El CSN admite que se «limitó» el acceso al informe sobre Garoña

Manuel Rodríguez Martí reconoció que «se estableció un sistema distinto con la documentación que iba generando para limitar el acceso» al informe sobre Garoña. No se puso a disposición de los técnicos del CSN, que tienen libre acceso al resto de expedientes.

El nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Manuel Rodríguez Martí, reconoció ayer que la documentación del expediente para la reapertura de Garoña se gestionó de manera «distinta» a lo habitual. «Se estableció un sistema distinto con la documentación que se iba generando para limitar el acceso», indicó el hasta ahora subdirector de Instalaciones Nucleares del CSN ante los presentes en la Comisión de Energía del Congreso, donde PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos denunciaron el «secretismo» con el que se ha tramitado el informe sobre la central.

Y es que la documentación relativa a Garoña no fue de libre acceso para los técnicos, como ocurre con el resto de expedientes. «Era un expediente que necesitaba confidencialidad y tuvo un sistema de gestión documental específico», señaló Martí antes de defender el dictamen del pleno del CSN, que avala la reapertura siempre que Nuclenor realice una serie de mejoras en la planta burgalesa. «Fue consecuente con las funciones del CSN, estuvo centrado en la evaluación de los técnicos y no tuvo segundas intenciones ajenas a la responsabilidad de informar en materia de seguridad y protección radiológica», destacó. Y negó que exista una «barrera entre el personal técnico y la jerarquía» del CSN. Algo que choca con las críticas advertidas por la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

Acuerdo en el Congreso

Por otro lado, ayer el Pleno del Congreso instó al Gobierno español a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de Garoña. Asimismo, reclamó la activación «inmediata» de un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de la central, situada a 40 kilómetros de Gasteiz.

Ambas peticiones estaban recogidas en una enmienda transaccional firmada por los grupos de la oposición. El texto fue fruto de una proposición no de ley presentada por EH Bildu, que también exigía la dimisión del presidente del CSN, Fernando Martí. A este respecto, el diputado soberanista Oskar Matute afirmó que le hubiera gustado que el texto aprobado recogiera la dimisión del responsable del regulador «porque Homer Simpson merece más fiabilidad para manejar estos asuntos que el propio Martí».

Desde el PNV, Idoia Sagastizabal alertó de que prolongar la vida útil de Garoña supondría un peligro para la seguridad de la ciudadanía, y recordó que la central está cerrada desde el año 2012, por lo que «ha quedado demostrado que es prescindible para el sistema eléctrico». En este sentido, Juantxo López de Uralde, diputado de Unidos Podemos, recordó que en los últimos años Garoña no ha aportado ni un megavatio a la red, y censuró la «progresiva reducción en los requisitos de seguridad». «Incluso se ha eliminado el límite de diez años para las licencias», añadió.

Por su parte, la diputada del PSOE, Esther Peña, acusó al PP de querer abrir una planta peligrosa que no cumple las medidas de seguridad. Guillermo Mariscal, del PP, defendió la energía nuclear y aprovechó que la iniciativa era de EH Bildu para hablar de Lemoiz.