El Gobierno galo apuntala el retraso de la edad de jubilación a los 64 años

La reforma de pensiones tiene ya el aval del Consejo de Ministros, que la remitirá al Legislativo para despejar el debate de un proyecto que, más allá de los llamamientos a «seguir mejorando» su contenido, apuntala dos factores -edad y periodo de cotización- que contestan los sindicatos.

El Consejo de Ministros tramitó ayer un proyecto de reforma que se ajusta, en lo esencial, a los anuncios hechos el pasado 10 de enero por la primera ministra Élisabeth Borne, apuntalando así sus dos aspectos más impopulares.

El titular de Trabajo, Olivier Dussopt, que compareció tras la reunión extraordinaria del Gabinete junto al ministro de Administraciones Públicas, Stanislas Guerini, dejó sentado que «habrá que trabajar algo más», para insistir en que la ampliación en dos años de la edad de jubilación, junto con el aumento en un año del periodo de cotización, ayudará a recortar el déficit en 18.000 millardos. Fue taxativo al asegurar que no habrá margen en esa materia ya que, según aclaró, no implementar tales medidas implicaría «renunciar a devolver al equlibrio al sistema» en el horizonte de 2030.

Dussopt defendió, «por «ser justa y porque consolida derechos», una reforma contra la que centenares de miles de personas se manifestaron el 19 de enero en las más de 200 movilizaciones organizadas por la intersindical. Solo en Baiona, donde también los sindicatos ELB y LAB llamaron a la protesta, unas 10.000 personas se sumaron a ese arranque de la movilización.

La segunda gran cita en las calles tendrá lugar el día 31, en la antesala del debate plenario del proyecto de ley de febrero, que cuenta con un calendario restringido ya que el Gobierno ha optado por registrar la reforma como un anexo corrector de las Cuentas de la Seguridad Social. Una decisión controvertida, aunque el Consejo de Estado diera el aval previo al procedimiento que llegó ayer al Consejo de Ministros.

Retoque para los aliados

Por lo demás, Dussopt trató de reforzar en su alocución los aspectos «más amables» del texto, con una larga mención a la «pensión mínima a 1.200 euros». Cuestión de acariciar los oídos a la derecha, de cuyos votos precisa Emmanuel Macron para completar mayoría.

Sin ser una promesa nueva, da al Gobierno un margen de negociación. La medida consiste en que los trabajadores que tengan todos sus trimestres -43 años cotizados a partir de 2027- pero que hayan tenido bajos salarios puedan cobrar tras su retiro como mínimo esa cantidad bruta, que corresponde al 85% del salario mínimo o Smic neto. La derecha consigue así que esa medida se aplique a 1,8 millones de personas ya jubiladas, aunque la medida fuera pensada para las 200.000 que se espera que se jubilen -cada año- cumpliendo los criterios para cobrar esa pensión mínima.

Es la principal «concesión», más allá de propuestas sobre «excepciones» para los empleados con trabajos más penosos o para «corregir desigualdades» que llevan a que la maternidad y los cuidados sumen a la brecha salarial dejando a las mujeres con pensiones de entre un 20 y un 30% más bajas que las de sus compañeros varones.

Sindikatuen deialdia diputatuen aitzinean

Frantziar Gobernuak ez du atzera egiteko asmorik eta, kosta ahala kosta, aurrera atera nahi du erretretaren adina zein kotizazio aldia handitzea helburu duen egitasmoa. Hala, ehunka mila herritar karrikaratzera eraman zituen lehen mobilizazio egun arrakastatsua gauzatu ondoren, intersindikala osatzen duten CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires eta FSU zentralek hilaren 31n «oraindik ere protesta zabalagoa» egiteko parioa egin dute, CGT sindikatuko idazkari nagusi Philippe Martinezek atzo berretsi zuenez.

Hitzordu nagusia heldu bitartean, «egunero ekimenak izango dira enpresa zein departamendu mailan», iragarri zuen Martinezek. Argi itzalaldiak eta blokeo ekintzak izateko aukerari buruz galdetuta, denak ez duela balio ohartarazi zuen Lan ministro Olivier Dussoptek atzo, ministroen kontseiluaren ostean.

Hautetsiengan arreta ezarri nahian, gaur 18.00etan elkarretaratzeak deitu ditu intersindikalak, besteak beste Vincent Bru eta Florence Lasserre euskal diputatu macronistek, hurrenez hurren, Biarritzen eta Angelun dituzten bulegoen aitzinean. GARA