Andoni Txasko, Jon Ibargutxi y Luis Fuentes, portavoces de esta plataforma, han comparecido este miércoles en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara para exponer su impresión sobre la conveniencia de que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) cuente con una ley de este tipo.

El Parlamento aprobó en febrero del año pasado una iniciativa en la que solicitaba al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, que elaborase un informe que identificara las necesidades de las políticas públicas en esta materia.

El informe fue redactado por dos expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y, entre otras cosas, abogaba por que la CAV cuente con un marco legislativo integral, logrado con el máximo consenso, bien con una nueva ley de memoria o mediante la reforma de la ley de creación de Gogora.

Ibargutxi ha hecho un llamamiento a los grupos para que en el seno del Parlamento se cree una ponencia en la que se estudie el contenido y las conclusiones de este informe y que elabore una ley con las aportaciones de las asociaciones memorialistas.

A su juicio, el informe de los dos expertos «avala claramente» la necesidad de elaborar una ley y ha anunciado que van a hacer «todos los esfuerzos necesarios» para que se apruebe una norma.

«Si deciden no hacer nada nosotros vendremos con un gran apoyo social», ha apuntado en referencia a una ILP que, ha explicado, no va a partir de cero ni va a «ningunear nada de lo que se ha hecho» por parte de Gogora.

Tras afirmar que el objetivo no es solo «dignificar a las víctimas sino al conjunto de la sociedad», Ibargutxi ha considerado insuficiente la existencia de Gogora porque, ha dicho, es un «instrumento administrativo» que actúa en función de la voluntad del gobierno de turno.

Andoni Txasko ha añadido que esta ley integral deberá basarse en la legislación internacional y en los principios de «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».