Elmer Vásquez, de 49 años, busca a su mujer y sus cinco hijos, enterrados bajo toneladas de tierra, ceniza y lava en San Miguel Los Lotes, conocida como la “zona cero” tras la erupción del volcán de Fuego, en Guatemala. Vásquez, agricultor, lleva el rescate por su cuenta. Siente que el Gobierno le ha abandonado, que no envía bomberos porque está centrado en la carretera que une El Rodeo con Alotenango, que fue completamente sepultada. «Estamos sacando a nuestros muertos nosotros mismos. ¿Crees que esto es justo? Este presidente que tenemos… Se llena la boca para decir que están apoyando, pero es mentira. Las máquinas están en el camino y nuestros familiares debajo de la tierra, pudriéndose», dice junto a un agujero en la tierra. Ahí estuvo su casa. O lo que queda de ella. Ahí, se supone, están Lubia Nib Gualib, su esposa; y Jorge Ariel, Helen Floridalma, Randi Noé, Sheila Prisicilla y Larry Jariel, cinco de sus siete hijos.

La tragedia ha golpeado el país centroamericano. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se ha certificado la muerte de 110 personas y se busca a otras 197. El domingo 17 de junio, dos semanas después del desastre, el Estado suspendió definitivamente la búsqueda.

Encontrar a los muertos es una lucha precaria contra los elementos. Son amigos y familiares de Vásquez, de Alejandro Esquequé (45 años y ocho familiares desaparecidos) o de Eufemia García (48 años, busca a 47 familiares) los que sacan la tierra y realizan labores de forense. El terreno es hostil. La zona huele a muerte, a podredumbre. Cuando se saca un cuerpo entre los escombros hay quien tiene que aguantar las arcadas. Ocurre el miércoles 13 de junio. Una empresa privada ha prestado tres excavadoras a las víctimas, convertidas en rescatistas. El resto apoya con palas. El rostro cubierto por una mascarilla. Algunos llevan guantes, aunque no son mayoría. Otto Samayoa, amigo de Vásquez, cree haber encontrado un resto de carne, lo que antes fue una persona. Los que trabajan en el fondo el pozo piden una cuchara. Sí, una cuchara. Una como la que se utiliza para comer la sopa es el material con el que las familias de las víctimas sacan a sus seres queridos.

A estas alturas, lo que se encuentra son restos descompuestos. Llevan más de una semana enterrados bajo tierra incandescente. Son los de Floridalma, la segunda hija. Lo sabe el padre, dice, porque reconoce el pelo. Así, a simple vista, uno no distingue nada. Pero quiénes somos para contradecir a un padre que ha perdido a casi toda su familia.

Con mucho cuidado, el hombre que trabaja en el fondo del pozo va dejando el cadáver en un cubo, donde sigue mezclado con la tierra. Solo entonces aparecerá un equipo de la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército. «Nosotros rescatamos a vivos, no a muertos», dice uno de los uniformados, que no quiere dar su nombre. En su opinión, el terreno debería ser declarado cementerio y no perder más tiempo en la búsqueda de cadáveres. Cree que se está arriesgando la vida de personas por gente a la que ya no se puede salvar.

Regresemos al domingo 3 de junio, el día en el que el tiempo se paró en las faldas del volcán de Fuego. Elmer Vásquez salió de su casa por la mañana. Aprovechó que era festivo para ver cómo se encontraban unos cultivos de su propiedad. Eso le salvó de la muerte. El coloso, de 3.763 metros de altura, eruptó como nunca. «Vi cuando venía pero no me dio tiempo. Cuando regresé, había pasado la lava», dice el agricultor junto a lo que antes era su casa.

La importancia de la clase social. Una lección que se aprende con la tragedia: si eres pobre tienes más probabilidades de morir. Lo saben los guatemaltecos que sufren la violencia, que anualmente mata a 26 por cada 100.000 habitantes y se ceba especialmente en los barrios populares. Lo saben ahora las víctimas del volcán, quienes pudieron comprobar cómo la clase social importa a la hora de salvarse de un desastre natural.

La diferencia en la evacuación entre San Miguel Los Lotes y el resort La Reunión es un ejemplo claro. Ambos están ubicados a las faldas del volcán. En la aldea, decenas de personas murieron durante el desastre. El campo de golf ha sido arrasado pero ninguno de sus usuarios sufrió un rasguño. Para cuando la lava llegó al complejo ya habían sido evacuados y se encontraban en sus casas en Ciudad de Guatemala, a una hora en coche.

No se puede olvidar que el Insivumeh (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología) lanzó nueve alertas entre las 6 de la mañana y la erupción que provocó la tragedia. A pesar de ello, Conred no evacuó San Miguel Los Lotes. Un par de horas antes del desastre, la cuenta de Twitter de la institución lanzaba un mensaje en el que instaba a la calma y no recomendaba abandonar los domicilios. Para cuando se dio cuenta de la magnitud de la tragedia, decenas de personas no tenían más margen que encerrarse en sus casas, pensando que lo que caía era ceniza. Sus viviendas se convirtieron en sus tumbas. Todo lo contrario a lo que había ocurrido en La Reunión, que ya había sido evacuada.

Testigo de cómo se desarrolló todo el proceso es Ramiro Chaba, de 36 años. Trabajaba como camarero en el complejo. Para las 11:30 horas, la gerencia del hotel tomó la decisión de evacuar. Para las 13:00, ya estaban fuera. Dos horas después, la lava se llevó por delante todo el complejo. Eso ha generado críticas desde diversos sectores, que acusan al Gobierno de haber proporcionado información privilegiada a la empresa.

«No fue así», rebate Chaba. «El hotel estaba preparado con su zona de evacuación, todos estábamos instruidos con cursos y capacitaciones. Sabíamos cómo sacar a los huéspedes, cómo salir nosotros… Mucha gente cree que fue así, pero el hotel estaba preparado», dice, junto a la iglesia de Alotenango, uno de los municipios cercanos a la “zona cero”. Como se ha quedado sin trabajo, dedica sus jornadas a recopilar víveres en el templo y repartirlos a los afectados.

La razón por la que las doscientas personas que aquel domingo se encontraban en el resort demuestra hasta qué punto la ineficiencia del Estado provoca víctimas. El Insivumeh, que es la institución que debe alertar en caso de movimientos sísmicos o volcánicos, no tiene internet ni electricidad en la zona. Así que se lo pide prestado al campo de golf, que le deja trabajar en sus instalaciones a cambio de que hagan llegar sus boletines. No es información privilegiada porque se trata de informes públicos. Sin embargo, es posible que tener a los funcionarios encargados de los volcanes al lado te sirva para dar verosimilitud a la amenaza. Todos los testimonios coinciden: nadie fue a San Miguel Los Lotes a avisar que había que evacuar. Es cierto que el volcán se comportó de manera distinta, que la lava y los gases tóxicos no siguieron por los cauces de los ríos que habitualmente emplean. Eso no se podía prever. Sin embargo, la gran mayoría de los muertos son pobres, vecinos de aldeas cercanas al volcán en las que residían mayoritariamente campesinos, gente que apenas gana 35 quetzales por jornal (algo más de 3 euros).

No sabemos si algún día sabremos si existieron irresponsabilidades punibles. Por el momento, el Ministerio Público lo investiga. Consuelo Porras, fiscal general, es considerada como una figura cercana al presidente Jimmy Morales. Guatemala sufre una profunda crisis política desde hace tres años. En aquel momento, el entonces presidente, Otto Pérez Molina, fue detenido por liderar una red de corrupción que habría saqueado miles de millones al Estado. El descontento hacia el actual jefe de Gobierno, elegido en 2015, no ha hecho sino incrementarse.

El problema, sin embargo, va más allá del actual Gobierno. Se trata de algo estructural. La pobreza afecta al 60% de la población de Guatemala, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2014. Además, la ONU ha llamado la atención sobre el hecho de que el número de personas con escasos recursos se incrementó en casi diez puntos entre las dos primeras décadas de siglo.

Preguntas sin responder. En este contexto, se ha generalizado una pregunta en la opinión pública: ¿Por qué el Estado permitió que miles de personas residiesen a las faldas de un volcán que está activo desde hace años? Nadie ofrece respuestas. En un primer momento, el vicepresidente, Jafeth Cabrera, trató de culpabilizar a los pobladores, asegurando que eran ellos los que no habían querido moverse.

Es cierto que en las inmediaciones de la “zona cero” hay diversas poblaciones (según Conred, 21 aldeas, de las que siete se han visto afectadas por el volcán) cuyos habitantes han puesto resistencia a evacuar. Tienen miedo de ser desalojados porque creen que pueden robarles. Lo explicaba Inés Martínez, de 50 años y residente en el caserío San Felipe, en el municipio Siquinalá, también junto al coloso. La primera semana de la tragedia, cuando todavía se buscaban a supervivientes, un grupo de voluntarios llegaba a la aldea para instarles a abandonar el lugar. Martínez y sus vecinos no lo veían claro. «Si uno se va, los amigos de lo ajeno no le dejan nada», decía la mujer. Para llegar a esta aldea hay que atravesar tres ríos: el Jute, Las Cañas y el Achiguate. Las intensas lluvias de la temporada los desbordan y provocan que se arrastre material volcánico, lo que deja a estos caseríos incomunicados. A pesar de ello, los vecinos prefieren quedarse vigilando que nadie robe. Hay que recordar que el día de la tragedia, cuando la gente bajaba con la piel abrasada, hubo quien subió a las aldeas cercanas a la zona del desastre para robar.

Solo la pobreza explica estos fenómenos. Sobre lo que nadie ha ahondado todavía es en por qué miles de personas residían en zona de riesgo. Algunas de las aldeas datan de finales del siglo XIX y fueron fundadas por colonos que trabajaban en el café o la zafra. Pero existen otras mucho más nuevas, de hace apenas veinte años, y que contaron con el impulso del Gobierno, en aquel tiempo en manos de Álvaro Arzú. Se trata, por ejemplo, de la colonia 15 de Octubre La Trinidad. Se trata de una comunidad fundada por retornados del conflicto armado. Es decir, guatemaltecos que huyeron a México en 1982, cuando gobernaba Efraín Ríos Montt y se produjo la mayor parte de los crímenes que los jueces consideraron “genocidio”. Según explica Simeón Camposeco, uno de los líderes comunitarios, en 1998 decidieron regresar a Guatemala. Tras observar varios terrenos, 134 familias compraron el terreno junto al volcán por 12 millones de quetzales (algo más de 1,3 millones de euros). Llegaron en 25 autobuses, tras un largo periplo desde el vecino del norte, donde habían permanecido exiliados. «Nadie nos dijo que estábamos en riesgo», asegura este hombre, antiguo combatiente del Ejército Guerrillero los Pobres (EGP) y actualmente al frente de una cooperativa de café. Su gran preocupación es el estado en el que han quedado los campos. Cree que no se podrá recuperar la producción hasta dentro de tres años. Todo un drama.

Por el momento, el Gobierno de Guatemala ha anunciado la construcción de mil viviendas temporales que servirían para descongestionar los albergues. Posteriormente, los damnificados serán trasladados a sus nuevas casas, ya que El Rodeo y San Miguel Los Lotes han sido declaradas inhabitables. No sabemos cuál es el número real de víctimas. Ni tampoco cómo se les va a ayudar, teniendo en cuenta que la mayoría son agricultores que han perdido sus cultivos.

El volcán ha llevado a Guatemala a un estado de shock que ha golpeado a sus sectores más vulnerables. Si el Gobierno de Morales no fue capaz de evitar la tragedia, no parece que tampoco vaya a poder resolver las necesidades de miles de afectados.