La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, Elkartu, ha pedido a las instituciones que acometan los cambios normativos necesarios para «garantizar servicios ágiles y flexibles» que ofrezcan la cobertura suficiente a este colectivo durante el confinamiento y la desescalada.

Elkartu ha dirigido varios escritos a las instituciones con las reclamaciones del colectivo tras contactar con alrededor de 200 personas con discapacidad y dependencia a las que ha preguntado sobre las carencias que han percibido como consecuencia del confinamiento, ha informado la asociación este miércoles en un comunicado.

Entre ellas, figura la «dificultad para contratar un asistente personal ante contingencias», como bajas laborales o renuncias, por lo que Elkartu demanda un «recurso de carácter público» al que puedan acudir las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

Ha pedido también que las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio «alcancen todas las necesidades que presentan las personas con discapacidad y en situación de dependencia», con la «intensidad requerida en cada caso».

Señala asimismo que alumnos con necesidades educativas especiales «no están viendo garantizado su derecho a la educación» en igualdad con el resto del alumnado tras el cierre de los colegios por lo que ha pedido información sobre las medidas adoptadas.

También ha percibido entre sus asociados «insuficiencias en el programa para el retorno al domicilio de usuarios de residencias», así como carencias en el reconocimiento a la labor de los cuidadores familiares, los cuales son «quienes han asumido en gran medida la responsabilidad de los cuidados en la crisis sanitaria».

Diálogo para diseñar las medidas

Por ello, piden que se eliminen las condiciones establecidas en el decreto foral para el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que incluye la obligación de realizar un curso de formación, entre otras.

Elkartu ha recordado a las instituciones que tienen la «obligación» de contar con las entidades del tercer sector que representan a las personas con discapacidad para diseñar las medidas que se adopten en el contexto de la pandemia.