A Felipe Xo lo mataron una mañana del último octubre en el barrio El Zapotillo cuando iba con sus hijos de camino al lago. Tomás Che lo escuchó todo desde su casa. Primero se oyeron las voces de la discusión y después la salva de disparos. Los vecinos encontraron el cuerpo tendido boca abajo sobre la tierra seca y tuvieron que esperar cinco horas antes de que llegaran los funcionarios del Ministerio Público. Aturdidos por el bochorno del mediodía, los niños se apretaban contra el cordón de plástico amarillo para ver cómo evacuaban el cadáver. En el lugar del crimen solo quedó un coágulo de sangre.

Todo el mundo en El Estor sabía que Felipe Xo era fundador de la Gremial de Pescadores y que venía de una larga enemistad con los patronos de la minería. Aunque la empresa lo desmiente, los pescadores mantienen que el asesino ha trabajado como lanchero para la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial que regenta el proyecto Fénix en nombre de la multinacional Solway. Se trata de una de las minas a cielo abierto más grandes de Centroamérica. Sus detractores se exponen a riesgos letales y Felipe Xo no es el primero que corre la peor de las suertes.

Los camiones mineros llegan a El Estor por una carretera sin asfalto que avanza a duras penas entre campos de maíz, cabañas con techos de palma e iglesias evangélicas. A orillas del lago de Izabal, junto a una pirámide de desperdicios, la planta de tratamiento de níquel levanta sus chimeneas con una estatura descomunal de trasatlántico encallado. En sus intestinos empieza la metamorfosis del metal. Solway es una firma de sede suiza fundada por el magnate ruso Aleksandr Bronstein. En otras épocas, no obstante, la fiebre del níquel tuvo capital canadiense. Fue entonces cuando reventaron las primeras discordias.

Allá por 1970, bajo el clima espectral de la Guerra Fría, el coronel Carlos Manuel Arana Osorio se ciñó al pecho la banda presidencial de la República entre promesas de paz social y mano dura. Lo llamaban “Chacal”. Tenía el ceño adusto de un general bananero y había hecho carrera contrainsurgente en el departamento de Zacapa, con el auxilio paralelo del Ejército de los Estados Unidos y de los escuadrones de la muerte. Así pues, a nadie le sorprendió que interrumpiera las garantías constitucionales y declarara el estado de sitio cuando cumpió cuatro meses escasos como presidente. Aquella era una oportunidad espléndida para las inversiones mineras de la canadiense Inco y su filial Exmibal.

A sabiendas de que Exmibal codiciaba el níquel de El Estor, la Universidad de San Carlos nombró una comisión que debía evaluar los perjuicios de la iniciativa. Estaban Julio Camey, Adolfo Mijangos y Alfonso Bauer. A Julio Camey lo balearon apenas entró en vigor el estado de sitio. Adolfo Mijangos murió acribillado por la espalda en las inmediaciones de su bufete. Alfonso Bauer sobrevivió a dos atentados y tuvo que resignarse al exilio. Bajo los auspicios del Gobierno y en una atmósfera de terror y de zozobra, Exmibal suscribió el contrato minero.

El despojo de tierras fértiles iba a marcar a la región con una impronta homicida. En El Estor, los mayores aún recuerdan la matanza del 78, más que nada porque el río Polochic transportó los cuerpos hacia el lago. Una mañana de mayo, la lideresa maya q’eqchi’ Adelina Maquín guió a una marcha de campesinos hasta la municipalidad de Panzós con ánimo de reclamar al alcalde la restitución de los terrenos comunales. No hubo ocasión para el diálogo. Los soldados dispararon sin contemplaciones e hicieron una matanza de cincuenta y tres muertos. Adelina Maquín se desplomó bajo las balas. María Maquín, su nieta de trece años, huyó entre gritos de horror y vagó por las quebradas comiendo hierbas silvestres y bebiendo del rocío: «Me quedaron muchas espinas en los pies y hasta ahora me ha costado caminar».

Al cabo de pocos años, la mina de El Estor cerró agobiada por el declive mercantil del níquel. Fue preciso esperar hasta principios de siglo para que los capitales canadienses retomaran el hilo extractivo. Primero apareció Skye Resources y después llegó Hudbay Minerals. Por entonces, Guatemala aún se lamía las heridas del genocidio. El Gobierno de Álvaro Arzú había firmado la paz con los partisanos de la URNG, pero la violencia persistió con otras intensidades. En 2009, en El Estor, los agricultores de la comunidad de Las Nubes se alzaron contra la rapiña de tierras ancestrales. Resueltos a sofocar cualquier atisbo de disidencia, los hombres de la compañía minera capturaron al líder maya q’eqchi’ Adolfo Ich, lo mutilaron con un machete y lo ultimaron a tiros. A German Chub lo dejaron postrado en una silla de ruedas. Haría falta más de una década para que un tribunal de Izabal dictara resolución. El militar Mynor Padilla, jefe de seguridad de la mina, encajó dos años y ocho meses de cárcel.

Angélica Choc es la viuda de Adolfo Ich. Viste de colores vivos, lleva el cabello negro recogido en una trenza y habla con la autoridad de una dirigente comunitaria. Ha tenido que acostumbrarse a las cautelas, pues no le han dado un segundo de reposo desde que entró en pleitos con las instancias mineras. Una madrugada, mientras dormía, dispararon cuatro veces contra los muros de su casa. «En ningún momento he escondido mi rostro. Si me quieren exterminar, aquí doy mi vida para defender mi tierra y mi lago». Su hijo, el maestro y líder indígena Luis Ich, ha conocido la clandestinidad de los bosques. Eso fue en los días del último estado de sitio. «Dicen que El Estor es problemático. Y eso es mentira. Lo que pasa es que nos discriminan. Violan nuestros derechos. No nos consultan. Y ahora de nuevo quieren nuestro níquel».

Fue en 2011 cuando Solway se adueñó de la mina y no tardaría en rehabilitar la planta de tratamiento bajo el acrónimo de Pronico, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal. En aquel tiempo inaugural, tres alumnos de Biología de la Universidad del Valle emprendieron una excursión curricular a las instalaciones mineras. Se llamaban Ángel de León, Nahomy Lara y Juan Carlos Velásquez. La noche de autos había luna llena. Un empleado de la empresa llamado Lemuel Valle los llevó en barca hasta un remanso donde podían avistarse cocodrilos. Algo inexplicado ocurrió en la penumbra, porque Lemuel Valle volvió diciendo que los muchachos habían caído al agua. A Nahomy Lara la encontraron flotando en el canal. A la mañana siguiente emergieron los cuerpos golpeados de Ángel de León y Juan Carlos Velásquez. Tras una sentencia condenatoria, una sala de apelaciones exoneró tanto a la empresa como al empleado. Nunca se esclareció la verdad.

RECUPERAR LA TIERRA

La superficie del lago es rizada. Al fondo, en la larga lejanía, una bruma tibia se posa sobre las montañas que marcan la linde con el departamento de Zacapa. Cristóbal Pop, presidente de la Gremial, prende el motor de su lancha y navega rumbo a Chapín Abajo, una aldea maya q’eqchi’ que ha sellado alianzas de resistencia con los pescadores de El Estor. A la derecha queda la factoría de Pronico. Los lugareños recomiendan guardar las distancias, porque la empresa tiene ojos y oídos repartidos por todos los rincones. Pero en Chapín Abajo afrontan un problema si cabe aún más perentorio: los monocultivos de NaturAceites.

El líder comunitario Pedro Cuc aguarda en las proximidades del atracadero y conduce a los visitantes hasta un claro de hierba recién cortada. En mangas de camisa, con un sombrero de paja y el pelo atado en una cola de caballo, señala con el dedo hacia las plantaciones de palma africana que asedian el poblado. «Estamos recuperando la tierra». En el suelo, un rastro de troncos talados da fe de sus palabras. Pedro Cuc ha encabezado las rebeldías de Chapín Abajo junto a Pedro Choc y Mariano Choc. Hace más de dos años, los policías antimotines tomaron por asalto la aldea y pegaron carteles como de película de vaqueros con retratos de los tres mandatarios ancestrales: «Se busca por evasión carcelaria». Pedro Cuc descarta el miedo. «A mí me pueden asesinar hoy o mañana, pero los ideales que transmití no mueren».

LAS FORMAS DEL POTENTADO

En los lamentos indígenas aún asoma el fantasma de Juan Ulrico Maegli Müller, el último gran potentado de una dinastía de mercaderes alemanes y suizos que desembarcaron en Guatemala en el siglo XIX y prosperaron con la explotación de cafetales. Esa es la genealogía de NaturAceites. Fue en los años setenta y ochenta cuando Juan Ulrico Maegli Müller acaparó miles de hectáreas en las estribaciones de la Sierra de las Minas. Con su mostacho de latifundista criollo, su sombrero de cowboy y su revólver al cinto, pilotaba una avioneta hasta las cercanías del lago de Izabal y recorría las haciendas ganaderas a caballo. En los años noventa hizo plantar las primeras hileras de palma africana. A continuación vendrían las plagas de moscas atraídas por los desechos, la mortandad súbita de peces y el desalojo incendiario de la comunidad Palestina en la finca Chabiland.

En el lago de Izabal, acechados por los vertidos industriales, los manatíes antillanos se resisten a la extinción. Dice Manuel Caal que los ve salir a flote a la hora de la pesca:«Son como toros». En sus trasmallos nunca faltaron mojarras, bagres, tilapias y sábalos. Sin embargo, la contaminación ha diezmado la fauna lacustre. Los pescadores de El Estor hablan de lodos envenenados por las escorias mineras, bocanadas irrespirables de vapor rojo y partículas tóxicas suspendidas en el aire en cantidades tan desmesuradas que sextuplican los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Sobre los tejados de las comunidades se acumula un sedimento de tonos sanguíneos. Los habitantes han referido fiebres, jaquecas, conjuntivitis, sarpullidos, diarreas y desórdenes respiratorios que achacan a la polución.

El asunto siempre tuvo algo de maleficio o peste bíblica. Una madrugada de primavera de 2017, a la hora primera de la pesca, Cristóbal Pop sintió un olor fabril de hierro viejo y vio una gran mancha roja en el lago. Hubiera preferido no ver nada. Desde entonces, lo han sometido a un escrutinio asfixiante, lo han amenazado, lo han perseguido con drones, lo han arrestado, lo han enfrentado a audiencias penales y lo han sentado en prisión con acusaciones inverosímiles. Pese a las evidencias, el ministro Sydney Samuels siempre ha excusado a la minería. Los socios de la Gremial tuvieron que recurrir a un laboratorio alemán y hallaron señales fehacientes de metales tóxicos en el lago. David Orellana, portavoz de la Compañía Guatemalteca de Níquel, atribuyó la infestación rojiza del agua a la podredumbre de las algas.

Irritados por la inmunidad de las empresas, los pescadores promovieron una manifestación que iba a terminar convertida en un caos de humo y sangre. El primer propósito era reanimar el diálogo ministerial. Unos días atrás, en la negociación del conflicto, el viceministro Alfonso Alonzo había prometido un anticipo de diez gallinas y un gallo como expresión de buena voluntad. Esta vez, en cambio, los delegados del ministerio ni siquiera hicieron acto de presencia, así que los gremialistas decidieron obstruir el tránsito de suministros e interpusieron ramas, alambres y piedras en la carretera que lleva a Panzós. El Gobierno ordenó atajar la rebelión. De inmediato, los hombres de la Policía Nacional Civil se emboscaron tras una nube lacrimógena, abrieron fuego casi a ciegas y mataron por la espalda a Carlos Maaz.

«No hubo muerto en El Estor», dijeron los heraldos policiales. El Subdirector General de Investigación Criminal, Stu Velasco, alegó que sus agentes habían repelido la algarada con artificios puramente disuasorios. Pero la versión oficial sucumbiría bajo el peso de los testimonios. El periodista Carlos Choc, que fue testigo de la ofensiva, contradijo los partes oficiales con una fotografía del pescador abatido. A partir de aquel momento, nada pudo protegerlo de las coacciones. Perdió su trabajo en la municipalidad. Le siguieron los pasos, lo amenazaron de muerte y dispararon frente a su casa. Temiendo por su integridad personal, tomó la precaución de cambiar de domicilio. El juez Edgar Aníbal Arteaga López, adversario encarnizado de los opositores indígenas, lo acusó de haber comandado la protesta y ordenó capturarlo sin dilaciones.

Los acontecimientos dieron un giro inesperado en 2020, cuando la Corte de Constitucionalidad mandó clausurar la mina con la orden terminante de celebrar una consulta en los pueblos originarios. Así es como está previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y así lo estiman igualmente las Naciones Unidas. Tratando de guardar las apariencias, el Ministerio de Energía y Minas organizó un careo preliminar de poco o ningún fundamento que ignoraba el parecer de una buena parte de los dignatarios nativos. El engaño llegó a ser tan manifiesto que las góndolas de mercancías transitaban a plena luz, como si nada hubiera pasado. La mina sumó ganancias frenéticas durante los años en que debió haber permanecido cerrada.

En octubre de 2021, al límite de la exasperación y sin más armas que unos bastones, los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q'eqchi' se echaron a las carreteras y bloquearon el paso a los camiones. Taponaban la ruta con neumáticos, leños, piedras y letreros comerciales escritos a mano con la misma caligrafía amontonada y gruesa que podía leerse en las pancartas. Así expusieron sus razones delante de las muchas personalidades que acudieron a persuadirlos: mediadores estatales, oficiales de la Policía Nacional Civil, apoderados de la compañía minera y hasta el mismo gobernador Héctor Alarcón. En uno de los vídeos que circularon en aquellas fechas, un manifestante se encara con un destacamento de policías: «Así como ustedes escuchan a sus patrones, nosotros escuchamos la voz de nuestra conciencia».

ESTADO DE SITIO

El presidente Alejandro Giammattei declaró el estado de sitio. Se impuso el toque de queda y un millar de hombres armados entraron en El Estor como entraría un ejército invasor en un país enemigo. Los derechos más indiscutibles quedaron en suspenso y no faltaron los arrestos sin arbitrio, las confiscaciones y los registros en busca de unos fusiles y una munición que no existían. Llegaban en tropel tirándolo todo por el suelo y rebuscaban lo mismo en las dependencias de la Defensoría Q’eqchi’ que en el estudio de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a. La casa del periodista Carlos Choc quedó hecha un desastre de enseres volcados, papeles revueltos y ropa desperdigada.

Ataviado con una gorra de beisbol, el joven reportero Juan Bautista Xol rememora los días en que documentó la toma de El Estor para “Prensa Comunitaria”. Sus crónicas no debieron de agradar a las autoridades, ya que el teniente Walter Rojas irrumpió en su vivienda con veintinueve hombres de la Policía Nacional Civil y una orden de allanamiento. «Quebraron mi computadora y robaron el teléfono que usé para documentar los hechos», explica. El director de Radio Sonora, Arnulfo Agustín Guzmán, lo había acusado en las redes sociales de portar una escopeta durante los disturbios. Bajo el régimen de excepción y en un perfecto acuerdo, se forjó una coalición de medios de comunicación, poderes estatales e inversores foráneos. Hoy es de dominio público que la compañía minera había solicitado por carta la intervención del Gobierno.

Los camiones de carga prosiguieron sus tareas escoltados por patrullas armadas y las tierras rojas volvieron a fluir hasta el puerto caribeño de Santo Tomás de Castilla. Entretanto, el Ministerio de Energía y Minas aprovechó el desconcierto para celebrar la consulta. Cundieron enseguida los indicios de fraude, con todo y que nadie había visto aún los papeles en los que se demuestra que la compañía minera estaba tejiendo una telaraña de intrigas, influencias y donaciones. La lideresa comunitaria Guadalupe Xol no quiso avalar el proceso y fue expulsada del consejo indígena. Habían intentado encandilarla con una “cortesía” de tres mil quetzales, algo más de trescientos euros: «Yo no firmé. ¿Por qué? Porque pensé en mis hijos y en mis nietos».

Con una solemnidad protocolaria, el viceministro Oscar Pérez anunció el desenlace exitoso de la consulta. Angélica Choc rechaza de plano el veredicto: «Dicen que se hizo una consulta comunitaria. ¿Dónde? ¿Cuándo? Nosotros no estamos enterados. Hay otros ancestros que dicen ser los representantes. Están comprados por la empresa y por la municipalidad». Lo cierto es que el holding minero siguió adelante entre parabienes gubernamentales, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ponía en cuestión los términos de la consulta.

GUACAMAYA

Pero algo insólito y demoledor estaba a punto de ocurrir en Guatemala. Una hermandad de hackers llamada Guacamaya se había infiltrado en las entrañas digitales del consorcio minero y había sustraído miles de documentos que comprometían no solo a Solway sino a las estructuras del Estado. Los corresponsales de “Forbidden Stories” verificaron la filtración y el escándalo retumbó a lo largo y ancho de Europa. A principios de 2022, periódicos como “Le Monde”, “The Guardian”, “Die Zeit” o “El País” sostuvieron con pruebas atronadoras que la compañía minera tramaba la expulsión de las comunidades originarias, había puesto bajo vigilancia a los reporteros comunitarios y estaba cubriendo de prebendas a las fuerzas de orden público.

Los efectos del descrédito no se hicieron esperar. En el curso de la investigación, la firma finlandesa Outokumpu disolvió sus vínculos con la mina. El juez Edgar Aníbal Arteaga López depuso sus acusaciones contra el periodista Carlos Choc y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos castigó a dos administradores del conglomerado CGN-Pronico por haber urdido un presunto diagrama de corrupción y soborno de jueces, políticos y funcionarios. Abrumada por el peso de las sanciones, la compañía minera tuvo que detener la maquinaria. Corrieron los meses y Estados Unidos revocó la pena. El año pasado, una vez disipada la polémica, Solway abrió una nueva filial en Nueva York con el nombre de Fenix Nickel. Su intención es hacer borrón y cuenta nueva en Guatemala.

Los pavores de otros tiempos regresaron la mañana del último octubre en que mataron a Felipe Xo. Tomás Che, que aún conserva en la memoria el tronido de la balacera, teme que el asesino tome nuevas represalias. «Este señor anda diciendo que me va a matar y que va a matar a toda mi familia». Cuenta que en Guatemala la ley es implacable con los desamparados y sobornable con los que tienen dinero. Y cuenta así mismo que frente a su tienda del barrio El Zapotillo quedaron incrustadas las balas del tiroteo: «Ahí están ahorita, no las hemos sacado».

Cristina Ico, la viuda de Felipe Xo, no puede contener la tristeza al evocar la muerte de su marido. Aquella misma tarde tuvo que prestar declaración, con Tomás Che como testigo. Las pesquisas quedaron en nada. En un gesto de conmiseración, la municipalidad le compró un ataúd de pobre para que diera tierra al difunto. Luego los acreedores empezaron a llamar a su puerta. En su primer día de viuda había heredado las deudas de un motor pesquero, una red y un cayuco. Pero desde que mataron a su esposo no entra dinero en casa. Cristina Ico murmura en lengua q’eqchi’ e intercala la palabra castellana “justicia” como si fuera una noción recóndita y extranjera.

Al salir de El Estor, va quedando atrás un paisaje lánguido de casitas con fachadas despintadas, empalizadas de caña podrida y techos de zinc maltratados por la herrumbre. A estas alturas, Pronico ya ha confirmado que busca sustento financiero para reanudar sus operaciones. Si nadie lo remedia, las máquinas excavadoras volverán a desmigar los cerros y las comunidades maya q’eqchi’ volverán a librar la misma batalla sorda y desigual de siempre, una batalla sin cuartel que atraviesa generaciones y de la que no se puede desertar sin perder la tierra o la vida.