Vigilias en localidades vascas reivindican una «acogida digna»

Colectivos de personas migradas y racializadas así como diversos grupos de apoyo pasaron la noche del miércoles al jueves en la calle en varios puntos de Euskal Herria por «el derecho a una acogida digna» que las administraciones públicas «deben garantizar».

Con las vigilias en la noche de miércoles a jueves en Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Barakaldo, Irun e Igorre, precedidas de actos como kalejiras o micros abiertos, se exigió a los gobiernos de Lakua y Nafarroa «que se garanticen los derechos fundamentales de las personas que viven o están de paso, especialmente para aquellas que no cuentan con una vivienda digna».

«Urge disponer de planes dotados de medios y presupuesto suficientes y con recursos accesibles», destacaron los convocantes en las distintas localidades.

En Donostia fueron unas 50 personas las que pernoctaron junto al edificio de la Diputación de Gipuzkoa, un punto que no es la primera vez que concentra iniciativas solidarias de este tipo.

En la capital vizcaina, a su vez, la vigilia se desarrolló en los tinglados del Arenal, sobre cartones, y se inició tras una marcha que tuvo cuatro paradas en otros cuatro puntos significativos de la situación actual: Abando, donde se denunció el afán de invisibilizar esta cuestión; una oficina bancaria, para subrayar la afección de las trabas burocráticas a personas migrantes; la oficina de Extranjería, a fin de rechazar las leyes vigentes; y la ría del Ibaizabal, en demanda de pasos seguros.

Al llegar al Ayuntamiento de la capital vizacina, antes de caer la noche, el micrófono corrió de mano en mano entre las personas migrantes que quisieron aportar su propio testimonio.

Reivindicaciones.

Con estas iniciativas en estos y otros puntos, los participantes subrayaron la «denuncia de la legislación de extranjería», que consideran «la máxima expresión del racismo institucional», porque «impide a miles de personas desarrollar sus proyectos de vida y les condena a la irregularidad».

Recordaron que, en la actualidad, «hay más de medio millar de personas en la calle que no disponen de acceso a una vivienda y tienen dificultad para empadronarse».

«Sufren el acoso policial para que vayan a dormir a otros lugares menos visibles o son objeto de repetidas identificaciones racistas, que se convierten, para quienes están en situación administrativa irregular, en la antesala de citaciones ante la Brigada de Extranjería, internamientos en CIE o expulsiones», resaltaron.

Apuntaron que «tras haber firmado el Pacto Social Vasco por la Migración, o haber llevado a cabo diagnósticos y planes de acogida en Navarra, ningún departamento de las administraciones vascas y forales, ni los ayuntamientos han cumplido con sus planes de acogida e inclusión».

«Tenemos claro que, si no ponen los medios para hacer frente a esta situación, es porque no tienen voluntad política. Cuando hay voluntad y responsabilidad, los medios se activan, y así lo demuestra la acogida que las instituciones están brindando a las personas refugiadas de nacionalidad ucraniana», precisaron.

De igual manera, denunciaron «la falta de igualdad de derechos de miles de personas que conviven en nuestras ciudades y a quienes la legislación de extranjería discrimina impidiendo su acceso al trabajo, estando bajo la espada de Damocles de una detención y correspondiente expulsión. Reivindicamos su regularización y solicitamos el apoyo de la ciudadanía a la Iniciativa Legislativa Popular que está recogiendo firmas».