Su portavoz, Javier Esparza, ha recriminado además a Chivite que su oferta de estabilidad le parezca «una ofensa» cuando «lleva apelando a la responsabilidad y la unidad los últimos siete meses».

Ha puesto además en valor los acuerdos a los que UPN llegó en la pasada legislatura con el Gobierno de Mariano Rajoy, recordado el apoyo de su grupo a las medias propuestas por el Ejecutivo navarro para negar con ello acusaciones de «radicalidad» y señalado que no responde a su «oferta generosa» porque EH Bildu, un «freno» para Nafarroa, ha «acotado» su margen de actuación.

«Pero una cosa es la generosidad y otra es no tener escrúpulos», ha dicho, y advertido que «no se puede hacer política con los presos de ETA», «cambiando» su acercamiento por la aprobación de estados de alarma o presupuestos.

De las cinco propuestas de resolución presentadas por su grupo para este debate, se han aprobado las que buscan, ha dicho Esparza, hacer a Nafarroa «más competitiva gracias en parte a los fondos europeos y apostar por el diálogo social y contar con un nuevo Plan de Empleo».

En materia de covid se ha probado la apuesta de NA+ por aumentar los recursos humanos y las pruebas PCR hasta que la positividad no supere el 4% , realizar campañas de sensibilización para jóvenes y exigir una mayor transparencia informativa.

Por el contrario se han rechazado las resoluciones que proponían recuperar el «valor añadido» de una política fiscal que atraía empresas al herrialde y defender unos servicios públicos de calidad en educación, sanidad y servicios sociales, un objetivo para el que Esparza ha defendido la colaboración público-privada.

Javier Lecumberri ha indicado que el PSN comparte la primera aunque sobra «autocomplacencia», y no comparte su modelo fiscal porque el de su partido es para una fiscalidad «justa y redistributiva» y bajar los impuestos conlleva menos recursos y por tanto «debilitar los servicios públicos», un «error» cuando hay un aumento de necesidades salvo que se pretendan «privatizaciones».

El PSN ha respaldo asimismo el «sí al diálogo social», pero no las peticiones sanitarias, una propuesta «manipuladora», cuando el Gobierno esta haciendo la mayor tasa de PCR y se rastrea hasta el 70% en los positivos, por lo que ha pedido a NA+ que «deje de hacer política de barrizal en un tema tan serio como la pandemia», y rechazado la propuesta sobre servicios públicos porque «mezcla asuntos y aumenta gastos».

María Solana, de Geroa Bai, ha anunciado el apoyo de su grupo a la primera resolución de NA+ al «coincidir con mucha cosas que el Gobierno ya está haciendo», no así al resto porque su coalición apuesta por un modelo de crecimiento más sostenible, porque ya se trabaja en un Plan de Empleo, aunque con la pandemia será necesario un nuevo diagnóstico y porque «lo publico es la prioridad» y sin ingresos no se puede garantizar.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha recordado que ha habido presidentes y vicepresidentes en Nafarroa que lo fueron «gracias» a su grupo, que con Gobierno de UPN «negoció» los presupuestos y no hubo acuerdo porque sus exigencias fueron «inasumibles en términos económicos», aunque la posición del presidente era «muy favorable al acuerdo».

Y ha rechazado las propuestas de resolución de NA a favor del TAV, bajar impuestos, elaborar un nuevo plan de empleo porque sin él se han conseguido las mejores tasas de paro y defender en un «totum revolutum» los servicios públicos, pero sí ha apoyado las demandas en materia de covid.

«Se mantiene en sus fobias y está ninguneando a uno de sus socios preferentes en este Cámara», ha reprochado a Javier Esparza la parlamentaria de Podemos, Ainhoa Aznárez, que tampoco ha compartido que insista en el TAV y el Canal de Navarra cuando tiene la mayoría con PSN y Geroa Bai para hacerlo, y le ha ofrecido su poyo para políticas sociales o una fiscalidad progresiva.

Marisa de Simón, por I-E, ha apoyado únicamente las medias para luchar contra el virus, que «es lo que toca», y rechazado las restantes porque apuestan por la colaboración público-privada, por el «insostenible» TAV, por una reforma fiscal «regresiva» cuando se necesitan ingresos y si no los hay, la alternativa son los recortes, porque «excluyen» a ELA y LAB del diálogo social y porque hablan de un sistema educativo cuando «es un servicio público».