La Fiscalía General del Estado ha presentado su voluminosa memoria anual con motivo de la Apertura del Año Judicial. Entre los múltiples datos destaca por ejemplo que la población carcelaria en el Estado ha aumentado por primera vez desde 2010. La tendencia de descenso paulatino año a año desde entonces se ha revertido, pasándose en 2018 de 58.814 personas encarceladas a 58.883. Hace una década eran unas 70.000.

Sobresale también que de todo este total son apenas el 1,68% los clasificados en primer grado carcelario, que por contra es el régimen aplicado muy generalizadamente a los miembros de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK), 248 en la actualidad. Esto hace que si bien son el 0,4% del total de la población carcelaria estatal, suponen en torno a un 20% de los encarcelados en primer grado en el Estado (990 en total).

Siguiendo con este aspecto, en torno al 60% de los prisioneros en el Estado están clasificados en segundo grado (35.726). Hay 7.801 en tercero y 3.831 sin clasificar. Del total, 9.205 son preventivos y el resto tienen condenas.

En el desglose por delitos, en primer lugar se sitúan los 19.306 encarcelados por cuestiones relacionadas con el patrimonio y económicas en general. Por homicidios y circunstancias anexas hay 3.656. Y por delitos y faltas de violencia de género, 4.389.

Recoge acciones por los presos vascos

La Memoria de la Fiscalía certifica que la amenaza de acciones violentas ligadas al independentismo vasco es «sin duda» menor que cuando ETA existía. Y añade que «la actividad desarrollada tiene por objetivo visibilizar las principales reivindicaciones de sus presos: la libertad de los considerados gravemente enfermos y de los mayores de 70 años y el acercamiento a prisiones cercanas al País Vasco». Incluye entre ellas pintadas y pancartas, además de algún corte de catenarias que vincula con la denuncia del «caso Altsasu».

Define en este bloque cinco detenciones durante 2018 -dos por «enaltecimiento» y «humillación a las víctimas», dos únicamente por «enaltecimiento» y una por «apología»–, junto a dos entregas temporales de presos vascos, cinco expulsiones desde el Estado francés y ocho entregas de París a Madrid mediante euroorden.

Sobre los conocidos como «papeles de ETA» entregados por el Gobierno francés, la Fiscalía destaca que su peritaje que han permitido presentar en 2018 dos denuncias.