La acción ha sido desarrollado por la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak, que ha subrayado que actualmente los servicios sociales remiten al mes de septiembre «y, por lo tanto, hacen esperar cuatro meses» a las personas que en estos momentos necesitan subsidios de emergencia «debido a que sus situaciones de precariedad se han agravado por la cuarentena forzosa por la pandemia del covid-19».

El colectivo, que lleva 27 años movilizándose por los derechos sociales, ha criticado «la falta de planificación y la carencia de empatía y solidaridad» por parte de los responsables políticos del Ayuntamiento. «No han adoptado medidas extraordinarias durante dos meses y ahora, superada la fase más grave de la crisis sociosanitaria, toman medidas tibias, que suponen mejoras insuficientes en las ayudas sociales y sólo para una parte y no para todas las familias que viven en situación de pobreza» denuncia Berri-Otxoak.

«De nada ha servido que el Gobierno Vasco enviara 900.000 euros extra para las ayudas de mergencia porque el Ayuntamiento ha seguido colocando obstáculos para tramitar estos subsidios, tanto negándose a ampliar la plantilla de trabajadoras sociales como imponiendo la tramitación telemática o exigiendo hasta 30 certificados diferentes de al menos seis instituciones y bancos, y generando así una inmensa lista de espera de cuatro meses para familias que, en algunos casos, están desesperadas porque ni siquiera tienen alimentos», ha explicado.

Al respecto, Berri-Otxoak ha recordado que, según datos oficiales del Gobierno de Lakua, «en sólo mes y medio se ha disparado en más de 1.000 el número de vecinos de Barakaldo que han quedado en el paro, pero el 64% de los 7.500 desempleados no percibe ningún tipo de subsidio y Lanbide sólo ha tramitado 42 expedientes barakaldeses en la cuarentena para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos RGI».