Ha indicado en el Parlamento que, a su juicio, «no existe ningún obstáculo ni jurídico ni de otro orden» para poder revocar la devolución o modificar las bases de la convocatoria «en el punto concreto de la devolución», por lo que ha indicado que es una situación «de voluntad y ganas de ponerse a ello».

Por ello, ha llamado a que haya un «estudio ponderado» de la situación de cada una de las personas becadas, sin necesidad de que esta salida sea «el perdón absoluto y no se devuelva nada».

Estas ayudas, obtenidas por estudiantes reconocidos por su brillantez académica, financiaban estudios en el extranjero y establecían que los beneficiarios «deben retornar a la Comunidad Foral antes del plazo de cinco años desde la finalización de sus estudios, para desempeñar su carrera profesional durante al menos cuatro años».

Enériz, quien ha señalado que la crisis económica «puede dificultar el cumplimiento del requisito», ha recordado que los estudiantes, que recibieron estas ayudas entre 2009 y 2012, mencionaron además «la falta de transparencia y apoyo» por parte del Gobierno durante todo el seguimiento de las becas.

En referencia a la transparencia, ha apuntado que los estudiantes, un total de 23, «se quejaban de que jamás se les había hecho partícipes de las actas de la Junta de Evaluación», por lo que sostuvieron que no conocían algunos particulares del funcionamiento de sus becas.

Además, ha indicado que en este caso «se apreciaría una dinámica externa, la crisis económica, y por otro lado, que no se arbitraron las medidas adecuadas para facilitar el retorno a los interesados», hechos que ha indicado «no serían imputables en su mayoría a los beneficiarios».

En este sentido, ha apuntado que los estudiantes debían buscar espacio laboral, puesto que el programa ‘Becas Navarra’ «no incluía acuerdos laborales con empresas de la comunidad».

Por Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniain, ha llamado a recordar si la crisis económica ha llevado «a modificar condiciones de algunas entidades sociales que no podían cumplir sus obligaciones».

En este sentido, ha indicado que la administración y el departamento de Desarrollo Económico «que ahora aplica el rigor al máximo, ha prorrogado avales a empresas y no se los ha exigido de manera taxativa y rigurosa». Ha pedido al departamento que «otorgue un resultado más justo que el actual».

Ramón Alzórriz, desde PSN, ha instado al consejero Manu Ayerdi a «dar solución a una situación complicada que no solo afecta a los jóvenes navarros sino a la administración navarra».

Tras reconocer que hay una difícil «encrucijada legal», ha llamado a buscar una solución «bajo garantías legales» para todas las personas becadas y ha criticado que entre 2009 y 2012 «UPN les abría una ventana a la excelencia en el extranjero, pero ahora ven una trampa» al no poder volver a Nafarroa para aportar al herrialde las capacidades adquiridas.

Uxue Barkos, Geroa Bai, ha conminado a que se llamen «préstamos y no becas» puesto que «las bases reguladoras ya marcaba el retorno en forma de trabajo que, si no se cumplía, había de retornarse la formación». Ha lamentado que sea Manu Ayerdi quien tenga que gestionar «esta chapuza» elaborada bajo el mandato de UPN.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha subrayado la palabra «chapuza» y ha considerado que toda la problemática es «consecuencia de un programa de becas que es un despropósito», y ha lamentado que no se hiciera «un estudio de necesidades en Navarra para después gastar dinero».

Ha añadido que se han desembolsado tres millones de euros «en un programa que ha fracasado» y no se han tenido en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas receptoras.

Por Podemos, Mikel Buil ha señalado que la situación «tiene un componente de injusticia importante» y ha opinado que se trataba de un «truco o trato por la trampa del requerimiento económico posterior, un riesgo que debía haber sido medido» con anterioridad a su convocatoria.

Buil ha indicado que la media de beca es «de unos 30.000 por persona» y ha llamado a que «se contemple la situación socioeconómica» de las familias, también para su devolución.

Desde I-E, Marisa de Simón ha señalado que estas personas se encuentran «en una situación grave» y ha llamado a abordarlo con «muchísimo rigor porque es dinero de todos los navarros». Por ello, ha pedido que haya una decisión política «justa y ponderada» para todos.