado con un histórico apretón de manos entre Santos y ‘Timochenko’.

También han acudido a la cita de La Habana el senador colombiano Iván Cepeda y el político colombiano Álvaro Leyva Durán, ambos entrevistados por GARA Y NAIZ.

El proceso de paz comenzó el 19 de noviembre de 2012, con la instalación de la mesa de negociación en La Habana, un mes después de que se iniciasen las conversaciones en Noruega.

 

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