Lakua, contra la ley de control de «lobbies» propuesta por EH Bildu

El Consejo de Gobierno emitió ayer su criterio contrario a que el Parlamento debata la ley de control de «lobbies» de EH Bildu. Aduce que ya prepara para el segundo semestre de 2023 una Ley de Transparencia, que probablemente no podrá tramitarse tampoco esta vez.

El Consejo de Gobierno de Lakua dio a conocer ayer su oposición a que el Parlamento debata la proposición de ley de control de lobbies que ha propuesto EH Bildu. Según explicó su portavoz, Bingen Zupiria, el Ejecutivo considera innecesaria esta propuesta, puesto que el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ya está preparando una Ley de Transparencia.

Sucede, sin embargo, que, según el calendario legislativo de Lakua, la aprobación de esta ley por el propio Consejo de Gobierno está prevista para el segundo semestre de este año. Después comenzaría su tramitación parlamentaria. Cabe recordar que en 2020 el lehendakari, Iñigo Urkullu, disolvió el Parlamento a primeros de febrero para celebrar las elecciones en abril. Solo los efectos de la pandemia hicieron que los comicios se aplazaran hasta julio. Esto supone que, con gran probabilidad, la Ley de Transparencia tampoco saldrá adelante en esta legislatura, como no lo hizo en las anteriores en las que fue anunciada.

EH Bildu tiene registrada en el Parlamento de Gasteiz una proposición de ley para regular la relación de la Administración, del «personal empleado público con capacidad de influencia en el ámbito de su sector» y del Parlamento, con los lobbies o grupos de interés, con el objeto de garantizar la transparencia y el control público de estas actividades.

En opinión del proponente, el parlamentario Josu Estarrona, la influencia de los grupos de presión puede ser tanto positiva como negativa. De hecho, cuando se hace por intereses espurios, se trata «de uno de los temas más corrosivos de nuestro tiempo, porque dilapida recursos públicos, aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento y la polarización política y reduce la confianza en las instituciones. Por ello es necesario su control».

Además, Estarrona destacó el vacío legal existente en la CAV sobre esta materia, que no se ha solventado hasta ahora. Sobre si la CAV tiene competencias para la redacción de una ley de este tipo, sostiene que sí. Recuerda que Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya tienen un registro de los grupos de interés, que en el caso catalán está vigente desde el año 2014 y que ahora se encuentra en proceso de renovación. También señala que la Alcaldía de Ada Colau fue pionera al ponerla en marcha también en el Ayuntamiento de Barcelona.

SIN MENCIÓN POR ESCRITO

Llamativamente, la negativa del Ejecutivo al debate de esta ley, no figura en el resumen de los acuerdos del Consejo que se ha remitido a los medios de comunicación ni en el texto publicado en Irekia, pese a que el portavoz inició con ello la rueda de prensa.

Si aparece la posición favorable de Lakua a que se tramite una proposición de ley de PNV que facilite la concesión directa y el pago del bono social térmico, que regula la obligación de las empresas comercializadoras de referencia de facilitar los datos personales de los beneficiarios de estas ayudas.

En el texto público también se recoge que, por el contrario, no considera conveniente la propuesta del PP de conceder al Ararteko capacidad sancionadora, porque «desnaturalizaría su función de intermediación y pondría en cuestión su neutralidad».