Urchueguía evita la cárcel tras confesar 9 años de malversación con Somoto

Ana Urchueguía, exalcaldesa de Lasarte-Oria y delegada del Gobierno de Lakua para Chile y Perú, esquivará la cárcel por las ayudas a Somoto. Tras alcanzar un acuerdo con Fiscalía y las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento lasartearra y Pablo Barrio a título personal, confiesa malversación y prevaricación pero no enriquecimiento ilícito.

Ana Urchueguía, de 71 años, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones populares, ejercidas por el propio Ayuntamiento de Lasarte-Oria y el exalcalde Pablo Barrio (EH Bildu), que pondrá fin al caso de los fondos que se enviaron desde el municipio a Somoto.

La histórica alcaldesa del PSE, que gobernó la localidad desde su escisión del Ayuntamiento del municipio de Donostia hasta el estallido del escándalo, confiesa ante el tribunal que prevaricó en 81 expedientes sobre envíos de dinero a Somoto y que este dinero fue malversado en 39 ocasiones (lo que implica que el dinero acabó en otra parte).

Lo que no reconoce Urchueguía, y que asoma como la clave para alcanzar el acuerdo, es que ella se hubiera lucrado con esos fondos. La Fiscalía, por tanto, cesaría en la persecución de la exalcaldesa, exjuntera y exsenadora, por un presunto enriquecimiento ilícito con aquellos fondos de cooperación que, año tras año, se enviaban a la localidad nicaragüense de Somoto.

La consecuencia penal por estos delitos que ha confesado, por tanto, queda reducida a una inhabilitación para cargo público por 18 años y una multa de 2.160 euros. En consecuencia, la exmandataria esquivará la cárcel.

La Audiencia de Gipuzkoa aún debe refrendar este acuerdo cerrado hace dos semanas, pero sería muy inhabitual que no lo hiciera pues no se puede imponer más pena que la que las acusaciones piden.

ACUSACIÓN PROBLEMÁTICA

Se da la circunstancia de que el caso por las ayudas que se enviaban desde Lasarte-Oria hacia Somoto avanzó de forma muy lenta. Aun así, las irregularidades que se detectaron en 2010 forzaron la caída en desgracia de Urchueguía y auparon a la Alcaldía a Pablo Barrio, que tomó la vara de mando como representante de EH Bildu.

En buena medida, el bloqueo del proceso judicial contra la exalcaldesa del PSE fue forzado por la falta de colaboración del Gobierno nicaragüense. La investigación por la querella interpuesta en 2015 quedó bloqueada durante años hasta que, en 2021, volvió a reabrirse.

El acuerdo es tajante en cuanto a que la exalcaldesa no se enriqueció con los fondos que se entregaron al margen de la legalidad (prevaricación) y tampoco en aquellos 39 a los que expresamente ha reconocido que se dio un destino distinto al que se oficializó.

Tal exoneración contrasta con informaciones periodísticas que se dieron en su momento y que concretaban operaciones de compraventa entre la exregidora y las ONG que fueron beneficiarias de aquellos fondos de cooperación. De ahí que el acuerdo no condone una pequeña pena de prisión -como es usual- sino que el reproche penal queda finalmente en una inhabilitación que en poco, o nada, afecta ya a la carrera profesional de una mujer que ya ha dejado atrás su paso por la política.

Barrio, que ejerce la acusación popular, asegura que la aceptación de estas confesiones «ha estado muy condicionada» por la actitud del Gobierno nicaragüense. «Las pruebas no están aquí, sino que están allá», apunta. Tal circunstancia requiere un esfuerzo mayor a la hora de acreditar algunas de las informaciones, por bien que sean veraces.

En este sentido, Pablo Barrio -que prefiere guardarse una valoración más amplia para cuando exista una sentencia firme- recuerda que, cuando se interpuso la querella, se lanzó una acusación por dos delitos: prevaricación y malversación. En este sentido, la confesión de 23 páginas de Urchueguía implica la admisión de ambos delitos y corrobora el relato y la denuncia que realizó primero como alcalde y, después, ejerciendo la acusación particular.