Madrid «violó los derechos políticos» de líderes independentistas catalanes

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado la razón a los líderes independentistas catalanes que denunciaron la suspensión de sus funciones por parte del Estado español antes incluso de que fueran condenados judicialmente. Se reconoce la «violación de derechos políticos».

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó ayer que el Estado español «violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña» al suspender de sus funciones públicas a encausados en el procés antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum del que se van a cumplir ahora cinco años. Dos de los 17 miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) discrepan del dictamen.

La resolución da la razón a la denuncia presentada en 2018 por el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El comité subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia.

Anteriormente (2019) este Comité de Derechos Humanos de la ONU ya dio la razón a los líderes catalanes al considerar «arbitraria» su estancia en prisión e instando a liberarlos «inmediatamente».

Valoraciones

La suspensión de funciones se decidió en julio de 2018 con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos únicamente cuando se les acusa de rebelión, no de sedición.

«Las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito», comentó al presentarse el dictamen una de los dieciocho miembros del comité de Naciones Unidas, la francesa Hélène Trigoudja.

La integrante del comité, que preside la griega Photini Pazartzis, agregó que «la decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado».

Los dictámenes del comité, un mecanismo que se define como «cuasi-judicial», deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos el Estado español), a cuyo artículo 25 se acogieron los denunciantes.

«El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica», aclara este órgano.

En principio, la decisión tomada ayer concierne únicamente a los cuatro denunciantes, representados por el abogado Nico Krisch, y no al resto de los encausados por el procés.

Jordi Turull, secretario general de JxCat , exconseller de Presidencia de Gobierno de Puigdemont y uno de los denunciantes, celebró «la nueva victoria internacional del independentismo contra el Estado español y sus represores con toga». «No hay que abandonar nunca la tarea ni la esperanza», agregó citando al filólogo Pompeu Fabra.

Josep Rull, por su parte, defendió que «en un Estado de derecho homologable habría consecuencias fulminantes».

«Otro bofetón»

Carles Puigdemont celebró el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre los expresos del 1-O y aseguró que es «otro bofetón desde Naciones Unidas en la cara del Estado español por la violación de derechos políticos».

«Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades. Dieron un golpe a la democracia», escribió en un tuit.

En un comunicado, ERC y JxCat señalaron que el Estado español «está obligado a cesar sus políticas represivas» y que «no puede continuar utilizando el derecho y los procedimientos penales para hacer frente a la reivindicación pacífica del derecho a la autodeterminación y el derecho a la representación parlamentaria».

Los socios de coalición en la Generalitat agregaron que «el sistema judicial español continúa fuertemente politizado a pesar de muchos llamamientos internacionales de reforma». Manifestaron, al tiempo, que «el mal uso del Estado de derecho vulnera derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos, y subvierte las bases de la democracia».

Está previsto que mañana se celebre una rueda de prensa en Ginebra (Suiza) con algunos de los demandantes, así como con sus abogados.

Destacados dirigentes de ERC y JxCat se hicieron eco en sus redes sociales del dictamen de Naciones Unidas. Así, la portavoz adjunta de los republicanos en el Parlament y exconsellera del Govern de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, calificó de «muy buena noticia» el dictamen, y pidió la amnistía. Y la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella (ERC), afirmó que la verdad «siempre encuentra el camino», que el Estado «vulneró derechos y libertades» y que lo que hizo «no tenía nada que ver con el derecho».

La CUP, por su parte, reclamó que el Estado español «sea condenado». «De nuevo, la ONU pone en evidencia que el Estado español es antidemocrático», destacó la formación anticapitalista en un apunte en Twitter. Asimismo, reclamó que «la vulneración de derechos humanos no quede impune, que el Estado sea condenado y sus responsables asuman responsabilidades».

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno español, Ione Belarra, coincidió con el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la consideración de que hubo «vulneración» de los derechos y estimó que el dictamen conocido dado a conocer ayer es resultado de la «judialización» en relación con Catalunya «que hubo con el Gobierno de Mariano Rajoy».