LAB pide que se regule el trabajo del hogar ante a la actual indefensión

Ante una realidad «irregular» y sangrante, LAB reitera la necesidad urgente de que se regule el trabajo del hogar frente a la actual indefensión que soportan miles de mujeres, en su mayoría inmigrantes. Un primer paso para mejorar sus pésimas condiciones laborales y garantizar sus derechos es que estas trabajadoras cuenten en la CAV con un convenio colectivo, para tratar de superar la situación de discriminación histórica que sufre este feminizado sector.

Las trabajadoras del hogar han sido uno de los sectores golpeados con mayor virulencia en la actual crisis sanitaria. En ese contexto, LAB y la fundación de estudios sindicales Ipar Hegoa presentaron ayer el informe ‘‘Lo que se esconde dentro de casa. Realidad de las trabajadoras del hogar en Euskal Herria’’, en el que se realiza un diagnóstico de la situación de este colectivo.

Hoy en día, en Hego Euskal Herria, 35.600 mujeres están dadas de alta en el régimen de trabajadoras del hogar (28.500 en la CAV y 7.100 en Nafarroa) pero, haciendo una estimación, en Hego Euskal Herria se acercarían a 46.300. Del norte del país no se tienen datos oficiales, ni siquiera estimaciones.

Oihana Lopategi, responsable de análisis de Ipar Hegoa, confesó que es difícil saber con precisión cuál es la realidad de estas trabajadoras, partiendo de que el 30% forman parte de la economía sumergida. Una fuente autorizada es la de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE), que dispone de datos aproximados ya que no existen estadísticas oficiales.

Las irregularidades, se recoge en el informe, se convierten en opresión. «Son trabajadoras que no aparecen en ningún sitio, se han convertido en invisibles y, por ello, son más vulnerables. La vulnerabilidad las condena a la indefensión, están completamente sometidas a las familias que las contratan», exponen.

Para LAB, es importante que este colectivo cuente con un convenio que regule cuestiones no recogidas por la normativa, accedan a derechos fundamentales fijados en el Estatuto de los Trabajadores, en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar u otra norma que se establezca. Esa petición parte del principio de que estas mujeres se consideran «trabajadoras de segunda» en lo referente a condiciones laborales e incumplimiento de derechos.

«No son casos aislados»

«No son casos aislados, en Euskal Herria la vulneración de derechos, la violencia y la opresión son generalizadas», subraya LAB al defender la necesidad de abordar esta situación. La clave para que se produzca el cambio, sostiene el sindicato, es la mejora de sus condiciones laborales como consecuencia de la negociación colectiva.

«En Hegoalde no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, tienen un régimen especial que limita y precariza sus condiciones laborales. Y, aún y todo, aunque existe ese régimen, en la mayoría de los casos ni siquiera se cumple. Por tanto, se convierten en mercancía, son fáciles de contratar y fáciles de explotar. La propia ley facilita la explotación de estas mujeres. Muchas de ellas no tienen papeles y eso les condena al silencio, al miedo y a no denunciar», detallan en el informe de Ipar Hegoa.

En su mayoría se trata de mujeres migrantes; el 99% de las internas. Para muchas es el único modo de empezar a trabajar. «El caso de las mujeres migrantes es sangrante –destacan–, son trabajadoras que sufren racismo, colonialismo, patriarcado y capitalismo salvajes».

Su vulnerabilidad ha quedado de manifiesto en la crisis provocada por la pandemia. «Han interrumpido su relación laboral, han sido despedidas sin indemnización, obligadas a coger vacaciones, algunas han seguido trabajando y no pueden salir de casa de sus empleadores, jornadas laborales interminables, problemas para cuidar a sus familiares, trabajando sin ninguna garantía de seguridad», explican en el trabajo donde se recogen irregularidades que han sufrido estas trabajadoras.

LAB considera «imprescindible» que este colectivo se organice. Reconocen que lo han estado, no en sindicatos. Por ello, como consecuencia de las decisiones adoptadas en su último congreso, la central trabaja en la modificación de su estructura para «integrar a las trabajadoras del hogar con un objetivo claro: mejorar sus condiciones laborales y de vida».