Los dos vascos juzgados por guardar armas de ETA no irán a prisión

No ha sido el primer juicio a personas que han participado en el proceso, largo y tortuoso, que llevó al desarme de ETA, pero la sentencia pronunciada anoche por el Tribunal Correccional de París tiene implicaciones evidentes más allá de que dos personas juzgadas por guardar el arsenal de ETA localizado por la Policía en Biarritz en mayo de 2015 no ingresen en prisión.

Nathalie Chasseriaux y Enrike López, ambos procesados en relación al depósito de armas y explosivos pertenecientes a ETA que fue localizado en mayo de 2015 por la Policía francesa en una villa de Biarritz, no volverán a prisión. Así lo decidió el Tribunal Correccional en una sentencia dada a conocer anoche en París.

Aunque los encausados estaban acusados de guardar armas y explosivos para ETA, finalmente el tribunal, tras escuchar al fiscal, que pidió su condena pero sin penas que llevaran aparejado el ingreso en prisión, y a la defensa, que rechazó la calificación de terrorismo y pidió la libre absolución, optó por calcar la petición del Ministerio Público.

La decisión tiene implicaciones evidentes. En primer lugar para los encausados, que han debido esperar siete años a un juicio en el que han sido condenados, aunque anoche recibieran con alivio la noticia de que volverán libres a casa.

Con la decisión de no enviar a prisión a Chasseriaux y López, la Fiscalía, secundada por el tribunal, fijaba una posición algo más pragmática, pero sin mostrar permeabilidad a los argumentos de la defensa. El fiscal no se despegó, dicho sea de paso, de las tesis entre dubitativas o directamente negacionistas sobre una fase del desarme, la del sellado e inventariado de armas que ETA abordó con la supervisión de la Comisión Internacional de Verificación (CIV).

De hecho, en su hora y media larga de exposición final el fiscal siguió sosteniendo que en el periodo 2011-2015 no existía total certeza respecto a las intenciones de ETA. Cabe recordar que, con el proceso de inventariado de armamento ya acordado con la CIV, la Policía francesa llevó adelante operaciones como la de Biarritz, en mayo de 2015, y la desarrollada en julio del mismo año en Ortzaize. Pese a seguir sosteniendo esas tesis, la Fiscalía se escudó en el tiempo transcurrido y, a la vista de la situación actual, optó por modular en sus peticiones.

En su informe, la Fiscalía

gala dio un paso, ciertamente pequeño, a la vista del largo camino recorrido en Euskal Herria. Así, dirigiéndose a la presidencia del tribunal le pidió: «condéneles porque cometieron hechos punibles, pero condéneles con mesura, dado que en la voluntad perceptible de los autores había una voluntad de llegar, finalmente, a la reconciliación».

Dicho esto, el fiscal no pidió la inclusión de los encausados en el fichero Fijait, al haber cumplido en estos años con el control judicial, ni la «prohibisión de territorio» para Enrike López, por su arraigo laboral y personal en Biarritz. Hasta ahí llegó su recorrido, once años después de Aiete.

La defensa no cuestionó los hechos juzgados, pero desgranó los motivos y desbarató la «finalidad terrorista». La arquitecta Chasseriaux encuadró su actuación como un gesto de amistad hacia López, aunque dijo desconocer el contenido del material que se guardó en su casa familiar. Por su parte, López asumió haber aceptado la petición de guardar el arsenal «como una aportación al desarme» de ETA, que se consumó el 8 de abril de 2017 en Baiona.

El fiscal pidió que se le impusiera a López una condena de tres años de prisión, dos de ellos sin obligación de cumplimiento. Al haber pasado ya, a raíz de su detención, un año en prisión, ello equivalía a no requerir para este profesor de euskara un nuevo encarcelamiento. El fiscal abogó por una pena inferior para Chasseriaux, de dieciocho meses, exenta de cumplimiento.

A la luz de esas peticiones, el Ministerio Público no requería, por lo tanto, penas de prisión, y el juez se adosaba a su criterio al final de una audiencia de dos días cuyo debate judicial estuvo marcado por las alusiones constantes a los movimientos a favor y en contra que marcaron el proceso de desarme previo a la desaparición definitiva de ETA.

La defensa ejercida por Xantiana Cachenaut y Yolanda Molina solicitó la absolución. En apoyo a sus argumentos, el expresidente de la Corte de Apelación de Versailles, Serge Portelli, aportaba al tribunal los elementos del contexto en que se desenvolvió un proceso de desarme que, a falta de colaboración por parte de los estados, ETA trató de sacar inicialmente adelante por sus propios medios y bajo la mirada atenta de la CIV.

De hecho, en la nota de la organización armada que fue publicada el 6 de junio de 2015 en GARA, ETA consideraba la operación en Biarritz como un «grave ataque al proceso de inventariado de arsenales» acordado con la comisión internacional que encabezara Ram Manikkalingam.

Portelli ahondaba en la evolución posterior de ese proceso de desarme, que pudo completarse con la participación de la sociedad civil, dos años más tarde. Al amplio consenso suscitado por el proceso de resolución entre electos y sociedad civil de Euskal Herria se refirió uno de los testigos de la defensa, el exalcalde de Biarritz, Michel Veunac, en su declaración, ya entrada la noche del jueves, ante el tribunal parisino.

El veterano electo centrista fue anfitrión de varias conferencias destinadas a abordar las consecuencias del conflicto, foros que contaron con testimonios de víctimas de distinto signo. Además Veunac escoltó a Emmanuel Macron durante un desplazamiento a Biarritz, en los prolegómenos de la Cumbre del G7, en el que el presidente francés elogió los avances hacia un nuevo tiempo en Euskal Herria y se comprometió a hacer lo que estuviera en su mano para «que la Historia no se tambalee».

Ya fuera de la Alcaldía, se pudo ver a Veunac apoyando, a pie de calle, la acción desobediente de Bake Bidea y Artesanos por la Paz. Sin ir más lejos, participó en la sentada desarrollada ante la sede de la Prefectura de Baiona, el 18 de febrero, que abrió una dinámica de acciones más resolutivas que desembocó en la Jornada de Bloqueo del pasado 23 de julio. Una acción global con la que artesanos por la paz y Bake Bidea reclamaban la excarcelación de dos presos, Ion Kepa Parot y Jakes Esnal, que llevan 32 años en prisión y sobre cuya liberación se pronunciará la Justicia gala este próximo 22 de setiembre.

Desde Bake Bidea,

su presidenta, Anaiz Funosas, que estuvo presente en la apertura del juicio en París, ofrecía anoche a GARA una valoración de urgencia sobre la sentencia del Tribunal Correccional. Denunciaba la «falta de voluntad e hipocresía» que sigue marcando el análisis de París sobre el proceso vasco. «Como no pueden entender el camino hecho por este pueblo, siguen condenando a personas, aunque las contradiciones les pesen y, afortunadamente, este vez no hayan encarcelado a nadie».