Nos hemos acostumbrado a tenerlos entre nosotros, pero la mayoría no nos preguntamos por qué han venido hasta el lugar donde vivimos. Son gentes del África subsahariana, que han atravesado tierra y mar hacia Europa en un viaje lleno de sufrimiento y de peligros. Muchos de ellos han muerto en el intento. Son migrantes económicos: desde hace más de dos décadas, necesitan subsistir y sustentar a sus familias en su punto de origen. Gran parte de la causa de este tipo de migración está originada por la actividad de las empresas multinacionales, que se han instalado en sus países y han despojado a la población local de sus recursos básicos y necesarios. Estas compañías acaparan sus tierras para destinarlas a monocultivos para los mercados internacionales. Y cuando se trata de países con acceso al mar, actúan otras que sobreexplotan su riqueza pesquera.

«El modelo de empresas mixtas y la venta de derechos de pesca han eliminado en quince años la pesca local y, con ella, el principal medio de obtención de proteínas en Senegal. Se ha acabado con el equilibrio sociocultural de la región y con el medio de vida de 47.000 pescadores artesanales. Y estos son procesos irreversibles que las empresas que los generan no pueden solucionar». Son palabras de Kiko Ortiz, del Observatorio de la Deuda y la Globalización, que ya advertía y denunciaba en 2009 de las consecuencias de la llegada a ese país de un modelo de explotación exógeno y depredador.

La pesca tradicional de estas comunidades se ha visto diezmada por la presencia de grandes buques pesqueros extranjeros y de arrastre, hasta el punto de que los pescadores senegaleses no pueden subsistir ni mantener a sus familias. A muchos no les queda otra opción que emigrar. El senegalés Daouda Dieye, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes en Barcelona, que ha vivido de cerca esta presión de la pesca extranjera, declara: «Ya no teníamos pesca. Nos quitaron nuestro puesto de trabajo; tuvimos que abandonar nuestra profesión de toda la vida».

Los acuerdos bilaterales de pesca con la Unión Europea entre 1979 y 2006 tienen mucho que ver con esta situación de expolio de recursos. En el acuerdo europeo UE-Senegal para el periodo 2002-2006, 125 barcos europeos consiguieron el acceso a las aguas senegalesas, sin límites de captura, a cambio de ofrecer ayuda financiera y técnica. La pesquería de la UE entraba, pues, en competencia directa con las embarcaciones artesanales senegalesas. El último acuerdo de la asociación del sector pesquero de la UE con Senegal, que entró en vigor en 2014, tiene vigencia hasta noviembre del 2019.

Investigación y denuncia de las ONG. VSF Justicia Alimentaria, en su campaña del 2012 “Paren, aquí vive gente”, expone que la globalización impulsada por las políticas neoliberales ha reducido drásticamente los derechos de acceso a los recursos pesqueros de la población local. Las capturas en los caladeros se están agotando por la sobreexplotación y las formas agresivas de pesca. La mayoría de los barcos que operan en la costa senegalesa son de bandera española, como Pescanova y Senevisa. No en vano el Estado español tiene un 47 % de cuota sobre el total de toneladas permitidas en la modalidad demersal (pesca de profundidad).

Por otra parte, Greenpeace registró en las aguas de Senegal, Guinea, Guinea-Bisáu y Ghana 82 actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada (IUU, en sus siglas en inglés) entre los años 2010 al 2014. Se identificaron 74 barcos que pertenecían a la mayor compañía china de aguas distantes, China National Fisheries Corporation. La flota pesquera china que opera en esas aguas pasó de trece buques en 1985 a 462 en 2013, con el resultado de una grave disminución de las poblaciones de peces a lo largo de la costa occidental africana en las últimas décadas; un grave expolio de recursos ajenos. «Sus barcos y sus compañías pesqueras están aprovechándose de la débil gestión y vigilancia de las autoridades africanas. Estas prácticas causan un enorme daño social, provocan la sobreexplotación de las pesquerías y dañan el medio marino de la zona». Así se expresa Celia Ojeda, responsable de Océanos y Pesca en Greenpeace, quien, además, revela que esta gestión debería importar a gobiernos como el español, ya que se podría estar descargando este pescado ilegal en puertos como el de Las Palmas, según ya denunció Environmental Justice Foundation en 2007.

Consecuencias en la población local. El impacto de la sobreexplotación, ya sea autorizada o ilegal, es que la temporada de pesca se ha acortado año tras año, y la cantidad de piezas capturadas es cada día menor. Los pescadores senegaleses son bien explícitos: «Antes no necesitábamos alejarnos demasiado. Pero ahora cada vez es más difícil encontrar pesca cerca de la costa», afirma Ibou Ndiaye, de la población de Kayar. «En los últimos años tenemos que ir mar adentro e invertir en tiempo y gasolina. Hay días que vuelves sin haber pescado nada», asegura Mor Diallo. «Antes era extraño ver tantas barcas en la arena sin faenar, solo pasaba cuando había temporales. Tampoco era normal ver el secadero de pescados una parte del año casi vacío», concreta Abdou Fall, de la misma localidad.

La pesca artesanal en esta área costera occidental es de vital importancia, tanto por el alimento que aporta a la población como por los puestos de trabajo que genera. En la actividad pesquera no solo participan los hombres. Las mujeres tienen un papel muy importante en la transformación y comercialización del pescado. Si se reducen las capturas, se pierden puestos de trabajo y los precios aumentan, y eso les repercute también en la posibilidad de alimentarse suficientemente. Se estima que desde el año 2010 hasta 2016 la IUU ha reducido en 300.000 el número de empleos en los sectores artesanales de dicha zona. Por ejemplo, en la localidad de Kayar, uno de los efectos de la carestía y sobreexplotación de la pesca ha repercutido negativamente en la industria local dedicada al proceso del producto fresco, empaquetado y envío del pescado. Se han cerrado empresas con grandes naves dedicadas al procesamiento de este alimento, generando la pérdida de empleo local, básico para la subsistencia de la población.

Tierra adentro, a más de 150 kilómetros de la costa senegalesa, como en la localidad de Toukar, se pueden apreciar las consecuencias del descenso de las capturas de pescado. La dieta de la etnia serer, que vive en esta zona, utiliza como fuente principal de proteína animal el pescado, ya sea seco o fresco. Pero los escasos recursos económicos de los aldeanos no pueden hacer frente al incremento de los precios de dicho producto y su alimentación se resiente. Si aumentan los precios provocados por la escasez de pesca, se agrava la situación.

Consecuencia indirecta de esta situación, y que no suele aparecer en las informaciones sobre la migración subsahariana, es la decisión que toman algunas familias senegalesas de empujar a la emigración a algún componente de la familia para que luego éste les envíe dinero para poder subsistir. Y no solo son las personas las que cambian su comportamiento, sino también las barcas artesanales, que se convierten entonces en pateras para el transporte de la desesperación.

La reacción es necesaria. Esta injusticia flagrante está en la agenda de diversas organizaciones que realizan incidencia política a nivel regional e internacional. VSF Justicia Alimentaria, Environmental Justice Foundation y Greenpeace, entre ellas, denuncian y presionan para que se cumpla la normativa internacional y para que se controlen los convenios de colaboración entre los estados y organismos supraestatales. Así como para que se tenga en cuenta la población a la que afectan esos acuerdos, y no solo se valore el rendimiento económico a corto plazo, que es el que engorda las cajas de las empresas transnacionales. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe “El estado mundial de la pesca y la acuicultura” de 2016, señala iniciativas como el crecimiento azul –restablecer el potencial de los océanos y humedales mediante la adopción de enfoques responsables y sostenibles– y los esfuerzos para combatir la pesca ilegal. Y el “Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal”, no declarada y no reglamentada que entró en vigor en junio de 2016, intenta que se sumen más países para lograr erradicar, a través de mecanismos de control, la pesca ilegal. Tal como publica la FAO, hasta octubre de 2017, 49 estados y una organización miembro de la UE han depositado instrumentos para adherirse al Acuerdo. Además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París influirán notablemente en la pesca y la acuicultura, si se cumplen y no acaban siendo solamente papel mojado. En consecuencia, tocará al sector desempeñar la función que le corresponda con el fin de lograr los objetivos sociales, económicos y ambientales establecidos en los acuerdos anteriores.

Mientras tanto, la sociedad civil europea, a través de sus colectivos y asociaciones, seguirá trabajando para concienciar a la población receptora de esas pesquerías de lo que implica su consumo y promocionando la alternativa de consumo de proximidad y de temporada, con el fin de no castigar la alimentación básica y los derechos humanos de las poblaciones vulnerables del sur.