L as personas afectadas por las cláusulas suelo esperan confiadas a que termine la batalla judicial, después de cinco años de litigios en los juzgados. La contienda entre los afectados y la banca se puede comparar con el enfrentamiento entre las fuerzas desiguales de David y Goliat, con el agravante añadido de una clara posición del Estado a favor de los intereses financieros.

Esta tutela quedaba clara con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que amagaba y no daba. Porque, si bien reconocía la ilegalidad de la cláusula, paradójicamente no contemplaba el carácter retroactivo a la hora de la devolución del dinero cobrado fraudulentamente. Lisa y llanamente, desaparecía la cláusula a partir del 9 de mayo de 2013 y lo anterior quedaba a beneficio de inventario pa&discReturn;ra el usurero.

Por su parte, tampoco el Gobierno español &discReturn;ni las comunidades autónomas ejercieron sus potestades sancionadoras, dejando al consumidor más solo que la una al ignorar el mayor fraude bancario que se había cometido en la historia. Pero el tiempo todo lo pone en su sitio –casi siempre– y la intervención positiva del alto Tribunal de Justicia europeo marcaba un antes y un después en la contienda. La mala praxis bancaria española quedaba al descubierto, como también la falta de tutela al consumidor.

En los últimos meses el Supremo español ha ido modificando su rumbo, afortunadamente, si bien varios juzgados de Primera Instancia ya se habían anticipado, al desmarcarse de la tesis del alto tribunal de forma clara y estableciendo que «la nulidad de la cláusula implica dejarla sin efectos desde que nace. Como si no hubiera existido».

El momento es de impasse, a la espera de un pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia europeo sobre los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo, cuya interpretación, como es sabido, está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el Tribunal de Justicia europeo. Esperemos no tener que redactar una victoria pírrica y que se haga justicia real.