El Parlamento de Nueva Zelanda ha aprobado la reforma para despenalizar el aborto y autorizar la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 20 semanas de gestación sin necesidad de argumentar ninguna razón de causa mayor. 

En virtud de una ley que databa de 1961, la interrupción voluntaria del embarazo era considerada un delito punible con hasta 14 años de prisión. Todo ello en un país reputado en no pocos aspectos como «progresista».

Aunque este castigo no ha sido nunca aplicado, la reforma de 1977 seguía sin autorizar el aborto libre y, hasta hoy, más del 98% de los que se llevan a cabo en Nueva Zelanda se realizan alegando un grave riesgo para la salud mental de la gestante. 

«Durante más de cuarenta años, el aborto ha sido el único procedimiento médico que es considerado un delito en Nueva Zelanda«, ha afirmado el ministro de Justicia, Andrew Little, quien ha lamentado que «con la legislación precedente, las mujeres que decidían abortar debían superar innumerables obstáculos». 

«A partir de ahora los abortos serán tratados como una cuestión médica, lo que permitirá a las mujeres consejos médicos y tratamientos más rápidos», se ha felicitado el ministro, justificando así la necesidad del cambio legal.

La reforma ha salido adelante en tercera lectura por 68 votos a favor y 51 en contra, por lo que para su entrada en vigor solo resta la firma de la gobernadora general, Patsy Reddy, considerada un mero trámite.

Las estadísticas oficiales de 2018 situaban la tasa de abortos en 13,5 por cada mil mujeres, casi el doble que en Alemania y al nivel de EEUU.