La red social TikTok ha sido condenada este viernes por la Unión Europea (UE) a una multa de 530 millones de euros (600 millones de dólares), por su incapacidad de garantizar la debida protección de los datos de usuarios europeos en China.

Durante la investigación, efectuada por la Data Protection Commission (DCP) –autoridad irlandesa de protección de datos–, TikTok ha reconocido haber albergado en el país asiático datos de usuarios europeos, algo que hasta ahora dicha red social había negado.

Se trata de la segunda mayor multa impuesta por la DPC, que actúa en nombre de la UE, pues la sede de TikTok se encuentra en Irlanda, como la mayoría de los gigantes tecnológicos. «TikTok no verificó, garantizó ni demostró que los datos personales de los usuarios (europeos), a los que los empleados de China pueden acceder de forma remota, gozan de un nivel de protección esencialmente equivalente al garantizado en la UE», ha declarado Graham Doyle, responsable de comunicación del regulador irlandés.

Ha afirmado, además, que «TikTok no abordó el posible acceso de las autoridades chinas a los datos personales (de los europeos) en virtud de las leyes chinas contra el terrorismo, el contraespionaje y otras leyes identificadas por TikTok como sustancialmente distintas de las normas de la UE».

El gigante de las redes sociales también ha infringido los requisitos dentro del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE al transferir datos de usuarios a China, asegura la declaración del DPC. La decisión de este organismo «incluye multas administrativas por un total de 530 millones de euros y una orden que obliga a TikTok a ajustar su procesamiento a la normativa en un plazo de seis meses».

TikTok ha anunciado rápidamente que planea apelar la sanción y ha afirmado que «nunca ha recibido una solicitud» de las autoridades chinas para los datos de los usuarios europeos. Asimismo, ha desvelado un «problema técnico» descubierto gracias a una vigilancia «proactiva», prueba de su «transparencia».

Esta red social lleva años en el punto de mira de los gobiernos occidentales por el temor a que China utilice sus datos personales con fines de espionaje o propaganda.