Arabia Saudita. El nuevo El Dorado. Son palabras que circulan entre economistas, asesores políticos y periodistas argentinos de todo pelaje para referirse a Vaca Muerta. Este megaproyecto de hidrocarburos no convencionales ubicado en el noreste patagónico promete salvar una macroeconomía siempre en crisis. Casi siete de cada diez barriles de petróleo y buena parte del gas que se producen en el país salen ya de esta enorme roca sedimentaria enterrada bajo la estepa neuquina. Lo que en Buenos Aires se celebra como el porvenir de Argentina, en el sur se mide en conflictos sociales y ambientales. En ríos que menguan, en acuíferos amenazados y en un suelo que, tras siglos de quietud, empezó a temblar con la llegada del fracking. La riqueza apenas roza la tierra de la que sale antes de marcharse. ¿A quién salva, en realidad, Vaca Muerta?

El presidente Javier Milei ha hecho de este yacimiento la viga maestra de su plan económico. Más allá de su relato libertario y de su estrambótica puesta en escena, la receta del presidente argentino cabe en tres palabras que Donald Trump convirtió en lema: «Drill, baby, drill». Su Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, el RIGI, garantiza a las petroleras treinta años de estabilidad fiscal, ventajas cambiarias y libertad para perforar y exportar. Así, Vaca Muerta encaja en un plan mayor, el de reconvertir Argentina en una economía volcada a exportar materias primas como petróleo, gas, aluminio, soja o carne. Con la producción de 900.000 barriles diarios, el crudo ha superado este año y por primera vez a la soja como principal producto de exportación del país sudamericano.

«La única manera de sostener la estabilidad cambiaria y de pagar la deuda externa es aumentar sin freno las exportaciones basadas en recursos naturales», resume a 7K el economista Martín Schorr. La apuesta por el fracking, sin embargo, viene de lejos, y se entrelaza con la historia de la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S.A. (YPF). Con el fin de examinar de cerca este engranaje, una delegación vasca de periodistas, sindicalistas, ecologistas y académicos se adentra en las entrañas del yacimiento, invitada por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y guiada sobre el terreno por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), que documenta desde hace más de una década los reveses de la fiebre fósil en Argentina.

SI TE DIGO DESARROLLO, ¿DECÍS NEUQUÉN?

“Si te digo Vaca Muerta, decís YPF”, reza un cartel a la salida del aeropuerto de Neuquén. La capital provincial ha crecido desbocada al calor del fracking. Allí se levantan decenas de torres, áticos de lujo, bares chic y un Hilton Garden despampanante. La semana pasada, el estadio Ruca Che acogió la Copa Davis de tenis, reflejo de la bonanza que trae el amor por el oro negro. El Gobierno provincial, que cubre cerca del 60% de sus ingresos con impuestos y regalías del shale oil y shale gas (petróleo y gas de esquisto), presume de haber asfaltado miles de kilómetros de carreteras en cada anuncio municipal colocado sobre el asfalto, aunque arrastre la mayor deuda por habitante del país y esté sujeto a los vaivenes del precio del crudo.

Más adelante, un segundo cartel insiste: “Si te digo educación, decís Fundación YPF”. La petrolera lo impregna todo, empezando por los sueldos. Los del sector, de los más altos del país, marcan el precio de la vida en Neuquén, que cuenta ya con algunos de los alquileres más caros de Argentina, por encima de Buenos Aires. Un maestro, un empleado público o un chacarero (agricultor) cobran una fracción de lo que gana un operario petrolero. Todo amor deja, por tanto, cicatrices, y las de Neuquén están a la vista. En la ciudad más poblada de la Patagonia, al menos uno de cada diez vecinos vive en un asentamiento informal, muchos pegados a las bardas, en viviendas levantadas junto a viejos pozos convencionales que aún bombean. El gas que llena los gasoductos del país pasa bajo sus pies y, sin embargo, nunca entra por su puerta. Se calientan y cocinan con garrafa.

El avance YPF en este territorio se fraguó en 2012, después de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner interviniera la empresa y anunciara la expropiación del 51% de la filial de Repsol. YPF, no obstante, conservó su estructura privada y salió a explotar Vaca Muerta de la mano de las grandes multinacionales a través de acuerdos público-privados. El más importante fue el que firmó en 2013 con la estadounidense Chevron sobre el bloque de Loma Campana, mediante el cual puso en marcha los primeros pozos de fracking de la Patagonia. Si bien la nacionalización parcial tenía hondas raíces populares, alumbró a su vez lo que las investigadoras Maristella Svampa y Enrique Viale calificaron como el «consenso del fracking», un pacto tácito que no entiende de colores ni de administraciones. En Neuquén, el poderoso gremio petrolero tiene incluso su propio partido político. «Es muy raro encontrar un lugar en el mundo donde el fracking tenga tan poca oposición social», afirma Martín Álvarez, investigador del OPSur.

¿Pero qué es exactamente Vaca Muerta? Sobre el papel, una formación de esquisto de unos 30.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Bélgica. Alberga la cuarta reserva de petróleo no convencional del planeta y la segunda de gas. La diferencia con el petróleo de toda la vida la explica Álvarez mientras el minibús que guía a la delegación vasca traquetea entre torres de perforación: «En lo convencional, el hidrocarburo está atrapado en una bolsa y es fácil sacarlo. Acá está disperso dentro de la roca, y para sacarlo hay que romperla. Es la parte casi minera del proceso, el fracking. No hay otra manera». Romperla requiere perforar tres mil metros el pozo en vertical y otro tanto en horizontal. En total, hasta siete u ocho kilómetros de perforación. Después se introducen a presión agua, arena y químicos hasta romper la roca y extraer el gas o el crudo. El yacimiento ronda ya los 3.000 pozos activos y podría albergar 20.000. Muchos pueden observarse desde Google Maps.

Vaca Muerta, afirman desde OPSur, es «un espacio de límites imprecisos y difusos». La formación como tal cabe en cuatro provincias (Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa), pero el megaproyecto, con su telaraña de pozos, plantas y puertos, alcanza siete de las veintitrés del país. La arena silícea que apuntala las grietas viene de Entre Ríos, a más de mil kilómetros, y se traslada mediante una flota de camiones casi sin interrupción. La maquinaria proviene de EEUU y Canadá. Y el crudo y el gas salen por todas partes a la vez. El gasoducto Néstor Kirchner -que Milei renombró como Perito Francisco Pascasio Moreno-, inaugurado en 2023, cruza los frutales del Alto Valle rumbo a Buenos Aires. Otros atraviesan los Andes hacia los puertos chilenos del Pacífico, y en la costa atlántica de Río Negro se levanta ya Vaca Muerta Sur, un oleoducto de 600 kilómetros que desembocará en el que será el mayor puerto petrolero de Argentina, en pleno Golfo San Matías.

Ninguna de las afecciones logísticas, ambientales o sociales que produce el flujo ininterrumpido que demanda la actividad petrolera parece atenderse desde la capital argentina, aunque desde OPsur afirman que esa distancia no es casual. «Se usa la idea del desierto, de que aquí no hay nada ni nadie, para justificar que el daño es un mal menor», explica Felipe Gutiérrez, miembro del organismo. «No es un espacio desértico, sino uno habitado, hay vida. El extractivismo es una forma de producir territorio y subjetividades», escribe por su parte la investigadora Belén Álvaro en el libro “Semillas de futuro”. Y nombrar un lugar como desierto es el primer permiso para sacrificarlo, atestiguan las comunidades que habitan los rincones menos explorados de la estepa y el litoral patagónico.

ANACONDA NO CAZA CIGÜEÑA

La Patagonia es inmensa y engaña. En la cuenca neuquina no hay glaciares que se desploman sobre el océano ni cumbres nevadas donde esquían los turistas, como en Bariloche o en la lejana Ushuaia. La estepa norpatagónica se despliega, en cambio, como un indómito secarral de arbustos bajos y arcilla colorada barrida por el viento. Solo el pulso vital de los ríos Neuquén y su hermano, el Limay, cuya unión da nacimiento al río Negro, junto al curso septentrional del río Colorado, logran quebrar semejante aridez. En sus márgenes crece el Alto Valle rionegrino, una franja verde de chacras y montes frutales, de perales y manzanos alineados entre álamos que parecen encumbrarse hacia el cielo.

A los lados de la ruta, los frutales ceden ante los pastos secos de la meseta y las torres de perforación. Donde hubo una chacra, hoy se extiende una locación, esa plataforma de grava que sirve para clavar el pozo. Por las laderas bajan serpenteando unas gruesas mangueras naranjas que la industria llama “anacondas” y que transportan hacia las fracturas el agua de esos mismos ríos que alimentan la fruta y calman la sed de las ciudades. Cada tanto, una unidad de bombeo que llaman “cigüeña” cabecea al borde del asfalto, subiendo y bajando como un pájaro mecánico que picotea el suelo. Es la silueta clásica e inequívoca de la industria petrolera.

Pero nada de todo esto empezó con el fracking. La estepa lleva más de un siglo entregándose a intereses extranjeros. El Estado argentino conquistó estas tierras a finales del siglo XIX con la mal llamada Campaña del Desierto, un exterminio de los pueblos mapuche y tehuelche que derivó en la entrega de miles de hectáreas a la oficialidad militar. Sobre ese territorio, el tendido de las vías financiado por el capital británico consolidó el avance del ferrocarril y con él, el despliegue del capitalismo colonial en la región.

Incluso la fruticultura del Alto Valle funcionó como «una típica economía de enclave para la exportación», explica Luis Tiscornia, profesor de la Universidad Nacional del Comahue. A principios del siglo XX, la Compañía de Ferrocarril del Sud pasó a controlar el acopio, el empaque y el envío de la cosecha a Europa a contraestación. «Ese oasis nació pagándole tributo a la gran propiedad y al capital inglés», resume el profesor, al lado de un edificio de la facultad que fue estación experimental de aquella compañía británica.

Más tarde llegó el petróleo. En 1922, el Estado creó YPF, y su primer director, Enrique Mosconi, señaló que, «sin monopolio del petróleo por parte del Estado, es difícil, digo más, imposible, para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado». Uruguay hizo lo mismo con ANCAP. En México, Lázaro Cárdenas expropió las petroleras extranjeras. Brasil fundó Petrobras. Era el signo de la época, y volvería a irrumpir en la región décadas más tarde, con los liderazgos de Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa.

Pero la historia de YPF, cuenta el investigador Marco Kofman en su libro “Energía, economía y poder”, es más bien la de un largo repliegue. En los años noventa, bajo el recetario neoliberal de Washington, el menemismo la vendió a la española Repsol, que durante una década la gestionó «bajo criterios rentísticos de corto plazo» hasta agotar el autoabastecimiento y forzar al país a importar gas. En 2012, con la economía dando señales de agotamiento, Cristina Fernández de Kirchner expropió las acciones en manos de Repsol y devolvió a la petrolera y al Estado un papel central. Sin embargo, la petrolera quedó asociada a las grandes multinacionales para explotar el esquisto de Vaca Muerta.

Desde entonces, cada administración ha ido cambiando el rumbo de la petrolera. Mauricio Macri la relegó y la endeudó en beneficio de las privadas, Alberto Fernández la subordinó a las urgencias fiscales de un país sobreendeudado y, con Milei, YPF ha olvidado los pozos convencionales para volcarse en Vaca Muerta, «una estrategia rentista típica de una compañía privada», afirma Kofman.

Un siglo después de la llegada los ingleses, el vergel se apaga poco a poco. Los productores del Alto Valle han caído de 3.500 a menos de 1.700 en quince años y la superficie de perales y manzanos se ha encogido a 35.000 hectáreas. Un puñado de empresas exporta ya el 80% de la fruta. Ahogado por las deudas, el chacarero acaba dejando que una petrolera explote su parcela. Los gobiernos venden la idea de que fruticultura y fracking pueden convivir. «No es más que un espejismo», replican los autores de “Semillas de futuro”.

En una región donde solo caen doscientos milímetros de lluvia al año, la fruticultura, las industrias y los hogares dependen del agua de los ríos. Pero el fracking es un pozo sin fondo. Una sola perforación puede tragarse 140 millones de litros. Según OPSur, un pozo del yacimiento Fortín de Piedra utilizó en un año 108 millones de litros de agua y 15.000 toneladas de arena. Si se pusieran en fila los camiones que hicieron falta, la caravana mediría más de cuarenta kilómetros. Y a la petrolera, antes, el litro le costaba seis milésimas de peso, pero el enorme consumo llevó a la provincia a subir ese canon. Gran parte de este suministro se extrae, además, del lago Mari Menuco, el embalse que abastece a tres de cada cuatro habitantes de la capital y que ahora tiene pozos fracturando en la orilla. Es el principal reservorio de agua potable de Neuquén y Río Negro y ya ha sufrido fugas de hidrocarburos que afectaron a sus orillas. El problema es que, para que sea rentable, hay que perforar sin descanso, abrir más y más pozos.

PATAGONIA, CAPITAL DUBAI

El día que la delegación vasca viaja hacia Añelo, a 100 kilómetros de Neuquén, varios helicópteros cruzan el cielo. En uno de ellos vuela Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), camino de Loma Campana. La escoltan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de YPF. La visita abre los telediarios. En Argentina, lo que hace la jefa del FMI se sigue con la misma atención que el precio del dólar o el último gol de Messi. En rueda de prensa, Georgieva no se anda con rodeos. La energía argentina, afirma, es la garantía de la deuda. Una deuda que su propio Fondo cifra en más de 50.000 millones de dólares que se remonta a la gestión de Macri.

Loma Campana se encuentra a diez kilómetros de Añelo. Hace quince años, esta localidad vivía de la cría de ovejas y chivos. Hoy es la capital del fracking. Ha doblado su población hasta los doce mil habitantes, y otros quince mil obreros pernoctan allí entre turno y turno. Por este crecimiento al calor de las inmersiones millonarias, el diario “Clarín” llegó a denominarla como la Dubái argentina.

La ciudad trepó sin plan urbanístico hacia la meseta. Así nació una segunda urbe de polvo y viento sobre el casco urbano, con hileras de barracones levantados para alojar a los operarios de pozo. Los grandes capitales financieros inyectaron fortunas en las extracciones, pero lo único que recuerda a Nueva York es la réplica del toro de Wall Street que preside una de las entradas del pueblo. «Casi nadie puede vivir acá», cuenta Álvarez. «En una pieza meten cuatro, seis, ocho cuchetas. Muchos comparten la cama caliente, uno duerme de día y otro de noche según el turno, que dura doce horas». Una cama en esas habitaciones compartidas puede costar alrededor de mil dólares al mes.

Al amparo del boom del fracking emergieron nuevas problemáticas sociales. El rápido crecimiento vino acompañado de casinos, prostitución y trata, redes de estupefacientes y alcoholismo. El embarazo adolescente se ha disparado y los índices de violencia machista se multiplicaron. «Es una industria brutalmente masculinizada», resume Álvarez. Los pozos rodean las casas y los mecheros queman el gas sobrante a pie de vivienda, provocando problemas respiratorios y sarpullidos crónicos. El único hospital tiene un área de pediatría financiada por Chevron, según denunció el sindicato de salud. Mientras tanto, las petroleras reparten revisiones dentales y oculares entre la población. Muchos activistas sospechan que, de paso, miden en esos cuerpos la huella de la contaminación.

SE MOVIÓ TODO

Sauzal Bonito, un pueblo encajado frente a uno de los mayores yacimientos de gas del país, nunca había registrado un sismo. La tierra empezó a temblar en 2015, con la llegada del fracking, y desde entonces la región acumula más de 400 temblores. «Es una sismicidad inducida y muy superficial. Se libera a cinco o seis mil metros y llega enseguida a la superficie, se parece más a una explosión que a un terremoto. Sientes un ¡boom!, y se te movió todo», explica Álvarez. Cuando las asambleas empezaron a advertirlo, las tacharon de «terroristas ambientales», mientras YPF anunciaba en los diarios locales que había «cero probabilidad de sismos».

El fracking también deja emisiones de carbono y montañas de residuos. Cada pozo genera lodos y recortes de perforación cargados de químicos, y las plantas de tratamiento no dan abasto para procesarlos. En Neuquén capital, la empresa Comarsa apiló durante años esos barros tóxicos a cielo abierto y los quemaba en hornos, día y noche, en un parque industrial que la ciudad acabó rodeando de barrios. La contaminación bajaba a las casas y se dispararon los problemas respiratorios, sobre todo entre los niños.

La protesta vecinal logró una ordenanza que aleja los basureros petroleros al menos ocho kilómetros de la población, pero Comarsa siguió acumulando hasta acabar en los tribunales. «El lado B de Vaca Muerta son los pasivos ambientales que van a quedar en la provincia», resume la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, querellante en la causa contra Comarsa.

A esos pasivos se suman los accidentes laborales. Entre 2017 y 2022 murieron quince obreros en las locaciones debido a las severas condiciones de la actividad, mientras que la arena de sílice que viaja hasta los pozos expone al riesgo de silicosis a quienes la manipulan sin el equipamiento adecuado. En cada pozo de fracking pueden usarse más de trece mil toneladas de arena, lo que equivale a un cargamento de unos 370 camiones.

Quienes más han resistido son las comunidades mapuche, dueñas ancestrales de este suelo, sobre el que hoy se levantan torres de perforación. Muchas de ellas ni siquiera cuentan con el reconocimiento legal que les permitiría defender sus territorios del avance extractivo. Desde la ruka de la Confederación Mapuche de Neuquén, se denuncia sin descanso que quienes «de verdad mandan en la provincia son las petroleras», y que todo reclamo territorial se responde con criminalización y violencia. Pagi, de la comunidad Lof Newen Mapu, explica a 7K que, tanto él como su hijo, han sufrido los estragos de la represión policial en cada protesta antipetrolera.

En su informe sobre el rumbo económico de Milei, el OMAL lo describe como la punta de lanza de un modelo primario-exportador y dependiente, que impulsa también la megaminería de litio, cobre y oro a lo largo de la cordillera, junto a la posible instalación de centros de datos que devoran agua y energía. Para asegurar las ganancias de las multinacionales durante las próximas décadas, el Gobierno impulsa el Súper RIGI, un proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario. Esta nueva normativa busca otorgar privilegios fiscales todavía más excepcionales y transferir la resolución de cualquier conflicto a tribunales de arbitraje internacionales. Esta vieja fórmula promete una lluvia de divisas, pero termina repartiendo pobreza, convirtiendo al territorio en una zona de sacrificio. Mientras en los despachos de Buenos Aires todavía se encandilan con la ilusión de un nuevo El Dorado, aquí, en la estepa norpatagónica, el viento sigue soplando sobre la tierra abierta y solo quedan cicatrices.

Un negocio al alza en un mundo en crisis

 

YPF encabeza la producción de crudo en Vaca Muerta, seguida de empresas como Vista Energy, Pan American Energy, Chevron y Pluspetrol, que se quedó con los activos de Exxon. En el gas mandan la francesa TotalEnergies y Tecpetrol, del imperio Techint de Paolo Rocca. Media docena de empresas se reparten más del 80% de los hidrocarburos de la estepa patagónica, muchas a través de filiales en Delaware o Países Bajos, que trasladan sus beneficios al exterior. La próxima apuesta es el gas natural licuado, con dos proyectos de plantas flotantes en el Golfo San Matías para vender a Europa y Asia. El bloqueo del estrecho de Ormuz, la guerra en Ucrania y el aumento del precio del barril han disparado la demanda y colocan a Vaca Muerta en el radar mundial.

Mientras tanto, el 80% de la electricidad de los hogares argentinos se genera quemando combustibles fósiles. Y todo esto solo parece el principio porque, de esos 30.000 kilómetros cuadrados del yacimiento, solo el 10% ha entrado en producción.