Josu Erkoreka se ha referido a los contactos que mantiene la Fiscalía y las defensas de los acusados por la presunta trama de corrupción que se investiga en el ‘caso De Miguel’ para negociar un acuerdo.

El portavoz de Lakua ha recordado que el Ejecutivo está personado como actor civil en la causa, ya que es «parte interesada», debido al presunto perjuicio patrimonial causado por los miembros de este entramado dedicado al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos.

La representación legal del Gobierno de Lakua reclama algo más de 200.000 euros a los acusados por los trabajos «no realizados», pero que fueron facturados al Ejecutivo por empresas implicadas en esta presunta red corrupta.

No obstante, Erkoreka ha explicado que algunos de los documentos aportados durante el juicio apuntan a la posibilidad de que dicha cifra se viera finalmente «reducida», tal como se recoge en un informe elaborado por el propio Gobierno.

En todo caso, ha asegurado que el Gobierno defenderá la «integridad» de la Hacienda pública y reclamará el «resarcimiento» de los daños que haya podido sufrir por la actividad de esta red.

Según ha explicado, en el caso de que un eventual acuerdo entre Fiscalía y defensas incluya el reconocimiento de un «daño patrimonial» al Gobierno, este reclamará que se le devuelva «hasta el último céntimo. El interés [público] se debe ver satisfecho necesariamente en un eventual acuerdo de conformidad», ha precisado.