Las cabeceras francesas no dudan en señalar hoy que esa alianza obligada entre el macronismo y la derecha sin complejos es un síntoma de las heridas que la crisis social y política que vive el Estado francés ha dejado muy tocado al proyecto político «transversal» de Emmanuel Macron.

Nada menos que 50 diputados de LREM optaron por la abstención, lo que revela que no son pocas las dudas que planean sobre un proyecto de ley que se ha redactado en tiempo récord y en el contexto de la conmoción generada en la opinión pública francesa por los episodios de violencia que han acompañado las movilizaciones de fin de semana de los Chalecos Amarillos.

Según recuerda ‘Le Monde’ hay que remontarse al debate, en 2017, de la reforma de la ley de inmigración para encontrar una «revuelta silenciosa» de los legisladores macronistas.

Con todo, entonces sólo una quincena de parlamentarios se atrevieron a dar esquinazo a la consigna de voto. Eso sí, aquella batalla se saldó con una renuncia, la del diputado Jean-Michel Clement, que dejó el grupo de la mayoría presidencial.

Como era de esperar, algunos de los diputados que no votaron la ley por la que se limitó más si cabe el acceso al derecho de asilo tampoco han secundado la ley «para encuadrar las manifestaciones», un texto calificado directamente de liberticida por la oposición de izquierda.

La «ley contra los manifestantes violentos»  bautizados como «casseurs» tiene apartados especialmente discutidos, como su artículo 2, que refuerza la facultad de los prefectos de prohibir por decisión administrativa una manifestación.

En todo caso, la ley viene más bien a normalizar una prerrogativa ya existente, aunque su aplicación fuera excepcional. Cabe recordar que en la presentación, el mes pasado, del plan de seguridad que regirá en la cumbre del G7 que tendrá lugar en agosto de 2017 en Biarritz, el prefecto de Pirineos Atlánticos, Gilbert Payet, dio por sentado que se prohibirán todas las manifestaciones «desde mucho antes de celebrarse la cumbre y mucho más allá del perímetro de Biarritz». Una declaración que se anticipaba, sin complejos, a la tramitación de la «ley mordaza» a la francesa.

Esta iniciativa, que ya fue respaldada con un primer voto en el Senado, regresará ahora a la Cámara Alta y se espera que para marzo complete su periplo, nuevamente en la Asamblea Nacional.

A la espera de los cambios que esa tramitación depare en la norma, el texto incluye medidas como la autorización a la policía judicial para que proceda al registro de manifestantes en las zonas de acceso a los lugares de movilización, la creación de un fichero de «autores de actos vandálicos», o el endurecimiento de los castigos, ya que prevé penas de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa para los manifestantes que lleven el rostro cubierto «sin motivos justificados».

Detenidos en Baiona

La votación de la norma que restringirá el derecho de manifestación se producía en la misma jornada en que la justicia dictaba su decisión con respecto a los cuatro adultos detenidos, el pasado sábado, tras la primera marcha nocturna de los Chalecos Amarillos en Baiona. El menor de edad estaba ya libre, pero las otras cuatro personas fueron encarceladas de forma provisional el lunes, tres de ellas en Baiona, y una cuarta de nacionalidad italiana, en Pau.

Esas cuatro personas -de ellas sólo una es de Baiona- están ya en libertad, tras recibir sanciones inferiores a un año de cárcel, aunque una de ella será juzgada el 25 de febrero.