29/03/2015

¿Competencia?
BERTA GARCIA

Un Día del Consumidor al año no hace daño. Al menos los colectivos dedicados a cuestiones de consumo aprovechan para hacer balance del año anterior y ponen en evidencia ante la sociedad aquellos aspectos menos protegidos o con más abusos. Es un mensaje diametralmente opuesto al político-administrativo, que apela a la auto-responsabilidad de cada quien para su defensa.

Con la llegada del euro a escena se nos hizo la luz de por dónde iban a discurrir la economía familiar y la macroeconomía europea. Era desnudar a un santo para vestir a otro, ergo todo el paternalismo hacia la parte débil se trasladaba de golpe a su opuesta, las empresas, que no paraban de lloriquear «ante la brutal competencia que se abre», decían. Estados más o menos escorados se fueron blindando con fuertes ayudas gubernamentales ante la llegada del extranjero. Y eso lo pagamos todos a golpe de recortes presupuestarios y con ataques a los derechos sudados durante décadas.

El consumo sobre la base de la competencia en el mercado es un cuento chino que se acaba convirtiendo en leyenda urbana y poco más. La ilusión de variedad, calidad y precio es tan solo eso, una ilusión óptica bien aliñada con publicidad oficial y privada. Si no, miremos la altísima concentración de empresas bajo la misma bandera multinacional para entender que solo el nombre comercial diferencia al producto. La materia prima (escasita), elaboración y aditamentos son calcados en la misma gama, sea un producto alimentario perecedero o industrial con obsolescencia programada.

Así las cosas, duele y mucho tener que asimilar eslóganes oficiales sobre la responsabilidad de la “persona consumidora”, mientras corren tupidos velos sobre atropellos bancario-financieros, cárteles de precios en productos de consumo básicos o zancadillas a la entrada de la competencia, porque hace pupa a los buques insignia de telefonía, electricidad y gas. Ni tocarlos ni enmendarlos, no vaya a ser que se queden sin jubilación de oro los políticos postulantes a un puesto de gratificación por sus servicios legislativos ad hoc.