Glovo deberá hacer contratos a los autónomos

Glovo operará con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos. El anuncio llegó en la víspera de que el cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre, declare ante un juez por vulneración de los derechos de sus trabajadores.

La plataforma de entregas a domicilio Glovo cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en el Estado español, basado hasta ahora en contar con repartidores autónomos, y realizará contratos laborales. La compañía ha tomado esta decisión tras estar en el punto de mira por el uso de la figura de los autónomos, lo que ha llevado a una juez de Barcelona a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores. La juez ha citado a declarar hoy mismo como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre.

En un comunicado, Glovo aseguró que ha dado este paso «en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado» y anunció que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo. La firma tecnológica apuntó que el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, y en todas las verticales de la aplicación, aunque no concretó cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo.

La compañía fundada en Barcelona subrayó que la nueva manera de operar no alterará los tiempos de entrega ni producirá cambios en la disponibilidad de repartidores que, según Glovo, seguirán disponibles «en cualquier momento del día». La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector «para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados», señaló la compañía tecnológica. Fundada en 2015 en Barcelona, Glovo afirmó que está comprometida «con el desarrollo de la economía digital», y que este nuevo paso «refuerza y consolida» su proyecto en el Estado español.

DENUNCIA DE LA FISCALÍA

La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la firma «suprime» los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos. Según el relato de la Fiscalía, los repartidores «se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa».

Las diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre. El ministerio público recuerda que es «una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social».