Es muy grave. ¿Por qué no salimos del CETI?», escribe Badir Mrayhi en whatsapp. «Me siento como un peón entre dos países, en una partida de ajedrez», insiste. Lleva en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla desde el verano de 2019 y suma ya más de siete meses de espera. No sabe qué pasará mañana con él y sus compañeros.

Un grupo de aproximadamente 800 personas procedentes de Túnez, entre ellas familias con niños o personas mayores, lleva alrededor de ocho meses en el CETI, esperando su posible traslado a la Península. A estos meses de angustia en el «limbo» se añade ahora la amenaza del coronavirus: «Hace frío por la noche, solo tengo una manta y dormimos decenas de personas en el mismo sitio», se queja.

Según el comunicado de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR), en el CETI de Melilla permanecen a fecha de hoy 1.653 personas procedentes de varios países, cuando su capacidad es de solo para 480 plazas. El confinamiento, la aglomeración, la falta de higiene y el pánico provocaron protestas hace días.
 
«Todos los jóvenes con los que he hablado están agotados; hay rumores de un caso de coronavirus y ellos quieren salir de esta situación. Cuando han empezado a protestar y manifestar su miedo, desde el centro han llamado a la policía», explica Imed Soltani, de la asociación Terre pour Tous, que desde Túnez está en contacto con los jóvenes recluidos en el CETI.

«Desde que hemos recibido las llamadas de los migrantes tunecinos, hemos alertado a las autoridades tunecinas y españolas. Hemos pedido la liberación de los que se encuentran en el CETI. No sabemos qué pasa, pero creemos que se trata de una especie de presión hacia las autoridades tunecinas por parte de las autoridades españolas para que se firme algún tipo de acuerdo relacionado con la devolución de los migrantes», teme Romdhane Ben, del Fórum tunecino por los derechos sociales y económicos.

Ello abriría la puerta al retorno forzado de los migrantes a Túnez: «De alguna manera, están allí como rehenes por cuestiones políticas». Desde el Forum creen que bloquear a la gente en Melilla es una presión para alertar a sus familiares en Túnez y enviar el mensaje de que la ruta migratoria a través de Marruecos y Melilla está cerrada, «una forma de decir que por aquí no se puede entrar».

Ellos mismos han organizado manifestaciones ante la Embajada de España en Túnez, sin ningún resultado. «Con el inicio de la pandemia hemos pedido de nuevo la liberación de la gente y que sea trasladada a otros lugares de España más seguros que cumplan con los requisitos de la OMS. Me refiero a todas las personas del CETI, no solo a los tunecinos», insiste.

La cuarentena en el CETI se ha convertido en una especie de estancia en una cárcel donde las horas pasan con angustia: «¿Saldremos de aquí? ¿Qué pasará con nosotros después del día 26? No hablo solo de los que venimos de Túnez» sigue Mrayhi. Desde el Fórum de Túnez nos explican que la mayoría de los jóvenes no quiere quedarse en el Estado español ni regresar a Túnez, sino reunirse con familiares en el Estado francés y en Italia cuando se abran las fronteras.

A pesar de los llamamientos, la posición del ministro español de Interior, Fernando Grande Marlaska, no ha cambiado, e incluso niega la necesidad de descongestionar el hacinado CETI de Melilla.

Traslado y regularización

Desde CEAR y Amnistía Internacional se ha pedido el traslado de las personas que se encuentran en el CETI debido al hacinamiento y a las malas condiciones sanitarias.

«Nosotros hacemos lo que podemos», asegura por teléfono el director del CETI de Melilla, Carlos Montero, limitando sus respuestas a la situación en el centro y remitiéndose al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, del cual depende el CETI. No obstante, el traslado a la península es responsabilidad de Interior.

«La emergencia que estamos viviendo tiene que ver también con una mala gestión previa. Pedimos que se proceda al traslado de todas las personas que se encuentran en el CETI de Melilla y que se habiliten dispositivos suficientes para que la gente pueda estar confinada como el resto de la población», explica el abogado Andrés García Berrio, codirector de la organización de defensa de los derechos humanos Iridia de Barcelona.

Dentro del CETI de Melilla, actualmente es imposible cumplir con las recomendaciones que se han hecho al resto de la población: «Resulta totalmente discriminatorio no poner en el centro de las preocupaciones el derecho a la salud y a la vida de las personas que allí se encuentran», denuncia el letrado.

Al mismo tiempo, y al igual que en el caso de los internos del CETI, solicitan papeles para las personas sin permiso de residencia en el Estado español, ya que pueden pasar meses o años de espera fuera del centro para conseguirlos.

«Estamos en un momento difícil y, desde hace años, la población que lleva tiempo viviendo aquí, nuestros vecinos y vecinas, sigue excluida de los derechos más básicos debido a la rigidez a la hora de poder tramitar los papeles. Entendemos que se ha de realizar un proceso de regularización extraordinario, similar al camino que ha abierto Portugal», concluye Berrio.