«Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el GGPJ no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado», ha señalado el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, en relación con la sentencia de nueve años de prisión a los miembros de ‘La Manada’ por «abuso sexual» y el juez que emitió un voto particular pidiendo la absolución.

Catalá ha reconocido que no conoce a ese juez personalmente, pero ha insistido en que «todos lo saben, los jueces». «Hay 5.400 jueces magníficos profesionales pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas que tienen dificultades», ha señalado.

«El Consejo tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial. Es un asunto muy delicado e insisto en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación y el Consejo tenía que haber actuado preventivamente», ha añadido.

No se trata, según ha matizado, de decirle al CGPJ «que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular», algo que realiza hace «en ejercicio de sus funciones», pero sí de recordar que «la independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera» y «en eso el Consejo tiene una responsabilidad».

En esta línea, ha afirmado que sería por su parte una frivolidad afirmar sin más datos, que ese juez debería estar inhabilitado y ha incidido en que «la labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades». «Esa labor la tiene que ejercer. A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema», ha añadido.

Además, Catalá ha criticado el voto particular que emitió este magistrado de la Audiencia Provincial de Nafarroa y en el que pedía la libre absolución pues no encontraba que estuviera probado el abuso sexual continuado por el que condenaba el resto del tribunal. «Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el revuelo social. En eso se podía haber actuado preventivamente y en eso el consejo tiene una responsabilidad», ha reiterado.

Revisión del Codigo Penal

En cuanto a la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, Catalá ha explicado que su encargo a un grupo de expertos en derecho penal de revisar el Código Penal para estudiar una mejora, no es legislar en caliente sino «adaptar» la legislación a la realidad social. «Son temas muy delicados pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado evitaríamos otros conflictos», ha apuntado.

«He encomendado a los expertos en esta materia que nos hagan una propuesta. Van a tomarse su tiempo, van a reunirse las horas que hagan falta y harán una propuesta que los grupos políticos valoraremos y consideraremos si merece una reforma legislativa. Yo aquí no veo precipitación ni legislación en caliente en el sentido de movida por las emociones», ha señalado.

«No había motivo» para actuar contra González, según el CGPJ

Por su parte, el vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández, ha asegurado que «no había ningún motivo» para actuar contra el juez Ricardo González antes de su participación en este polémico fallo. En declaraciones a LaSexta, Fernández se ha hecho eco de las declaraciones de Catalá.

«El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado Gonzálezç, ha sentenciado el vocal, quien ha asegurado que «no había ningún motivo» para tomar medidas sobre ese magistrado antes de su intervención en el juicio.

Fernández, quien ha declinado hacer más consideraciones sobre el tema para «no alimentar la confrontación por las declaraciones del ministro Catalá», ha recordado no obstante, que «la posibilidad de abrir un expediente» a un juez por un pronunciamiento «se ha dado en ocasiones». No entra a valorar si este podría ser el caso.

Según las agencias Efe y Europa Press, el CGPJ sancionó en julio de 2001 por «retrasos injustificados y reiterados» en sus funciones a González, a quien suspendió seis meses por «falta muy grave» cuando era juez de primera instancia de Bilbo. Las citadas sanciones previas a la suspensión se concretaron en multas por retrasos cometidos en los últimos años de la década de los 90.