PNV y PSE rechazan que todos los abortos se realicen en instalaciones de Osakidetza

El Parlamento de Gasteiz, con la mayoría absoluta del PNV y PSE, se opuso ayer a que todos los abortos se lleven en cabo en las instalaciones públicas de Osakidetza, por lo que la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se seguirán derivando a clínicas privadas. Los socios de Lakua sacaron adelante una enmienda conjunta.

La mayoría de los abortos que se practiquen en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se seguirán derivando a clínicas privadas, después de que PNV y PSE sumaran ayer sus votos para que el Parlamento de Gasteiz se opusiera a que todas esas interrupciones voluntarias del embarazo se hagan en instalaciones de Osakidetza.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, defendió en el pleno de la Cámara una proposición no de ley en la que pedía al Gobierno de Lakua revertir las externalizaciones de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas dotando a Osakidetza de los recursos necesarios para que se atiendan directamente en el servicio público de salud. Recordó al respecto que el 95% de los abortos en la CAV se derivan a las clínicas privadas.

Además, Hernández reclamó que se mejoren los protocolos de acompañamiento y atención a las mujeres que quieran abortar y una línea telefónica especializada de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.

EH Bildu se sumó a esta petición y, además, defendió en una enmienda de adición que el Departamento de Salud elabore en el plazo de seis meses un plan integral que garantice el ejercicio del derecho de las mujeres al aborto en las estructuras públicas de Osakidetza. La parlamentaria soberanista Eraitz Sáez de Egilaz se refirió también en su intervención al «acoso» que sufren algunas mujeres cuando acuden a los centros privados.

ENMIENDA CONJUNTA DE PNV Y PSE

Estas iniciativas fueron rechazadas por el resto de los grupos parlamentarios y, en su lugar, el Parlamento aprobó una enmienda conjunta del PNV y PSE, en la que insta a Salud a que vele por que los derechos sexuales y reproductivos sean garantizados en las instituciones y organismos dependientes del Gobierno de Lakua «o con su financiación», con un acceso «universal, equitativo y gratuito» bajo parámetros de control y supervisión médica. El PP se abstuvo y el resto de la oposición votó en contra de esta enmienda.

Desde los socios en el Ejecutivo de Lakua, la parlamentaria del PNV Irina Rabalo insistió en que lo importante es que los derechos sexuales y reproductivos en la CAV están «blindados» y que las clínicas privadas que realizan abortos están «acreditadas» y cuentan con todas las garantías asistenciales y de seguridad. «Ni desmantelamiento ni privatización, es una colaboración», sostuvo en su intervención.

En la misma línea, Patricia Campelo, parlamentaria del PSE, recalcó que este derecho está «totalmente garantizado» y valoró que la prioridad es que se garantice la seguridad, la calidad, los tiempos de respuesta, la intimidad, la no discriminación y la gratuidad.

Por el PP, Laura Garrido señaló que no se puede hacer «todo» en el sector público, defendió la colaboración pública-privada y opinó que no se puede obligar a los profesionales sanitarios de Osakidetza a practicar abortos, porque no se garantizaría el derecho a la objeción de conciencia.

La que votó negativamente a todas las iniciativas fue la única parlamentaria de Vox en la Cámara de Gasteiz, Amaia Martínez, que se posicionó en contra del aborto que, según declaró, «no es un derecho fundamental. La vida sí es un derecho fundamental».