El Supremo revoca la protección especial a los cuarteles de Loiola

El Tribunal Supremo ha estimado los recursos del Ayuntamiento de Donostia y del Abogado de Estado español y ha anulado la sentencia del TSJPV que otorgaba una protección especial a los cuarteles de Loiola, donde se prevé la construcción de 1.700 viviendas.

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Donostia y el Abogado del Estado español contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que en julio de 2022 estimó en parte la demanda interpuesta por Vox para proteger los Cuarteles de Loiola en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (Peppuc).

En la sentencia, fechada el pasado 7 de julio, se desestima así la pretensión de Vox de incluir como edificios protegidos los citados cuarteles, donde se prevé un desarrollo urbanístico con 1.700 viviendas protegidas. El TS considera que la sentencia recurrida y ahora anulada invade la competencia municipal para la elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico, así como la competencia de la Administración General del Estado. Además, retrotrae el procedimiento de primera instancia hasta el trámite en que debió emplazarse en calidad de demandado al Abogado del Estado, a fin de que, «tras realizarse el emplazamiento, prosiga el proceso por sus trámites».

La sentencia del TSJPV, ahora anulada, requería al Consistorio donostiarra que incluyera a los cuarteles de Loiola como protegidos en el Peppuc, lo que impediría su demolición. Vox alegó en su recurso que el conjunto arquitectónico del acuartelamiento reúne los requisitos establecidos por el propio Peppuc para ser protegidos y aportó dos informes de profesionales de la arquitectura para demostrarlo. En estos informes se cita que Lakua incluyó en su día a los cuarteles de Loiola en el inventario provisional del patrimonio histórico arquitectónico y la Diputación de Gipuzkoa también estimó su valor cultural y apostó por su conservación en un documento del año 2009. Tras estudiar estos informes y las alegaciones del Ayuntamiento, el TSJPV aseveró que los cuarteles «cumplen los criterios sentados en el Peppuc para ser protegidos, si bien no en la forma reclamada en el escrito rector de demanda», que pedía el máximo grado de protección.

Esto suponía un golpe para los planes de Ayuntamiento de Donostia, que después de años de negociaciones estaba a punto de cerrar la adquisición de las 20 hectáreas en las que se asienta el cuartel militar. El día siguiente a conocer el fallo, el 14 de julio de 2022, el alcalde, Eneko Goia, anunció la presentación de un recurso.