La nueva ordenanza define el castellano y el euskara como lenguas «propias» de la ciudad. Busca garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y adaptar la normativa a la realidad social y al contexto jurídico vigente, tanto a nivel foral (Ley Foral del Euskara y decretos que la regulan) como europeo (Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias).

La ordenanza se compone de ocho capítulos, 28 artículos, una disposición adicional y otra final, que abarcan aspectos como el ámbito de aplicación de la norma, las relaciones administrativas, los derechos de la ciudadanía, la imagen municipal, todo lo relativo al personal y funcionamiento interno municipal, la toponimia, el fomento del euskara o la participación.

El nuevo texto recoge una gran parte del contenido de la actual ordenanza, que data de 1997, pero se ha optado por la aprobación de una nueva como fórmula jurídicamente más segura y clara, de forma que se eviten los problemas de interpretación y aplicación que se han ido originando por las modificaciones parciales de la norma y el tiempo transcurrido desde su aprobación.