Lakua define los baremos para tratar de evitar la segregación

El reparto del alumnado más vulnerable entre pública y concertada es uno de los objetivos de los baremos presentados ayer por el Departamento de Educación de Lakua, derivados del acuerdo educativo suscrito hace unos meses. El consejero, Jokin Bildarratz, remarcó que los cambios, que entrarán en vigor durante el próximo curso lectivo, buscan «mayor cohesión y equilibrio».

Todos los centros educativos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sufragados con fondos públicos, incluidos por tanto los concertados, deberán reservar plazas para el alumnado más vulnerable. El decreto recién modificado es de aplicación para Educación Infantil (a partir del tercer curso del segundo ciclo), Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional y entrará en vigor para el proceso de admisión del próximo curso 2023-2024.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y la viceconsejera, Begoña Pedrosa, explicaron ayer en rueda de prensa las principales modificaciones que el Departamento de Educación de Lakua ha llevado a cabo en el Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se regulan el procedimiento y los criterios de admisión y escolarización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes de la Consejería como en privados concertados.

Estas modificaciones fueron aprobadas en sesión del Consejo de Gobierno del pasado miércoles, y entrarán en vigor de cara al proceso de admisión del siguiente curso.

Bildarratz declaró que «uno de los principales retos que tenemos como sociedad, y que también implica a la educación, es lograr una mayor cohesión, mayor equilibrio. En el ámbito educativo, eso significa que tenemos que lograr gestionar mejor la atención al alumnado más vulnerable».

Así, consideró que «toda la comunidad educativa se debe implicar en este objetivo irrenunciable». «Nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos años, y esa realidad social también debemos trasladarla al sistema educativo», añadió, apostillando que «en todos los municipios se dan realidades diferentes, tenemos diferentes centros que responden de una manera u otra, y en algunos hay un desequilibrio que intentamos corregir».

Son los objetivos marcados en el acuerdo educativo suscrito en el Parlamento el pasado abril por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos, que tenía pilares como la paridad, la no segregación y la laicidad.

Principales novedades

Las principales novedades, que introducen tanto la nueva redacción del Decreto de Admisión y Escolarización como la orden que lo desarrolla, son la reserva de plazas para la escolarización de alumnado vulnerable. De este modo, todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos deberán reservar un número de plazas que determine el Departamento de Educación para la escolarización de este alumnado.

Esta reserva de plazas se establecerá una vez recibidas las solicitudes durante el plazo de inscripción. La medida busca «una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad» entre todos los centros del Servicio Público Vasco de Educación, para «evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza».

El texto detalla en ese apartado los casos o situaciones para las que los centros escolares deberán reservar plazas, incluyendo entre esos casos la vulnerabilidad socioeducativa.

La nueva redacción enumera las siguientes situaciones de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): las producidas por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones perso- nales o de historia escolar.

La reserva de plazas se comenzará a aplicar a partir del próximo curso 2023-2024 en el nivel de entrada de Educación Infantil (aulas de 2 años), con niños y niñas que llegan por primera vez al sistema educativo. En esta reserva también se incluirá al alumnado diagnosticado con alguna necesidad educativa especial.

Bildarratz explicó que la reserva de plazas de los centros de cada área de influencia se fijará en función del Índice de Vulnerabilidad de la misma. Este Índice de Vulnerabilidad lo elaborará el ISEI-IVEI (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa), que trabaja en colaboración con un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para ello, los solicitantes deberán cumplimentar durante la presentación de solicitudes (para aula de 2 años) un cuestionario que permitirá evaluar su situación socioeducativa y valorar si se encuentra en una posible situación de vulnerabilidad. El objetivo es que todos los centros se acerquen al índice de vulnerabilidad correspondiente a su área, a lo largo de tres cursos, mediante una mayor o menor reserva de plazas. «A ningún centro se le pedirá un esfuerzo mayor a 10 puntos en cada curso», precisó Bildarratz.

La oferta de plazas, en centros públicos y en concertados, se ajustará a las necesidades reales de escolarización, evitando tanto la sobreoferta como la infraoferta. Para ello, el Departamento de Educación determinará el número de plazas escolares en cada centro.

Admisión en curso inferior

Asimismo, durante el plazo de solicitudes, las familias podrán indicar cuantos centros deseen, en orden de preferencia y sin límite, ya que hasta ahora podían marcar hasta un máximo de 12 centros en el proceso de admisión. También se posibilita que niños y niñas con prematuridad extrema o gran prematuridad, nacidos en el último cuatrimestre del año natural y que accedan por primera vez a alguno de los cursos de Educación Infantil, soliciten la admisión en un curso inferior al que le corresponda por edad. En este caso, padres y madres deberán presentar el preceptivo informe médico.

A la composición de las Comisiones de Garantías de Admisión (una por territorio) se suma ahora la representación del alumnado, con excepción del alumnado de Infantil y Primaria. Estas comisiones están formadas por representantes de la Administración educativa, de la Administración local, de los centros, del profesorado y de los padres y madres (además de, ahora, el alumnado).

Se prima más la cercanía al centro

El texto del Decreto 1/2018 recoge, por otra parte, muchas de las modificaciones y nuevos criterios que se introdujeron en el baremo ya en la Orden de Admisión para este curso 2022-2023, que fue publicada en enero de 2022.

La puntuación máxima para el baremo se puede obtener en el caso de que el centro solicitado (público o concertado) sea el más cercano al domicilio del alumno, con 7 puntos. Cualquier otro centro en el área de influencia en el que se encuentre el domicilio -pero no el más cercano- obtendrá 5 puntos. Se introduce un nuevo criterio en el baremo, que suma 0,5 puntos, por traslado de la unidad familiar debido a movilidad forzosa, discapacidad sobrevenida en el último año de cualquiera de los miembros de la familia o cambio de residencia derivado de actos de violencia de género o «terrorismo».

Tras la proximidad al domicilio, el criterio que más puntuación otorga es el de la existencia de uno o más hermanos matriculados en el centro que se ha solicitado (o en uno adscrito a él): 6,5 puntos.

Además, siguen en el baremo, entre otros, los puntos otorgados por la renta anual de la unidad familiar (hasta 3 puntos); por discapacidad (hasta 2 puntos); familia numerosa (máximo 1,5); pertenencia a familia monoparental (1 punto); acogimiento familiar del alumno (1 punto); nacimiento en parto múltiple (hasta 1,5 puntos); expediente académico en ESO para el acceso a Bachillerato (máximo 1 punto); condición de víctima del «terrorismo» (1 punto); o condición de víctima de violencia de género (1 punto).